Amnistía Internacional (AI) advirtió este sábado que al cumplirse 20 años del histórico plebiscito de octubre de 1988 en el que se rechazó la permanencia de Augusto Pinochet en el poder, el país tiene aún asuntos pendientes en materia de derechos humanos.
«Después de 20 años desde el inicio de la recuperación democrática, es necesario movilizar iniciativas en la promoción y protección amplia de los derechos humanos», señaló una declaración del organismo humanitario difundida este sábado.
«Persisten las desigualdades, existe una baja considerable en la participación política y han salido a la luz problemáticas relacionadas con las reivindicaciones de los pueblos indígenas, los derechos de los homosexuales, lesbianas y transgéneros y la violencia de que son objeto mujeres, adolescentes y niñas», sostiene el texto.
El 5 de octubre de 1988 se rechazó la continuidad de Pinochet en el poder en un plebiscito en el que el «No» al dictador obtuvo cerca del 56 por ciento de los votos, con 12 puntos de ventaja sobre los partidarios del régimen.
La oposición a Pinochet abarcó un amplio espectro de partidos políticos de centro e izquierda que dio origen a la Concertación por la Democracia, que ha gobernado Chile desde 1990 y que celebrará el aniversario este domingo con un acto que será encabezado por la presidenta Michelle Bachelet.
En la declaración de Amnistía Internacional señala que todas las organizaciones que adhieren a llamada Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario «exigen a las autoridades que apliquen los 47 puntos» contenidos en ese documento, «para que de esa forma Chile llegue a ser un país respetuoso y promotor de los derechos humanos».
Destaca que esa Agenda propone medidas concretas a realizarse para el año 2010, que incluyen asuntos como la impunidad que persiste en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet (1973-1990).
También la violencia contra las mujeres, la discriminación a los pueblos originarios, el hacinamiento en las cárceles, el atraso en la adopción de instrumentos como el Tribunal Penal Internacional y el «importante» déficit en la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales como el acceso a la educación, la salud y la vivienda digna.
EFE
