El informe, que publica completo El Mostrador.cl, apunta a que la repartición contrató a nueve personas incumpliendo el convenio con el organismo financiero internacional. También detectó la ausencia de documentos que dejen constancia del trabajo realizado, como la falta de control horario de los funcionarios. Aunque la entidad gubernamental respondió que eran necesarios más profesionales, la institución revisora advirtió que deben ajustarse a los parámetros previamente acordados con el o
La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría donde cuestiona la contratación extra de profesionales para las consultorías financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del programa de "Fortalecimiento de la gestión de sistemas informáticos previsionales", ejecutado por la Subsecretaría del Trabajo.
El documento de nueve páginas número 69-F fechado el 5 de septiembre -y que publica íntegramente El Mostrador.cl, apunta a que se contrataron los servicios de nueve personas adicionales para la unidad ejecutora del programa, pasando a llevar el convenio con el BID.
Al respecto, el organismo fiscalizador criticó que tres de los profesionales hayan sido integrados con el pago a honorarios bajo la fórmula de "suma alzada", ya que esas personas no pueden ser perseguidas, de producirse irregularidades administrativas. Respecto a los otros seis, dice el informe, la subsecretaría no entregó razones para explicar su contratación.
Contradicción
El informe hace hincapié en que hay profesionales cuyos títulos "no guardan relación con la labor encomendada, como es el caso de doña Cecilia Alcocer Recabal, de profesión geógrafa, para realizar labores de asesoría (Â…) en la conducción y articulación del sistema de pensiones".
Otro caso lo constituye Luis Bahamondes Fuentealba, quien presta servicios de asesorías en el mismo programa, pero que cuenta con a lo menos tres ayudantes para desarrollar su función.
En su defensa, la Subsecretaría argumentó que Cecilia Alcocer cuenta con un Master in Business aunque no remitió la información de respaldo para que la Contraloría acreditara formalmente su situación.
Respecto a Bahamondes, la repartición estatal indicó que debido a la cantidad de trabajo y a los plazos comprometidos se debió contratar más personal.
Sin embargo, los fiscalizadores evidenciaron la inexistencia de control "sobre el cumplimiento de la jornada de 44 horas semanales que establecen los contratos" y que sólo a contar de enero se implementó esa práctica, pese a que las consultorías se vienen ejecutando desde mediados del año 2007.
Rendición de tareas
Otro problema descubierto por la Contraloría es que no existe la totalidad de los informes que acreditan la realización de las tareas encargadas a distintos empleados del programa.
Se trata del mismo Bahamondes, además de Marcela Larenas y Lorena Donoso, donde no se encuentran los documentos concernientes a "los meses de julio y agosto; julio, septiembre, noviembre y diciembre; y de agosto a diciembre, respectivamente, todos del ejercicio 2007".
La Subsecretaría respondió que para el caso de Larenas como de Bahamondes, no estuvieron los informes al momento de la visita que hizo la Contraloría, debido a un "error" en el sistema de archivos.
En relación a Larenas, dijo la repartición estatal, éste laboró sólo hasta agosto de 2007, por lo que sus informes terminan el julio. Igual situación enfrenta Donoso, que lo hizo hasta junio.
Requisitos del BID
Independiente de las respuestas de la Subsecretería del Trabajo, el organismo revisor concluyó que la entidad "deberá ajustarse estrictamente lo acordado con el BID, a fin de dar cumplimiento a la carta acuerdo y a las indicaciones contenidas en el informe de evaluación, remitido por ese organismo internacional".
En materia de contabilidad y gestión documental, la repartición dependiente del Ministro del Trabajo sólo presentó problemas menores, según se desprende del informe de la Contraloría.
Además:
Lea el informe de la Contraloría (En formato PDF)
