La luz verde a las mini centrales hidroeléctricas de pasada de la empresa Hidroaustral en el Parque Puyehue, por parte de la Corema, abrió un fuerte debate en torno a la legalidad de aprobar este tipo de iniciativas en áreas protegidas. Durante la sesión especial de la Cámara Baja se hizo patente el profundo malestar de los parlamentarios frente a las presiones políticas y la descoordinación entre los servicios sectoriales a la hora de visar los proyectos energéticos.
"Alguien se ha pasado los convenios internacionales por el aireÂ…por decirlo de alguna manera", sentenció el diputado Fernando Mesa (PRSD) durante la sesión especial realizada en la Cámara Baja del martes, donde se discutieron las consecuencias jurídicas, administrativas y ambientales de la construcción de dos mini centrales de pasada en el Parque Nacional Puyehue.
Y aunque la frase valió la celebración de los presentes, sólo fue un paréntesis en medio de las acaloradas presentaciones que los parlamentarios hicieron en torno a la polémica aprobación por parte de la Corema de la Región de Los Lagos del proyecto presentado por la empresa Hidroaustral, que pretende inyectar 13 MW al Sistema Interconectado Central (SIC).
A pesar de que la sesión se centraba en esta situación en particular, la discusión dejó en claro un malestar general frente a la forma en que el Ejecutivo está enfrentando la intervención de privados en zonas protegidas, ya que ésta no es la primera vez que se da luz verde a iniciativas en este tipo de sitios. Basta recordar el visto bueno a la exploración minera de la Reserva Nacional Las Vicuñas en la Región de Arica y Parinacota, o la autorización de labores para una central hidroeléctrica al interior de la Reserva Nacional Río de los Cipreses, en la Región de O’Higgins.
Y tampoco es la primera vez que las decisiones de los servicios sectoriales dejan la sensación de ser más políticas que técnicas.
Según el criterio de la mayoría de los honorables presentes en la Sala, con estas acciones se contravienen completamente los convenios internacionales, como la Convención de Washington, y las leyes internas relacionadas con los parques nacionales.
Las críticas fueron transversales, ya que tanto representantes del oficialismo como de la oposición manifestaron su rechazo a la luz verde que se le otorgó en julio pasado al proyecto de Hidroaustral y la política que ha adoptado el gobierno de Michelle Bachelet en este aspecto. Opinión que representaron a los ministros invitados: de Energía, Marcelo Tokman, de Agricultura, Marigen Hörnkhol, de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte y la directora de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Catalina Bau.
Las dos últimas se repitieron el plato, ya que hace una semana fueron invitadas por la Comisión de Recursos Naturales, junto a la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, para aclarar las discrepancias de opinión que Schmidt y Uriarte tenían con Bau en torno a la aprobación de las centrales en Puyehue.
Proyectos cocinados
En este sentido, la mayoría de los parlamentarios manifestó su preocupación por la postura asumida por el actual gobierno en torno a las áreas protegidas, vinculándolo directamente con la sombra de la crisis energética que amenaza al país.
"Vemos fenómenos de fast track energéticos aunque digan que no: ministros que dicen a la prensa que hay que echarle para adelante con estos proyectos son una clara muestra de ello", aseguró Marcelo Díaz (PS), refiriéndose a los espaldarazos dados por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, o Tokman, a las megacentrales de Hidroaysén en la Undécima Región.
Además, agregó que "ha habido un cambio en la doctrina de la Concertación en torno a las áreas protegidas. Este Gobierno ha cambiado la interrelación con este tema".
Lo que fue compartido por su compañero de partido, Fulvio Rossi, que apuntó a la existencia de "dos almas" dentro de la Concertación. Y al actuar contradictorio del Gobierno en este aspecto.
En la misma línea, Enrique Accorsi (PPD) incluso adelantó que los proyectos energéticos en realidad ya estarían cocinados al ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), señalando que "anoten este día, porque les puedo decir que el proyecto de Hidroaysén ya está aprobado. No tenemos ningún elemento legal para oponernos a un proyecto con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como el que ingresó".
Una sensación que ronda los pasillos del Congreso, tal como señaló El Mostrador en el artículo "Todas las dudas del Proyecto Hidroeléctrico en el Parque Puyehue", donde se enumeraban los actores ligados al proyecto, así como las preguntas que rondaban en torno su aprobación.
Acuerdos
Luego de casi dos horas de presentaciones, y tras una breve intervención de Uriarte y Hörnkhol, se aprobaron dos proyectos de acuerdo que apuntan a unificar criterios y reforzar la institucionalidad ambiental vigente.
Entre otros puntos, se buscará que la Mandataria inste al Gobierno a estudiar la definición de una política para conciliar la interpretación de las diversas normas legales sobre la materia de modo de orientar la acción de los servicios públicos que intervienen en las autorizaciones ambientales.
Así como pedirle que instruya a los ministros de Agricultura, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, para que apliquen una "legislación única, clara y eficaz respecto del sistema nacional de áreas silvestres protegidas", especialmente en mecanismos y procedimientos a utilizar para la desafectación de diversos usos de parte de sus territorios.
Y paralelamente, que se resuelvan los aspectos legales y administrativos que limitan la efectividad de la labor de Conaf, en tanto continúa siendo una corporación privada y no un servicio público.
