La contratación del historiador DC para “manejo y gestión documental”, hecha por la comisión que implementa la Ley de Transparencia, fue tema de debate dentro de la Segpres. Su nombre, que apareció en la investigación por las irregularidades en Ferrocarriles, los llevó a plantearse los problemas de imagen que traería a una institucionalidad nacida de un caso de corrupción y captura partidista del Estado. Esto se suma a los trascendidos de que se aplazaría la entrada en vigencia de la norma, y a las críticas por la conformación del propio Consejo para la Transparencia a partir de una lógica de cuoteo político. La opacidad y el cuoteo rondan al Consejo de Transparencia (22 de septiembre de 2008)
Hace unas semanas, en una reunión de trabajo de la Comisión Asesora Ministerial para la Probidad y la Transparencia, que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y que dirige el subsecretario de la cartera Edgardo Riveros (DC), se analizó el flanco comunicacional que podría abrir la contratación del historiador DC Carlos Bascuñán, marido de Mariana Aylwin, para asesorar la puesta en marcha de la nueva ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. Esta comenzaría a regir en abril próximo y, en palabras de la Presidenta Bachelet, representa un gran cambio cultural en la relación de los ciudadanos con el Estado.
La mayor preocupación en la Segpres es que el nombre de Bascuñan fue mencionado en la investigación que instruye el ministro en visita Omar Astudillo por las graves irregularidades en la estatal EFE. El cuestionamiento a Bascuñan en ese caso es producto de la asesoría que realizó entre el 2004 y el 2006 a Ferrocarriles, donde recibió un pago de $50 millones por la organización de documentos de la empresa y su traslado a una bodega adecuada para su conservación.
Si bien el trabajo de Bascuñán forma parte de su expertise profesional, lo que llevó al juez a indagar esta arista fue un hecho que según un testigo de la causa había sido irregular: en la contratación de los servicios de Bascuñán se habrían pasado por alto las disposiciones que obligan a contar con tres cotizaciones antes de formalizar una relación comercial en contratos con el Estado. Según versiones judiciales, a esto se sumarían las discordancias que detectó el magistrado entre las declaraciones que tomó al ex presidente de EFE, el también DC Luis Ajenjo, amigo de Bascuñan y cuñado de la senadora Soledad Alvear, y las declaraciones del historiador. Consultado por El Mostrador, Bascuñán explica que se siente orgulloso del trabajo que realizó en EFE y que está tranquilo por la investigación del juez Astudillo. “Si no fuera por mis vínculos familiares, probablemente no sería motivo de sospecha. Existen pocos que hacemos este trabajo en el país”.
Los archivos X
En el gobierno también existe inquietud por la puesta en marcha de la nueva ley, que entre otras cosas, se hará cargo de transparentar la gestión de todos los ministerios y servicios públicos del país. Cercanos al Subsecretario Riveros admiten que se ha conversado la posibilidad de postergar la fecha de entrada en vigencia de la norma, sobre todo por las opiniones que han recibido de parte de la Dirección de Presupuesto, quienes están monitoreando el proceso de trabajo que ha realizado la Comisión Asesora para la Transparencia. Fuentes de la Segpres aseguran que Riveros tiene serias dudas de que se llegará a buen puerto dentro del plazo fijado, esto es el próximo 20 de abril.
Uno de los capítulos fundamentales dentro de la nueva legislación será el orden, la mantención y la recuperación de los archivos de la administración pública, que podrán ser requeridos por cualquier ciudadano. Según Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión, se necesitaba una contraparte técnica que llevara el trabajo en conjunto con la Dibam y el Archivo Nacional. Por eso, explican, se requería alguien de la experiencia del ex jefe de gabinete de Patricio Aylwin. También porque, según comentan en la Segpres, la relación entre la Comisión y el Archivo Nacional no ha sido buena, lo que habría empujado la decisión de externalizar este trabajo, una cuestión que la directora de la Dibam, Nivia Palma, desmiente.
Consultado al respecto, el historiador Carlos Bascuñan comenta que su trabajo se centrará en la gestión documental, que será la información base que se utilizará para responder las consultas públicas.
En la Segpres comentan que incluso los ministros Pérez Yoma, Viera Gallo y Velasco analizaron la posibilidad de abrir puentes en el Congreso para contar con un piso político que les permita pedir una postergación de la puesta en marcha de la ley. Sin embargo, otras autoridades explican que esa discusión nunca ha estado en la mesa y que por “ningún motivo” se aplazará el hito más importante de la agenda de probidad y transparencia de Bachelet.
En Interior afirman que Pérez Yoma manifestó su interés por trasladar el trabajo hacia su ministerio, pero que finalmente se desestimó, pues esto no sería conveniente a escasos seis meses de comenzar a regir la nueva legislación.
El Consejo a toda máquina
Otro de los aspectos importantes en la implementación de la ley es la Transparencia Activa, que obligará a los servicios públicos a tener en sus sitios web actualizados, una serie de antecedentes, tales como la estructura orgánica; las facultades, funciones y atribuciones de sus unidades; el marco normativo, entre muchas otras. Este ítem tampoco ha estado exento de problemas. La encargada de esta tarea es la división de Estrategia Digital, dependiente del Ministerio de Economía, la que, comentan, no ha logrado una relación de trabajo fluida con la Comisión Asesora para la Transparencia. Una fuente del ministerio de Economía señala que “no estamos cómodos, porque en reiteradas ocasiones se ha dicho desde la Segpres que se requiere externalizar este trabajo y no estamos de acuerdo”.
A esto se suma el alejamiento de la Comisión Asesora de los profesionales Rodolfo Aldea, abogado experto en Derecho Administrativo, y María Alejandra Sepúlveda, experta en materias de modernización.
Mientras se resuelven conflictos y se disipan las dudas por el inicio de la nueva ley, el Consejo para la Transparencia, constituido el 29 de octubre pasado e integrado por el abogado Juan Pablo Olmedo (presidente), cercano al PPD-PS, el ex ministro DC Alejandro Ferreiro; el abogado Roberto Guerrero, vinculado a la UDI; y el ex parlamentario de RN Raúl Urrutia, está trabajando intensamente en la institucionalidad que deberán desarrollar para enfrentar las primeras demandas de información.
Para los consejeros, según cuentan en el gobierno, ya pasó el momento de las críticas que se hicieron al Ejecutivo por sus nominaciones. Tal como lo dio a conocer El Mostrador hace semanas, todas las ONG relacionas con el tema, tales como Proacceso, la Corporación Participa, Genera, Fundación Ideas, Humanas, Fundación Probono; y el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, mostraron su molestia por el “cuoteo político” que nuevamente imperó en la elección de los nombres elegidos.
