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La silenciosa batalla contra abusos laborales de los empleados de diputados

En la Corporación hace años se viene dando una lucha subterránea de los asesores, secretarias y choferes de los honorables para mejorar su situación laboral. Cada cierto tiempo alzan la voz, pero la presión que existe sobre ellos por ser funcionarios de confianza impide que hagan públicas sus demandas, pues muchas veces el resultado es el despido. En septiembre pasado el sindicato volvió, a través de una carta enviada a todos los empleadores, a manifestar sus peticiones, lo que no cayó nada bien


«En casa de herrero, cuchillo de palo». Este antiquísimo refrán no puede calzar más exacto para describir la relación de trabajo que se da entre los honorables diputados y sus asesores más directos. Sí, porque aunque resulte difícil de creer, estos señores que tramitan las leyes laborales y muchas veces las aprueban, no las leen. Lo que se deduce de los reclamos que desde hace años se les hace a través del Sindicato de Trabajadores de Parlamentarios del Congreso Nacional. Algunos de los más notables dicen relación con la emisión de boletas por más tiempo del legalmente permitido y dejar al arbitrio del parlamentario si el bono de jornada laboral se le incluye en su propia dieta, o bien se le hace llegar directamente al trabajador.

El Sintrapar existe como tal desde fines de 1998 y fue creado a instancias de un grupo de asesores de parlamentarios de la DC, bajo la figura de sindicato interempresa. Posteriormente, en enero del 2005, el estamento se reconstituyó con un grupo mucho mayor de integrantes, los que actualmente superan las 150 personas. El camino para conseguir algunos beneficios que faciliten su labor dentro de la Cámara y muchas veces fuera de ella, no ha sido fácil.

Durante su trayectoria no han faltado los diputados que se niegan a reconocerlo. Sólo a modo de ejemplo, hace unas semanas un legislador de la UDI señaló que «ese sindicato es ilegal, porque yo tengo tres personas contratadas y, hasta donde entiendo, ellas no pueden formar un sindicato».

Actitudes como esta y la de la nueva presidencia de la Cámara motivaron que el 21 de agosto pasado el organismo le enviara a los diputados una misiva de dos carillas -a la que la mayoría tuvo acceso sólo al regresar de la semana distrital, el 2 de septiembre- que deja en evidencia una serie de incumplimientos con sus asesores, entre los que se incluyen la secretaria y el conductor. Las peticiones van desde terminar con el vulgarmente conocido boleteo por más del tiempo que permite la ley y que los asesores reciban directamente el bono de jornada laboral; hasta que se provea a las secretarias de uniforme e incluso que en el curso de este año los afiliados al sindicato sean «partícipes de la ley de subcontratación».

Párrafos marcados

A continuación algunos de los párrafos más destacados de la carta que le llegó a los diputados y que, al menos, reabrió una antigua polémica:

«Deseamos que el bono de jornada laboral (entregado en los meses de marzo, septiembre y diciembre que asciende a un sueldo bruto) el cual cumple la función de suplir el no pago de las horas extraordinarias que se trabajan, sea efectivamente entregado al trabajador y no se le incluya en la dieta del Honorable Diputado».

«Que la secretaria, conductor o asesor parlamentario cuente con un contrato de trabajo y no esté emitiendo boletas de honorarios por más del tiempo que permite la legislación laboral que ha sido estudiada, votada y aprobada por esta Cámara».

«Deseamos como sindicato poder, dentro de este año, ser partícipe de la ley de subcontratación».

En el sindicato admiten que no todos los diputados incumplen los acuerdos a los que el organismo ha ido llegando con la Comisión de Régimen Interno, encabezada por el presidente de la Cámara, y que transversalmente hay buenos y malos empleadores. De hecho, sostienen que durante algunas administraciones el camino ha sido más liviano que en otras. Durante las presidencias de Carlos Montes y Víctor Barrueto se inició un diálogo que permitió algunos avances, recuerda una fuente que lamenta que a partir de la administración de Adriana Muñoz las cosas se complicaron, con la salvedad del período en que Isabel Allende encabezó la Corporación.

Las conversaciones se tornaron más fluidas con la presidencia de Patricio Walker, etapa en la que se solicitaron los uniformes para las secretarias, un seguro de vida para los conductores y mayores medidas de seguridad para los asesores que deben trabajar hasta muy tarde, dado que en el sector en que se encuentra el Congreso algunos de ellos han sufrido robos y asaltos. El diálogo sobre estos temas continuó con Juan Bustos, según cuentan en el sindicato, pero no se dieron las condiciones para avanzar aunque el fallecido diputado le había dado una confirmación de palabra al sindicato de que se aceptaría contratar un seguro para los choferes y se les entregaría uniformes a las secretarias. «Pero cuando asume Encina llegó la respuesta oficial negando ambos beneficios», explica la fuente, lo que provocó que fuera enviada la polémica carta a los parlamentarios.

Casos y cosas de la Cámara

Francisco Encina, que tuvo un muy mal debut a raíz del tema del aumento de la asignación de bencina, no ha dado señales de tener interés alguno en retomar el diálogo relativamente fluido entre Sintrapar y las dos administraciones anteriores. Así al menos se entendió la carta en que la Comisión de Régimen Interno oficializaba la negativa a confirmar las peticiones en que Bustos se había comprometido. El actual presidente de la Cámara tiene una historia de desencuentros con el sindicato, ya que entre 1998 y 2002 trabajó una periodista. Ella cumplía labores de secretaria y Encina se negaba a contratarla, pero no sólo eso pues la mujer ni siquiera entregaba boleta, es decir, «no existía legalmente», sostiene una fuente que conoció el caso. La joven quedó embarazada y no tuvo el beneficio del pre ni post natal, lo que provocó la intervención de la agrupación.

Después de muchos tira y afloja, Encina accedió a contratar a la joven, pero condicionándolo a que ella se pagara las cotizaciones, pero en el sindicato le dijeron a la secretaria que no aceptara ese trato y acudiera a la Inspección del Trabajo. Frente a tal amenaza, el diputado cedió a contratar a la mujer como la ley indica. «Lo peor de todo, es que en ese mismo período Encina tenía contratada a su señora, la actual alcaldesa de Ovalle, Marta Lobos Inzunza», recuerda la misma fuente que siguió muy de cerca el caso.

Pero situaciones como esa eran más común de lo que parece y muchas siguen ocurriendo, aunque nadie quiere hacerlas públicas para no perjudicar a los asesores. Otro ex diputado que se hizo famoso por ser mal empleador es el RN Osvaldo Vega, fallecido en 1996. Ejerció su cargo entre 1994 y el 2002 y en parte de ese período trabajó con una mujer a quien intentó despedir mientras estaba embarazada. Como eso era ilegal decidió optar por el «acoso laboral», como comenta una fuente, y la desterró a un pasillo del comité «casi dentro del baño», recuerda la misma fuente.

Peor aún, ha habido ocasiones en que diputados ocupaban el ítem de artículos de oficina y de bodega -cosas como artículos de aseo- como beneficio personal. «Existe, a lo menos, un caso conocido en que la esposa del parlamentario venía a hacer el pedido del mes a la bodega y se llevaba desde toalla nova y confort hasta desodorantes ambientales», recuerda otra fuente.

Y otro aspecto que preocupa a los asesores de los parlamentarios es el explosivo aumento de «personas que trabajan en el edificio del Congreso y que se han enfermado de cáncer». A raíz de eso «existe la presunción, no confirmada, de que los paneles que conforman el cielo falso contendrían asbesto», pero pese a que ha habido parlamentarios que han expresado su inquietud al respecto, al interior de la Comisión de Régimen Interno, hasta ahora no se ha hecho nada que confirme o descarte tales aprensiones. Casos como estos, y otros, podrían dar para escribir una enciclopedia de malas prácticas.

Alinco y los corderos

Para quienes miran con displicencia este sindicato, porque sostienen que sólo buscan tener los mismos beneficios que los funcionarios de la Cámara, contratados por la Corporación, y que eso no es posible, la organización «no tiene peso alguno». Pero en el sindicato se defienden aclarando que sólo aspiran a mejores condiciones de trabajo, ya que muchos de los asesores llevan hasta diez años laborando con un mismo legislador, relación que a su juicio ya puede considerarse como estable. Además, admiten que la idea de la polémica carta, que los propios diputados han tratado de mantener con bajo perfil, no es la de pelearse con sus jefes sino tratar de conversar, «conseguir avances por la buena».

Porque según señala una fuente en relación con los diputados «se ha patentado una mala forma de relacionarse con sus propios trabajadores» y admite que «hay mucha presión sobre la gente, por eso son reacios a hablar». Pero la misma fuente reconoce también que hay algunos legisladores que se destacan por ser buenos empleadores. Sólo por nombrar a algunos menciona a los diputados Alejandro García-Huidobro e Iván Moreira y recalca que «aunque nadie se lo hubiera imaginado, porque son de la UDI, sus asesores tienen una muy buena relación laboral con ellos».

También menciona al PPD René Alinco. Contó que cuando los asesores de la bancada decidieron hacer una actividad fuera del Parlamento para celebrar el día del funcionario, dado que a ellos no les corresponde participar del evento que se efectúa para los funcionarios del Congreso, Alinco «se puso con dos corderos». Después de la carta, Sintrapar se ha reunido con las bancadas de la DC y el PRSD y está por fijarse una cita con la del PPD. Además, el sindicato recibió el respaldo formal o informal de los diputados Marcelo Schilling, Laura Soto, Eugenio Tuma, Alfonso De Urresti, René Alinco, Marco Enríquez-Ominami y Gabriel Silver.

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Enero- Septiembre 2000 (En formato JPG)

Enero- Febrero 2001 (En formato JPG)

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