»Estamos por la máxima transparencia», dice Carlos Estévez, y desecha las críticas sobre el proceso de renovación del Plan que ampliará el radio urbano de Santiago, respecto a que se habría buscado beneficiar ciertos terrenos y afectar a otros. Todo, con el trasfondo de grandes ganancias para el sector inmobiliario.
“Si alguien piensa que la autoridad beneficia a determinados sectores o personas (con la actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago) eso sería un delito y debiera denunciarlo a la Justicia”, dice Carlos Estévez Valencia. Con estas palabras el seremi de Vivienda Metropolitano rechaza las críticas a su labor, deslizadas por la concejal UDI de San Bernardo Nora Cuevas. Esta dijo que habría “manos negras” en la elaboración del plan de actualización del PRMS (que incorporará nuevas áreas de desarrollo urbano al Gran Santiago), y que dejaría fuera zonas de su comuna que cumplirían las condiciones para ser incorporadas al plan. “No hemos hecho un Plan Regulador pensando en apellidos”, refuta Estévez, quien explica que en el proceso de estudio hay más de mil predios y cada uno de ellos debe pasar por un estudio de factibilidad y filtros con criterios de conectividad, sustentabilidad ambiental, inversión en áreas verdes y vialidad.
“Vamos a crecer con estándares de calidad urbana”
Abogado de la Universidad de Chile y doctorado en Ciencias Políticas, Estévez fue asesor de Nicolás Eyzaguirre en el ministerio de Hacienda. Asumió el cargo en marzo pasado y reconoce que en un principio debió estudiar mucho para ponerse al día con los temas técnicos de vivienda y urbanismo que ahora domina. Provenir de otra área pudo ser un déficit pero también una virtud: “no conocer a los regulados”.
Estévez lleva cinco meses conduciendo el proceso que definirá nuevas áreas de urbanización de Santiago, ciudad que al año 2030 se estima que contará con 8 millones de habitantes. En ese período ha convocado a alcaldes, concejales, técnicos y consultores a discutir y analizar cada uno de los ejes de la actualización del PRMS, que se encuentran publicados en el sitio web de la Seremi: “Así está a disposición de todo el mundo”, explica.
La idea de esta medida es que todo el proceso sea transparente y abrir una amplia discusión entre académicos, políticos y ciudadanos interesados en el debate, a diferencia de lo señalado por algunos críticos que insisten en que el proceso se ha llevado a cabo “a puertas cerradas”, señala Estévez.
La Seremi ha recibido 47 zonas propuestas por los municipios que serán discutidas por el Consejo Regional, una vez que la actualización del PRMS concluya el proceso de discusión y pase por el análisis de la Comisión Regional de Medioambiente (Corema). Es decir, 90 días al menos. Pero Estévez advierte que no están “obligados a incorporar las sugerencias de los municipios”. Cada una de ellas dependerá de los filtros indicados en el proceso de análisis del PRMS. “La propuesta de crecimiento de la ciudad va a ser con condiciones y nuevos estándares urbanísticos. No vamos a transar en la calidad de esos estándares”, afirma la autoridad.
Entre los filtros o estándares fijados están que los ciudadanos de la periferia de Santiago no deban ir al centro de la ciudad para realizar trámites. Debido a ello se establecieron cuatro subcentros basados en este criterio: Maipú, Quilicura, Puente Alto y San Bernardo.
Conectividad y áreas verdes
La conectividad es otro aspecto considerado para contribuir a reducir la segregación socio-espacial y el aislamiento de los más pobres en barrios deficitarios, no sólo de áreas verdes sino también en equipamientos con difícil acceso a centros y subcentros, debiendo desplazarse y concentrarse en comunas periféricas o lejos de la ciudad. La Seremi definió que las áreas que se agregarán al PRMS no pueden estar a más de 3 kilómetros de distancia del servicio de transporte. “Junto con eso, la propuesta considera barrios más integrados, a través de la incorporación de cuota de vivienda social en los proyectos inmobiliarios que se ejecuten dentro de las 5.500 hectáreas que se incorporen al área urbana”, dice Estévez. “Vamos a terminar con las islas en la ciudad. La conectividad vial es base para esta propuesta junto a la sustentabilidad ambiental”.
Por lo mismo todos los proyectos de desarrollo inmobiliario que pretendan desarrollarse deberán incluir estudios de factibilidad y áreas verdes. “Nuestro primer objetivo es reservar del total de la propuesta más de 3.500 hectáreas de parques y áreas verdes, cuya ejecución será un requisito o condición para el desarrollo de estos territorios. Quienes quieran ejecutar proyectos deberán hacer esta inversión. Ningún proyecto partirá si no se hacen esas inversiones. Además, todos los proyectos deben incluir propuestas de vialidad de manera tal que no signifique un costo al sector público y definir espacios para establecimientos educacionales, salud, seguridad y comercio que aseguren el acceso expedito a equipamientos”.
Estévez afirma que se ha detectado que precisamente son los sectores más pobres los que tienen menos áreas verdes. “Lamentablemente la distribución de las áreas verdes consolidadas replica el patrón de segregación que tanto aflige a nuestra ciudad”. En promedio las comunas periféricas del Gran Santiago Sur y Poniente, presentan índices inferiores a los dos metros de áreas verdes por habitante, situación que la propuesta busca revertir.
De forma complementaria están en curso propuestas gubernamentales que buscan consolidar más áreas verdes, como es la ejecución de 6 parques urbanos con recursos públicos, como Cerros de Renca Norte, La Hondonada, La Aguada, Sur Cerros de Chena, La Cañamera y Ciudad Parque Bicentenario.
Además, ya existen propuestas de revitalización urbana como un proyecto que se lleva a cabo en el barrio Mapocho y otro en la Quinta Normal, donde se espera mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambos sectores. “Falta mucho pero hay que planificar para todos. Santiago crece menos que otras ciudades de Chile pero como es más grande se nota más. Por eso insistimos: si vamos a crecer será con estándares de calidad urbana”.
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