Aunque las organizaciones ambientalistas cuestionan la decisión del intendente de Aisén de no rechazar el proyecto hidroeléctrico de la sociedad Endesa-Colbún, sino de someterlo al mecanismo de adendas, los detractores de la iniciativa sienten que sus esfuerzos han logrado instalar el tema en la agenda pública. Según fuentes oficialistas, también les juega a favor la actual preocupación del gobierno con respecto a la baja electoral que puede enfrentar la Concertación, como consecuencia de proyectos que generan impactos negativos en las comunidades y el medioambiente.
A poco más de un año del lanzamiento de la Campaña Patagonia Sin Represas las cuentas son alegres al interior de la agrupación, que ve como un éxito haber instalado su sensibilidad respecto al tema en la agenda y la opinión pública.
La sensación de las organizaciones que conforman el Consejo de la Patagonia y que cuestionan el proyecto energético que pretende construir cinco megacentrales en la Región de Aisén, es que ya no se da por aprobado per sé. Lo que va de la mano con la última encuesta de la Fundación Futuro, que arrojó que un 52,8 por ciento de la población rechaza la iniciativa de la sociedad Endesa-Colbún.
Para el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Patricio Rodrigo, «este tema se ha instalado en el sentir común, ya que se entendió que la Patagonia no es la mejor opción para dar energía a la minería del norte. No a costa de inundarla».
Y aunque aún no han hecho evaluaciones formales sobre los resultados de la campaña, hasta el momento han tenido más de 125 mil visitas en el sitio web y 15 mil personas han adherido vía Internet.
Si bien sienten que la campaña publicitaria a través de spot televisivos e insertos en los periódicos iniciada en Agosto ha reafirmado la puesta en el tapete del conflicto, reconocen que los traspiés que ha enfrentado el proyecto están más ligados a la forma en que Hidroaysén presentó su estudio de impacto ambiental (EIA).
Así lo visualiza el dirigente de la Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida, Patricio Segura, que afirma que lo que ha influido en el accionar de los servicios sectoriales «es la responsabilidad de lo que está en juego, porque a pesar de las presiones han estado a la altura».
La batalla ganada por Pérez Yoma
El ruido que generó la reservada reunión del pasado jueves convocada por el intendente de la XI Región, Selim Carrasco, fue la primera señal de que una decisión importante se estaba tejiendo en torno a Hidroaysén. En ese encuentro, Carrasco adelantó a los seremis que no se rechazaría el proyecto hidroeléctrico de 2700 MW, sino que se pedirían correcciones y ampliaciones del EIA.
Y así fue. Al día siguiente, durante una reunión extraordinaria de la Comisión Regional del Medioambiente (Corema), se determinó que se utilizaría el mecanismo de adendas, mediante el cual la empresa debe responder cerca de 3 mil preguntas.
La decisión, que permite a la Corema no rechazar el proyecto por el momento, y al mismo tiempo exigirle una suerte de castigo al estudio de Hidroaysén, no dejó indiferentes a los ecologistas. Incluso están evaluando la posibilidad de levantar acciones legales debido a que la decisión del intendente fue de carácter unilateral, contraviniendo las facultades que tiene como presidente de la Corema, que es un órgano colegiado.
Además, según explica el abogado del CDP, Marcelo Castillo, «este es un debate artificial por parte de las autoridades públicas, porque en concreto no hay un acuerdo escrito ni resolución».
Para Rodrigo «esta batalla la ganó el ministro del Interior (Edmundo Pérez Yoma). Pero en una operación que es una chambonada porque es cuestionable legalmente».
Tampoco jugó a favor de Hidroaysén que su EIA recibiera un alud de observaciones de los servicios sectoriales, que apuntaban a falencias y falta de información para poder evaluar la iniciativa. Y mucho menos que cuestionara el trabajo de los servicios.
Según Sara Larraín «el proyecto está en su momento mas débil. Su legitimidad como empresa está por los suelos, porque no fue capaz de hacer un buen estudio, con lo que se renuevan las sospechas de que la empresa tiene un pésimo proyecto».
Preocupación electoral
Desde el consejo están conscientes de que por mucha publicidad que inviertan, las señales políticas del ministro del Interior, del de energía, Marcelo Tokman, y del secretario general de la Presidencia (Segpres), José Antonio Viera Gallo, seguirán en la línea de respaldar la iniciativa de Endesa-Colbún.
Pese a ello, según explican fuentes gubernamentales, un factor que estaría jugando a favor de los ecologistas está relacionado con las próximas elecciones. Básicamente porque las conversaciones que Tokman, la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte y Pérez Yoma han mantenido en la Conama y en el gabinete de este último durante estas semanas, contemplan un análisis del costo electoral de los proyectos energéticos que han generado impactos negativos en las comunidades y sitios turísticos.
El análisis es que desde el mundo parlamentario y ambientalista se ha generado un costo electoral insoslayable a raíz de las presiones por tener más megawatts, lo que «no es posible de arriesgar», aseguran desde el gobierno.
«Es un tema que Pérez Yoma está analizando más. Ya pasó el aspecto sectorial, ahora se ha convertido en un tema de preocupación electoral. El tema ambiental y energético está siendo considerado por el comité político y seguramente estará plasmado en la campaña presidencial y parlamentaria», detallan fuentes de Gobierno.
Sobre todo, luego de que el panorama energético dejó de tener el carácter sombrío que se anunciaba hace unos meses, pues incluso el propio Tokman ve con optimismo la situación futura.
