Aunque la secretaría de Estado ha logrado ordenar el caos administrativo con los ejercicios presupuestarios desde 2003 a 2008, revelados en junio pasado, el organismo fiscalizador acredita que en Valparaíso, donde la fiscalía detectó millonarios fraudes con recursos de los Programas de Generación de Empleos destinados a campañas políticas, hay platas pendientes. Hay casos paradigmáticos, como el del mecánico Daniel Cárdenas, que adeuda más de $ 68 millones y está formalizado por estafa, entre otros similares.
Aunque la subsecretaría del Trabajo ha logrado aclarar el millonario desorden administrativo con saldos presupuestarios que alcanzaban a más de $ 8 mil millones que incluían el ejercicio 2007-2008, la Contraloría estableció que en la glosa del 2005, faltan por reembolsar más de $ 150 millones en la Quinta Región. Y los deudores, en su gran mayoría, están formalizados y condenados por el escándalo del Programa de Generación de Empleo (PGE), que se utilizaron en campañas políticas.
El documento del organismo fiscalizador es un duro golpe para la administración Lagos, cuyos nexos no estaban clarificados en el informe anterior de la Contraloría de junio pasado -adelantado por El Mostrador.cl– donde sólo se incluyó, en términos generales, las anomalías en la mencionada región.
De esta manera queda claro algo que el Ministerio del Trabajo, a mediados de año no asumió públicamente, señalando que sólo se trataba de anomalías que serían prontamente subsanadas, instruyendo además un sumario administrativo ordenado por la entidad dirigida por Ramiro Mendoza.
Topón pa’ dentro
Un ejemplo paradigmático de las deudas pendientes con el Estado, lo constituye el mecánico Daniel Cárdenas, formalizado por estafa por la fiscal Paola Castiglione, junto al ex candidato a concejal DC por Valparaíso Daniel Vergara. Cárdenas actuó en calidad de contratista en proyectos pro-empleo que nunca se realizaron, debiendo la no despreciable suma de $ 68.377.862 de distintos proyectos PGE.
Nada mal lo hace Fernando Valladares junto a su primo Guiseppe Malestesta, ambos formalizados por fraude, en el marco del mismo caso. El primero por más de $ 400 millones y el segundo por casi $ 500 millones.
En el documento del organismo fiscalizador, Valladares le debe a las arcas fiscales desde 2005 a la fecha, más de $ 11 millones en proyectos similares ligados a los PGE.
La lista suma y sigue, porque la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, también tiene que devolver poco más de $ 2 millones. A través de esta última entidad se anunciaron proyectos de ejecución y reparación de infraestructura comunitaria que nunca se realizaron, por lo que están formalizados los dirigentes Waldo Soto Novoa, Julia Díaz Rojas y Elena Medina Aguirre.
A renglón seguido el informe de Contraloría menciona a la empresa Econova, uno de cuyos socios, Sergio Vargas Pérez y su hermano Luis, fueron condenados en calidad de cómplices, en la arista del caso PGE, donde fue absuelta recientemente la diputada Laura Soto. Al Estado, Sergio Vargas aún le adeuda, casi $ 6 millones, señala el documento.
La Constructora Pacífico, respecto de la cual hubo denuncias de que se utilizó para hacer contrataciones falsas, según distintos artículos de prensa de 2006, debe más de $ 8 millones.
Y aunque no aparecen adeudando dineros, Hugo Meza Zúñiga, también formalizado por fraude al fisco en la misma investigación que lleva el Ministerio Público de Valparaíso, no ha justificado el gasto de más de $ 40 millones.
Mejoramiento pendiente
La Contraloría también objetó la falta de reintegro del ejercicio 2007 de más de $ 800 millones que aún no llegan a las arcas del Estado.
Por su parte, la Subsecretaría del Trabajo logró ordenar algunas de las anomalías presupuestarias detectadas en junio pasado, pero todavía falta mucho por hacer. En todo caso, éste no es un informe definitivo, por lo que en algunos meses más se sabrá el criterio final del organismo fiscalizador, como también el resultado del sumario interno. Respecto de este último se espera que la entidad estatal lo haga público.
Este año, no sólo esta secretaría de Estado ha sido golpeada por la acción de la Contraloría. A principios de 2008, crisis que se extendió hasta mayo, el Ministerio de Educación fue cuestionado por la falta de conciliación de las cuentas bancarias, por más de $ 262 mil millones, las que aún están pendientes.
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