Educación: el majestuoso retorno al Estado central - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 19:19

Editorial

Educación: el majestuoso retorno al Estado central

por 3 diciembre, 2008

Estos temas no se solucionan con el mero traspaso de la administración a nuevas corporaciones sino con un concepto de calidad integral, que es precisamente lo que le falta definir al Estado. Y ello no necesariamente significaría más dinero, sino una forma diferente de calcular y dirigir el financiamiento y los incentivos, y una manera distinta de ver la gestión, más acorde con nuestros tiempos.

Muchas expectativas ha generado en amplios sectores la firma de la Presidenta Bachelet de un proyecto de ley sobre enseñanza pública, que contempla el traspaso de los establecimientos municipales de educación a corporaciones de derecho público, para su administración.

El proyecto es parte del compromiso de fortalecer la educación pública, adoptado por el gobierno con parlamentarios oficialistas, para que éstos votaran favorablemente la Ley General de Educación hace algunos meses.

Al parecer, el proyecto está muy verde aún, y fue poco consultado con el mundo municipal, que es el que actualmente gestiona la educación pública. En su momento,  la ministra Mónica Jiménez señaló: "Este va a ser un proyecto que se va a conversar largamente, va a haber mucho debate nacional y parlamentario, de eso se trata, que el proyecto sea perfeccionado en el debate. Cuando lo vayamos conversando con los alcaldes, van a surgir realidades distintas, algunos municipios podrán constituir su corporación porque son grandes, pero otros necesitarán asociarse, todo eso lo iremos conversando".

Más allá de esta idea, no se puede soslayar que el problema es mucho más de fondo que la creación de nuevos organismos gestores. Se precisa de un conjunto muy amplio de reformas y decisiones, desde aspectos financieros hasta tecnológicos, pasando por la determinación del tipo de establecimiento educacional que se requiere.

La idea política que transmite el Ejecutivo y que presenta a los alcaldes como los dueños de la educación pública, es una distorsión de la realidad. La híper regulación de los diferentes procesos educativos, del régimen de recursos humanos, y el desfinanciamiento crónico en materia de infraestructura, deja a los municipios prácticamente sin alternativas en materia de cobertura y calidad. Hasta el punto que muchos de ellos han pensado, más de alguna vez, devolver de facto los colegios al Estado.

El problema principal tiene que ver con el modelo de financiamiento de la educación pública. Actualmente, el dinero ni siquiera alcanza para financiar  adecuadamente las dotaciones docentes, ya que se basa en el pago de subvenciones por alumno y asistencia, y no por matrícula.

Esto, independiente de su monto, que es calculado según variables que nunca se han explicitado claramente. El número de docentes y funcionarios en cada establecimiento debe ser programado de acuerdo a la matrícula y la malla curricular obligatoria, aunque durante el año la asistencia varíe y, eventualmente, se generen menos ingresos y -por lo mismo- desfinanciamiento.

Las transferencias adicionales provenientes de programas y proyectos de la más diversa índole, entre ellos los que buscan mejoras de infraestructura o de calidad, deben ser concursados y dependen de la disponibilidad de la caja fiscal. Sus montos generalmente no alcanzan a cubrir el 100% de los gastos a los que están destinados y generan costos adicionales para los municipios.

Tal modelo, con una tendencia crónica al déficit, que el municipio trata de enfrentar con transferencias provenientes de sus ingresos propios, a la larga se hace insostenible y se transforma en una tendencia a la desinversión infraestructural y de calidad en todos los establecimientos públicos. Como dramáticos ejemplos están los casos del Instituto Nacional y del Liceo Aplicación, que pese a tener matrícula llena sus infraestructuras se caen a pedazos por falta de recursos.

Este escenario se complementa con una noción autoritaria y poco moderna del ministerio de Educación acerca de los cambios en materia tecnológica. El diseño y ejecución de los proyectos no está acompasado con la capacidad tecnológica de los equipos docentes ni tampoco de las instalaciones existentes. Peor aún, los incentivos no son a la innovación sino a la adopción o aprendizaje de un modelo tecnológico impuesto verticalmente.

En materia digital el MINEDUC sigue trabajando con software cerrados, lo que impide un aprovechamiento de los equipos por problemas de compatibilidad en sus sistemas operativos. Sigue instalando computadores en aulas ciegas, y  las Unidades Técnico Pedagógicas no han sido transformadas en el corazón de los cambios de calidad, tanto en lo digital como en la renovación de conceptos e instrumentos pedagógicos.

En este mismo orden de ideas, determinar qué docentes y qué tipo de establecimientos se requieren para una gestión digital del conocimiento, ante generaciones de niños y jóvenes totalmente diferentes a los de hace sólo una década, es algo imprescindible.

Sin embargo, los mayores esfuerzos se hacen al más puro estilo industrial. En años pasados se realizó un programa de jornada escolar completa que aún está en curso, basada en aulas clásicas, comedores y gimnasios. Nada se hizo pensando en alfabetización digital, funcionamiento en red, centros tecnológicos y mallas curriculares rápidas que buscaran desarrollos de inteligencia relacional. Ni siquiera se hizo con novedades en las mallas curriculares tradicionales.  

La revolución de los pinguinos demostró que las actuales generaciones son empíricas, con una mnemotecnia basada en el acierto y el error,  atencionalmente veloces, dispersas y no reflexivas, al menos a la manera tradicional. Por lo mismo, no basta con tener Internet, aunque esto sea imprescindible. El capital social no está solo en la casa sino en la sociedad y sus redes, y el colegio debe competir con la calle y ganarle en entretención y adrenalina. Los establecimientos deben ser más autónomos en su gestión y con mayor identidad corporativa.

Esos temas no se solucionan con el mero traspaso de la administración a nuevas corporaciones sino con un concepto de calidad integral, que es precisamente lo que le falta definir al Estado. Y ello no necesariamente significaría más dinero, sino una forma diferente de calcular y dirigir el financiamiento y los incentivos, y una manera distinta de ver la gestión, más acorde con nuestros tiempos (y los que vendrán).

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes

Plan Individual

Anual:
$90.000
Semestral:
$40.000
Trimestral:
$20.000
Mensual:
$10.000

Plan Empresa

Anual:
$700.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 1.200.000)

Semestral:
$400.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 600.000)

Trimestral:
$200.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 300.000)

Mensual:
$80.000

Hasta 10 usuarios
(valor normal 100.000)