El ex mandatario fue extraditado a Perú por siete de los 13 casos por los que estaba acusado. En dos de ellos, relacionados con violaciones a los derechos humanos por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los jueces chilenos votaron de forma unánime para extraditarlo.
Un seminario en el que se analizaron los efectos jurídicos de la detención, hace una década, del dictador Augusto Pinochet terminó en la jornada de este viernes centrado en la eventual sentencia al ex presidente peruano Alberto Fujimori, procesado en su país por violaciones a los derechos humanos.
Diversos juristas internacionales coincidieron en que el juicio que se desarrolla en Lima contra Fujimori, extraditado desde Chile el 22 de septiembre de 2007, se ha convertido en el único caso actual de un ex jefe de Estado americano que es enjuiciado por crímenes bajo su mandato.
«Calculo que a mediados de diciembre Fujimori debiera ser condenado a 30 años, que es lo que ha pedido la fiscalía peruana», dijo el abogado Ronald Gamarra, actual miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima.
Gamarra, que también participó en el seminario «El efecto Pinochet, a diez años de la detención en Londres», organizado por la Universidad Diego Portales, añadió que las pruebas presentadas en la capital peruana permitirán que se aplique la pena máxima a Fujimori, que en estos casos alcanza a 30 años de prisión efectiva.
«Llevamos más de cien sesiones de audiencia, más de nueve meses en que se han presentado un número considerable de testigos y peritos y ahora sólo falta la revisión de los documentos, por lo que esperamos una sentencia no más allá de fines de año», precisó el jurista, principal querellante en la causa.
Fujimori fue extraditado a Perú por siete de los 13 casos por los que estaba acusado. En dos de ellos, relacionados con violaciones a los derechos humanos por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los jueces chilenos votaron de forma unánime para extraditarlo.
Para la jurista estadounidense, Jo-Marie Burt, de la Universidad George Mason, el caso Fujimori demostró que aún quedan países en el mundo que dan protección a dictadores o criminales de guerra.
«Ello nos enseña que la jurisdicción universal todavía tiene un largo trecho por caminar para hacerse realmente efectiva», añadió Burt a Efe.
En su opinión, el efecto de la detención de Pinochet quedó claro cuando Fujimori, tras varios años refugiado en Japón, decidió viajar a Chile, donde fue detenido y tras un proceso judicial, extraditado a Perú.
Burt recordó que el Gobierno peruano hizo todos los esfuerzos posibles por extraditar al ex presidente cuando éste se encontraba en Japón.
«El Gobierno nipón sencillamente ignoró los pedidos de Lima y cuando Perú iba a llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Fujimori salió de Tokio, donde estaba bajo la protección del Gobierno nipón y de altos dirigentes políticos y económicos», recalcó.
En tanto, el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CLES), de Argentina, Gastón Chillier, dijo que el caso chileno, el argentino y el peruano son, dentro del contexto internacional, «casos extraordinarios».
«Las sociedades de estos países fueron capaces de llevar adelante juicios contra dictadores y se destacan en el sentido de que las sociedades, luego de un largo recorrido de esfuerzo, han logrado que al final del día esté dando resultados positivos», añadió Chillier.
El 16 de octubre de 1998, mientras estaba internado en una clínica de Londres, Pinochet fue detenido por agentes de la policía británica a raíz de una petición de extradición hecha por el juez español Baltasar Garzón, que lo acusaba de genocidio y torturas.
EFE
