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Testigo clave se desdice y fiscalía evalúa bajarse de caso de los PGE

Jocelyn Ortíz modificó su testimonio a sólo días de que el organismo perseguidor diera la »estocada final» al parlamentario. En una primera oportunidad señaló que el, en ese entonces candidato, no podía menos que saber del uso irregular de recursos estatales para la campaña de 2005. Posteriormente indicó que eso fue sólo una conclusión y no una realidad objetiva. De esta manera, el fantasma de la absolución que dictó el tribunal oral en favor de Laura Soto en esta misma investigación le pena a


La Fiscalía Regional de Valparaíso evalúa no perseverar en la acción penal en contra del diputado del PPD Rodrigo González, en el marco de la investigación por el uso de dineros del Programa de Generación de Empleos (PGE) para campañas políticas de 2005.

En lo concreto, la decisión del Ministerio Público implica que González «se salvó» de la petición de desafuero y una eventual condena, debido a que la «testigo clave» de la fiscalía modificó su versión a sólo días de que el organismo perseguidor diera la «estocada final» al parlamentario.

Fuentes de esa entidad porteña, explicaron a El Mostrador.cl que Jocelyn Ortiz, una de las participantes del comando de González, en su primer testimonio, aseguró que el parlamentario no podía menos que saber del uso anómalo de los dineros fiscales para su campaña. Posteriormente -y aunque los fiscales aún no se explican el por qué- la mujer señaló que sus dichos anteriores se debieron sólo a una conclusión de sentido común más que a una realidad objetiva.

González fue formalizado por el Ministerio Público en marzo de este año por el delito de estafa, por el uso de casi $ 16 millones para su campaña, pero la reciente absolución de su colega Laura Soto -quien fue imputada por fraude al Fisco en el mismo caso- dejó la vara muy alta en términos del peso de la prueba que la fiscalía debe tener para lograr una sanción.

El fallo a favor de Soto fue sin duda un duro golpe para el organismo, el cual se ve refrendado en la decisión que sería conocida la próxima semana, según se confidenció a este medio.

Fuentes de la entidad se quejaron por la falta de apoyo de parte de los juzgados de garantía para investigar los actos de corrupción. Por ejemplo, la imposibilidad que tuvo, en este caso, de levantar el secreto bancario y decretar intercepciones telefónicas, cuestión que habría ayudado a configurar de mejor manera la acusación contra González.

Se explicó que existe un sentimiento de resignación entre los fiscales que realizaron la investigación desde 2005 hasta ahora, ya que hubo un gran esfuerzo para llevar adelante la indagatoria y un amplio uso de horas-hombre para lograrlo.

El llamado caso de los PGE comenzó en diciembre del año 2005, luego de la denuncia presentada por el alcalde de Quillota, Luis Mella, por las presuntas irregularidades cometidas con fondos de dichos planes de empleo.

La indagatoria se amplió posteriormente a San Felipe, Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio, llegando incluso hasta el coordinador de los PGE en la Subsecretaría del Trabajo, en Santiago.

En el caso específico de Laura Soto, ella fue la única en ser absuelta, ya que otros de sus colaboradores fueron condenados por distintos ilícitos. Se trata de su hija Marisol Paniagua y su ex yerno, Uziel Valle, (estafa); el jefe de gabinete, Luis Gatica (cómplice de estafa); el jefe de campaña, Cristián Garrido (absuelto) ; el contratistas Sergio Vargas (cómplice de estafa); y el ex seremi del trabajo, José Manuel Mancilla López, condenado por el ilícito de fraude al fisco.

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