De perfiles disímiles, los nominados por la Presidenta al organismo que deberá fiscalizar al Gobierno representan el »equilibrio político» necesario para que sus nombres sean visados por el Senado, pese a los posibles conflictos de interés que saltan al mirar los currículos. El proceso despertó críticas de las principales organizaciones expertas en la materia. Tanto, que en abril enviaron una carta a la mandataria sugiriendo criterios para la elección de candidatos, como la paridad de género y
Un cercano al PPD-PS (Juan Pablo Olmedo), un DC (Alejandro Ferreiro), un cercano a la UDI (Roberto Guerrero) y un RN (Raúl Urrutia). Así es el mapa político detrás de los cuatro profesionales elegidos por la presidenta Michelle Bachelet para integrar el Consejo de Transparencia, dado a conocer el martes pasado por el secretario general de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo.
La nómina despertó críticas de un excesivo cuoteo político y "falta de transparencia" en el proceso de selección de los candidatos, por parte de ONG`s que desarrollan labores de promoción y fiscalización de la transparencia y el acceso a información en los organismos del Estado.
Si bien aplaudieron la iniciativa, en particular la designación del abogado Juan Pablo Olmedo, que proviene del sector y es reconocido por su experiencia en la materia, aseguran que la Presidenta desoyó criterios de transparencia y paridad de género en el proceso para escoger a los integrantes del Consejo, entidad que deberá velar por la transparencia en el sector público y fiscalizar el cumplimiento de la Ley que les otorga a los ciudadanos el derecho de solicitar información pública a los aparatos del Estado, so pena de multas y sanciones para los funcionarios que no entreguen la entreguen.
Carta sin respuesta
En abril pasado las ONG mencionadas: Proacceso, la Corporación Participa, Genera, Fundación Ideas, Humanas, Fundación Probono; y el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, enviaron una carta a Michelle Bachelet donde manifestaron su apoyo a la creación del Consejo y sugirieron criterios para desarrollar el proceso de selección de los candidatos, conforme a la experiencia internacional comparada que ha incluido procesos abiertos y con participación de la sociedad civil "de manera de evitar que los candidatos sean asignados políticamente". No obtuvieron respuesta.
Además, propusieron varios puntos que no fueron tomados en cuenta, asegura María Eugenia Díaz, directora ejecutiva de Genera, como que se conozca previamente el mérito de los candidatos, que estos acrediten expertise en acceso a la información, se pueda presentar candidatos a la Presidenta y seguir el proceso de selección a través de Internet.
Al respecto, Claudia Lagos, del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, señala su satisfacción porque entre los candidatos esté Olmedo "pero no sabemos cuáles son los criterios usados para seleccionar a los nominados". Lagos asegura que no se trata de cuestionar a los profesionales sino la forma en que La Moneda llevó a cabo el proceso: a puertas cerradas.
Lo mismo dice María Eugenia Díaz. "La falta de transparencia en la designación de los candidatos al Consejo de Transparencia, es un contrasentido. El cuoteo es parte de las reglas del juego a estas alturas y pelear por eso es ridículo. Pero sí es importante conocer cuáles son las razones del gobierno para elegir a estas personas para estos cargos tan trascendentes. Esperamos que en el Senado conozcamos sus méritos y la argumentación de la votación. Es una oportunidad para que el gobierno y los parlamentarios partan practicando la transparencia que debe avalar precisamente este consejo".
A condición de anonimato otro de los profesionales de las ONG resume la discusión del siguiente modo: "Sin quitarle méritos a los profesionales seleccionados esto es como la conformación del directorio de TVN del año 90. Hay que reconocer que fueron elegidos con lupa por sus vinculaciones partidarias y eso inevitablemente levanta sospechas de posibles presiones políticas a su labor en el Consejo".
El factor Pfeiffer
La primera semana de octubre Olmedo, Ferreiro, Guerrero y Urrutia expondrán ante la comisión de Constitución de la Cámara Alta en sesiones televisadas, siendo la primera vez que se hace algo así en el Congreso. Sus nombres deberán ser visados por dos tercios del Senado. Un dato que influyó decisivamente, reconoce Viera-Gallo, en el cuoteo político del listado que deberá ser aprobado o rechazado en paquete. El ministro rechaza los cuestionamientos calificándolos de "crítica injusta" pero es pragmático: "El proceso es conforme a la ley y dice que la Presidenta de la República tiene que proponer nombres que en su conjunto saquen los dos tercios de los votos. Tenemos que construir una propuesta que tenga el consenso adecuado en el Senado".
Según otras fuentes de La Moneda, consultadas por El Mostrador.cl el temor a repetir el episodio del rechazo del nombramiento de Alfredo Pfeiffer como ministro de la Corte Suprema pesó para diseñar el listado con realismo político.
El senador Jaime Gazmuri, coautor de la primera moción legislativa sobre transparencia y acceso a información, opina lo mismo: "Son nominaciones muy políticas pero esto es así", y adelanta que dará su voto a la propuesta del gobierno pese a que en un primer minuto manifestó su sorpresa por la inclusión de Urrutia en el grupo.
El perfil de los candidatos
El ex diputado de RN Raúl Urrutia se hizo conocido por encabezar la investigación del desmalezado millonario de la Refinería de Petróleos en Con Con pero no tiene trayectoria en la materia. Su nombre recién entró en competencia, según La Tercera, a sugerencia del senador de ese partido Sergio Romero, y tanto Urrutia como Guerrero fueron contactados hace dos semanas por Viera-Gallo para ofrecerles el cargo.
Guerrero es vicedecano de Derecho de la Universidad Católica y miembro del estudio jurídico "Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz", fundado en 1980 por el senador de la UDI, Jovino Novoa, el ex ministro de Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz, Carlos Olivos Marchant, miembro del directorio del banco Santander y CCU, y el padre de Guerrero, Roberto Guerrero del Río. Este integra el directorio de Chiletabacos, empresa para la cual trabaja el bufete y que en 2006 desplegó un fuerte lobby en el Congreso para evitar la aprobación de la Ley Antitabaco, que exigió incluir avisos antitabaco en las cajetillas de cigarros. El estudio, además, cuenta con una larguísima lista de clientes en la que destacan Endesa y Telefónica, dos compañías que en 2004 estuvieron en el ojo del huracán por el lobby desplegado en el caso de la Central Ralco -la primera-, y por cuestiones tarifarias -la segunda-. Según se lee en información oficial del bufete, este se precia de contar con abogados con experiencia como funcionarios en entidades gubernamentales y autónomas. Si se aprueba la nómina para el Consejo de Transparencia, Roberto Guerrero se sumaría a esa lista.
El abogado y ex superintendente Alejandro Ferreiro (DC) es experto en temas regulatorios y es miembro de la comisión asesora presidencial en materia de probidad. Cercano a la presidenta de la Falange, Soledad Alvear, fue parte del "petit comité" que en junio pasado trabajó para ella una propuesta global de modernización del Estado. Todas las fuentes consultadas destacan su experiencia e idoneidad para el cargo de consejero.
Pero también recuerdan que en julio de 2007 Ferreiro fue duramente cuestionado por activistas digitales que dieron a conocer un acuerdo reservado entre el gobierno y Microsoft, firmado por Ferreiro cuando era ministro de Economía, en el cual según los activistas, que acusaron falta de transparencia en el tema, se asignaba directamente a Microsoft un acuerdo para usar los programas computacionales de la empresa de Bill Gates en la capacitación y alfabetización digital de ciudadanos chilenos. Ferreiro, además, fue contratado recientemente por Telefónica para asesorar legalmente a la compañía en sus alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la regulación tarifaria de la telefonía fija que coordina la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Ninguna de las cuestiones mencionadas anteriormente es incompatible con integrar el Consejo de Transparencia, según la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, pero hacen que algunos levanten las cejas.
"No voy a juzgar intenciones", dice María Eugenia Díaz, "pero este es un proceso súper delicado. Estamos partiendo con esta ley y el Consejo tiene un rol muy relevante por lo tanto hay que ser exagerado en la revisión de los nombres propuesto para el Consejo y cualquier hecho que pudiera parecerse siquiera a un conflicto de interés".
Muy distinta es la opinión que existe sobre Juan Pablo Olmedo. Socio del bufete Colombara y Olmedo y ex director de Proacceso, una de las fundaciones firmantes de la carta a Bachelet, el jurista ha destacado "por su compromiso e historia en la promoción del acceso a información", explica Claudia Lagos. De hecho, algunos creen que con la nominación de Olmedo, resistido por ciertos senadores debido a su cercanía con Guido Girardi y porque lideró acciones judiciales contra el Estado chileno, se buscó reconocer el rol de la sociedad civil en la promoción de la ley de Transparencia y la creación del Consejo, pero a la vez se buscó acallar posibles críticas al cuoteo político y a los nombres de Roberto Guerrero y Raúl Urrutia.
La paridad y el diseño comunicacional
El tema de la paridad de género, uno de los caballitos de batalla de Bachelet cuando asumió la jefatura de Estado, es otro de los aspectos del documento enviado a la Mandataria por las ONG’s que fue desoído, pese a que el nombre de la periodista Patricia Politzer estuvo en la mesa cuando se discutieron los posibles nominados.
Davor Harasic, abogado y presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, está de acuerdo con la lista de candidatos pero añade que "es indudable que faltó (la paridad de género)". "Entiendo que se hicieron todos los esfuerzos por incorporar mujeres y, las que se propusieron generaron resistencias o por su falta de estudios, experiencia e interés anterior en el tema o por no haber demostrado un compromiso con el acceso a la información pública", explica.
Otra de las críticas apunta al diseño comunicacional de La Moneda para dar a conocer a los nominados. Por la relevancia de la labor que deberá enfrentar el Consejo como entidad autónoma que fiscalizará a los poderes del Estado, algunos de los consultados señalan que Viera-Gallo al anunciar los nombres el martes pasado en una conferencia de prensa improvisada en la sala de lectura del Senado, deja mucho que desear. "Le resta solemnidad al tema y la imagen que queda es que este es un cacho para el Gobierno", aseguran.
