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Comisión de Transportes inicia su labor y da respiro al Gobierno

Aunque todos se muestran dispuestos a avanzar en un acuerdo para mejorar la situación que afecta al transporte público, lo cierto es que en la derecha hay quienes hubieran preferido llegar a la votación del proyecto en la Sala del Senado para propinarle la más demoledora derrota política al oficialismo en lo que va de la actual administración. Darse el gustito habría generado un ambiente de confrontación que los gestores del acuerdo querían evitar.


A pesar de la preocupación que causó en el oficialismo la comisión investigadora del crédito del BID, en el Senado se constituyó la instancia que se abocará a llegar a acuerdo en torno a un proyecto que implique mejorar el transporte público en todo el país.



El hecho de que la derecha se haya allanado a la posibilidad de un subsidio estatal en esta materia ha generado un ambiente de optimismo. Todo, a pesar de que existe conciencia de que algunos parlamentarios de oposición siguen desconfiando en que el trabajo de la Comisión de Transportes concluya en una iniciativa que deje a todos conformes.



Nada es perfecto, dicen los promotores del acuerdo. Y aunque haya quienes ven con suspicacia los últimos acontecimientos, que en la práctica le evitaron al gobierno una «paliza política», lo concreto es que el 29 de septiembre los senadores comienzan a trabajar en la elaboración de un nuevo sistema de transportes para el país.



En el entorno del senador Carlos Cantero, quien junto a Fernando Flores logró que se impusiera la idea de generar un acuerdo con todos los sectores, sostienen que no le preocupa mayormente el que haya parlamentarios que no están conformes con el acuerdo, porque existe la convicción de que tanto en la derecha como en la Concertación hay quienes hubieran preferido evitar este escenario. Los primeros, para propinarle un escarmiento al gobierno, y los segundos bajo la premisa de que se habría avanzado más rápido si Cantero y Flores hubieran votado derechamente a favor del proyecto del Ejecutivo.



El punto es que «se llegó a este acuerdo, porque ni el gobierno ni la Alianza tenían los votos y ambos sectores estaban contando con que Cantero y Flores los apoyaran», dice una fuente cercana al ex RN. Por lo mismo, este último admite que nadie, de ningún sector, «tiene la capacidad de ejercer una acción obstruccionista, porque nadie tiene la certeza de que cuente con nuestros votos». Y pese a que no existe unanimidad respecto del acuerdo, «lo concreto es que la voluntad de dos senadores frenó la confrontación y logró que se impusiera la creación de la mesa de diálogo», en la que todos podrán hacer sus planteamientos.



Así, el 29 de septiembre entre las 11:30 y 14:00 horas, el ministro René Cortázar deberá exponer a la comisión su proyecto para lograr el tan buscado acuerdo político en torno al subsidio definitivo para el transporte en Santiago y de regiones. Algo así como las ideas matrices sobre las que los parlamentarios comenzarán a trabajar.



Lo ideal es que la propuesta sobre la cual el Senado deberá pronunciarse esté terminada la segunda quincena de diciembre o más tardar la primera de enero del 2009. Ello, porque según entienden en la oposición, los recursos del 2 por ciento constitucional sólo alcanzan para cubrir el financiamiento del Transantiago hasta diciembre.



Y va la comisión



Y el proceso en el Senado comenzó a caminar a pesar de que en la Cámara Baja también sigue su curso la comisión investigadora de los créditos del BID. De hecho, ayer la oposición nombró a sus representantes en dicha instancia: cuatro de la UDI y dos de RN. Los diputados gremialistas que la integrarán son Julio Dittborn, Patricio Melero, Gonzalo Uriarte y Claudio Alvarado. Por Renovación Nacional estarán Cristián Monckeberg y Osvaldo Palma.



En este sentido, la senadora UDI Evelyn Matthei le restó importancia al hecho de que mientras en el Senado se buscan acuerdos en la Cámara Baja se presione al gobierno a través de una comisión investigadora que en última instancia podría derivar en una acusación constitucional. Aseguró que este escenario no le quita sustento a la llamada mesa de diálogo, puesto que ambas cosas van por carriles distintos.



Por otra parte, el hecho de que la senadora haya anunciado que de concretarse una acusación constitucional contra Cortázar ella se inhabilitaría, implica que cambiara el escenario porque la derecha podría no tener los votos para botar al secretario de Estado. El caso de Andrés Velasco, sin embargo, sería diferente. Ello, porque la Alianza también tiene sus ojos puestos en él, dado que también firmó el decreto que permitió recurrir al préstamo del BID para financiar el Transantiago.



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