El organismo adoptó el acuerdo a mediados de agosto y el documento está en fase de afinamiento, antes de que llegue a La Moneda. El argumento central es que las facultades para ejecutar los fallos internacionales están desperdigadas por todo el Estado, sin que exista una entidad que se encargue de hacerlos cumplir efectivamente. Los casos van desde censura libros y películas hasta la derogación de la Amnistía.
El Consejo de Defensa del Estado prepara un oficio que enviará a la Presidenta Michelle Bachelet, manifestándole su "preocupación" por la falta de "un mecanismo claro" para cumplir las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La decisión fue adoptada por el pleno de la entidad a mediados de agosto, luego de una minuta preparada por el consejero Luis Winter Igualt -experto en derecho internacional- la que está siendo afinada antes de que llegue a manos de la Mandataria.
La idea del CDE es que el oficio llegue -si Bachelet "así lo estima, pertinente", señala el acuerdo- a manos del Ministerio de Justicia y la Cancillería, con el fin de que se plantee una estrategia al respecto. Y esto, porque las facultades para hacer cumplir los fallos de este organismo internacional están diseminadas por todo el aparato estatal, sin que ninguno de ellos asuma en plenitud el cumplimiento de todos los acápites de las sentencias.
Pero el oficio no sólo apuntará respecto al cumplimiento, sino a todo aquello que pueda terminar en la CIDH. Al respecto, el oficio se engarza con un proyecto del consejero Rodrigo Quintana, de que todas las causas internacionales del Estado chileno sean defendidas por el CDE, para que se eviten casos como el litigio que se mantiene con los ex dueños del cerrado diario Clarín, donde el gobierno contrató al estudio Carey para asumir la representación, con altos honorarios.
Cefalea política
Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son las que han provocado más de un dolor de cabeza a los gobiernos de la Concertación, durante la transición democrática.
Casos como el de la película La Última Tentación de Cristo y la prohibición de circular del libro "Ética y Servicios de Inteligencia" del ex analista de la Armada Humberto Palamara, son sólo algunos ejemplos.
Respecto de este último el gobierno publicó parte de la sentencia en un medio de circulación nacional y pagó más de US$ 40 mil a Palamara, pero tiene pendiente -para cumplir con el fallo- la modificación al Código de Justicia Militar, que no permite la libre circulación del texto.
Pero sin duda el hecho que más complica a La Moneda es el dictamen de la CIDH respecto al ejecutado político Luis Almonacid Arellano.
En este sentido, la propia Bachelet se comprometió públicamente, en noviembre del año pasado, ante familiares de las víctimas y organismos de DD.HH. convocados en el ex centro de detención y tortura Villa Grimaldi, de que se acataría el fallo de la CIDH para anular la Ley de Amnistía.
Claro está, que hasta ahora el gobierno no ha hecho mucho para modificar este cuerpo legal dictado por Pinochet en 1978. Almonacid fue un profesor asesinado en 1973 en Rancagua y cuyo proceso, por tratarse de un ejecutado político, fue archivado por un fallo dictado por la Corte Suprema en 1998.
