Para el legislador «las normas aplicables al factoring sólo regulan tangencialmente algunas actividades dentro del factoraje, pero no conceptualiza al contrato, ni impone limitaciones en aras de evitar situaciones injustas».
Un proyecto de ley que protege a la mediana y pequeña empresa, regulando la actividad del factoring, es decir el sistema de financiamiento, en el cual por contrato, una empresa traspasa a otra, el servicio de cobranza de facturas existentes a su favor, obteniendo inmediatamente un porcentaje del dinero comprometido en de dichas operaciones, presentó el senador Carlos Ominami.
Entre otros, la iniciativa legal -ingresada a la oficina de partes de la Cámara alta- busca terminar con los abusos de algunas entidades en el cobro de las tasas de interés a los deudores. Así la moción apunta a superar la desregulación del contrato de factoring, mejorando las posibilidades de acceso al crédito de las PYME.
El texto precisa la oportunidad de pago de las grandes empresas a sus clientes, obligándolas a asumir el costo financiero con tasas penales que deben pagar las PYMES por el retraso en el pago a sus acreedores.
Asimismo, aumenta la simetría de los mercados, conceptualizando el contrato de factoring, definiendo qué intereses pueden cobrarse en las operaciones realizadas; precisando qué personas jurídicas pueden realizar la actividad de factoraje; indicando normas que regulan el riesgo por el caso de insolvencia de los deudores y estableciendo obligaciones que el factor debe cumplir en el desempeño de su actividad.
El proyecto aumenta la transparencia en los mercados más informales, obligándolos a entregar liquidaciones con toda la información de cobros y retenciones en el origen y en la liquidación de las respectivas operaciones, de manera de poder detectar la real tasa de interés que cobran.
En los considerandos de la moción, se establece que se ha hecho un importante esfuerzo por dar facilidades para el cobro de los créditos contenidos en facturas, y su cesión, pero sin regular mayormente el fondo del negocio.
Por otra parte, indicó el parlamentario, «la normativa vigente no considera mayores límites a las operaciones que puede efectuar un factor, en cuanto al tipo de documentos a descontar, monto de las retenciones y comisiones. Sólo existe una prohibición para los bancos, en cuanto a efectuar descuentos de cheques».
Por tanto, agregó, «las normas aplicables al factoring sólo regulan tangencialmente algunas actividades dentro del factoraje, pero no conceptualiza al contrato, ni impone limitaciones en aras de evitar situaciones injustas, toda vez que la ley debería ser expresión de justicia".
