El dictamen del organismo fiscalizador establece que la sanción de más de $ 16 millones impuesta por el Ministerio de Transportes por no cumplir con la frecuencia de buses en cuatro recorridos del Troncal 1, el más grande de la capital, se produjo porque la firma no cumplió con la ley. Sin duda un espaldarazo al endurecimiento del Gobierno con las firmas que operan ese sistema.
En medio del endurecimiento del Gobierno con las empresas del Transantiago para que acaten la normativa y del golpe que significó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el crédito del BID, la Contraloría dio un respiro al Ejecutivo, estableciendo que las multas impuestas a la firma Alsacia -por incumplir la frecuencia de buses- son legales.
Así da cuenta el dictamen 41.109 emitido el 1 de septiembre pasado, donde el organismo fiscalizador revela que cuatro líneas del troncal 1, que cruzan las principales avenidas de la capital -el 13 de febrero y el 10 de abril de 2007, cuando arreciaban duramente también las críticas al sistema- tuvieron una salida de buses inferior al 60% de lo establecido en los programas de operación.
Fuentes de Transportes explicaron que las sanciones específicas alcanzaron a los $ 16 millones, pero se entendió que más allá del dinero, lo importante es el criterio de análisis jurídico-administrativo que plasmó el organismo fiscalizador, para que se continúe con el recto funcionamiento del servicio a los usuarios.
De hecho, uno de los argumentos centrales en la defensa del plan y sus bondades de parte del gobierno, ha sido que las empresas no están cumpliendo con las normas de concesión, cuestión que no ha permitido que se desarrolle como fue proyectado.
¿Quiénes somos?
Alsacia es la misma que implementó en Colombia un sistema similar, por lo que en Chile se adjudicó 12 líneas y cuenta con una flota de más de 600 buses que cubren comunas como Recoleta, Puente Alto, La Florida, Ñuñoa, Maipú, Providencia, Santiago, Peñalolén, Huechuraba y Pudahuel, entre muchas otras.
Hasta el año pasado el presidente de la firma era Ricardo Solari, el ex ministro del Trabajo del gobierno de Lagos, quien renunció a su cargo.
Pero el reclamo ante la Contraloría lo realizó su gerente general Gibrán Harcha, ex funcionario de la CORFO, quien fue procesado en el caso Inverlink por negligencia inexcusable -aunque la Corte revocó la medida-, como también trabajó en calidad de asesor para el Transantiago con el entonces ministro Carlos Cruz. Este último ha sido condenado en varias aristas del caso Mop Gate -que sustancia la ministra Gloria Ana Chevesich- donde se acreditaron una serie de anomalías que derivaron en usos irregulares de dineros, en el marco del plan de concesiones.
Los argumentos de Alsacia se basaron en que hubo un cambio arbitrario de las reglas del juego, ya que a su juicio, durante los primeros meses de ejecución del Transantiago, las multas serían obviadas mientras se regularizaba el sistema.
Sin embargo, la Contraloría le recordó a la firma que la misma secretaría de Estado modificó esa promesa el 9 de febrero de 2007 -mediante la resolución exenta N° 238- y el concesionario en cuestión "se obligó a cumplir totalmente su programa de operación".
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Vea el dictamen (En formato PDF)
