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El cargo por el que los candidatos están dispuestos a comprar votos

Si bien muy pocos están dispuestos a hacer la crítica abiertamente, son muchos los que admiten haber escuchado que en el proceso de elección de los CORE se compran votos, lo que según el diputado Fidel Espinoza (PS) ocurre particularmente entre los postulantes descolgados de sus respectivos partidos políticos. Un senador de derecha, en tanto, sostiene que comprar votos para ser consejero resulta más barato que una campaña a concejal y el cargo tiene mucho más poder, incluso, que los alcaldes.


El próximo domingo 21 de diciembre se realiza la elección de consejeros regionales (COREs) en todo el país, para lo cual el plazo de inscripción se cierra a la medianoche del sábado. La actual normativa establece que cada postulante debe contar con el patrocinio de dos concejales de la región y no necesariamente con el apoyo de los partidos políticos. Mucho menos que sean estos los que nominen a sus candidatos, al menos en lo oficial. Esta situación se presta para una serie de «irregularidades y anomalías» en el proceso para resultar electos. Incluso el diputado Fidel Espinoza (PS) no trepidó en plantear la existencia de la «compra de votos», generalmente de parte de candidatos «descolgados de los partidos».

Según la ley, actualmente los postulantes al Consejo Regional no requieren ser patrocinados por los partidos políticos en que militan, ya que sólo deben cumplir con los requisitos exigidos. Es decir, ser mayores de edad, saber leer y escribir, no tener un cargo u ocupación que lo inhabilite de pertenecer a esta instancia y dos concejales que lo auspicien.

De allí que en conversación con El Mostrador.cl, el diputado socialista señaló que los partidos políticos tienen diversos mecanismos para seleccionar a quienes postularán al CORE, aún cuando oficialmente los candidatos no requieren este respaldo. Por eso se da bastante que cuando la colectividad decide no postular a alguien, éste opta por competir «por fuera» y es en ese escenario donde se produce lo que Espinoza ha llamado «campañas de compra de votos de los concejales». Y advierte que con el paso de los años podrían convertirse en auténticas «subastas públicas».

Espinoza recuerda que el 2004 fue testigo «de la compra de votos en Osorno» y está conciente de que mucha gente sabe de estas prácticas, pero que no se atreven a denunciar porque comete un delito tanto el que paga por el voto como quien acepta cobrar por él. Por eso estima que un proyecto de ley que establezca que sean los partidos los responsables de patrocinar a los candidatos al CORE evitaría muchas de estás situaciones inaceptables. Ello, porque, en su opinión, «el rol de los consejeros es de tal relevancia, en las regiones particularmente, que muchas veces es incluso más que el de los propios parlamentarios de la zona».

Sin embargo, el proyecto que podría haber puesto fin a circunstancias del tipo de las mencionadas fue rechazado en la Cámara Alta, lo que generó la molestia del diputado, pues habrá que esperar al menos hasta la próxima elección de CORE, dentro de cuatro años, para que la iniciativa que además establece la elección directa de estas autoridades, sea aplicada. Eso, si en el Congreso llegan a acuerdo sobre la materia.

Secreto a voces

Esta situación no es nueva ni desconocida para otros parlamentarios o alcaldes de todos los sectores. Lo que sí, no están dispuestos a abordar abiertamente el tema, aunque se muestren partidarios de modificar el actual sistema de elección por uno en que los consejeros regionales sean electos por votación popular. Los dichos del diputado socialista son refrendados por un senador de la derecha que agrega que «pagar dos milloncitos por el voto de cada concejal sale más barato que pagar una campaña a concejal, y un consejero regional tiene más poder que un alcalde», sostiene el parlamentario, que dice que «nunca he visto que se compren los votos, sólo digo por lo que me han contado».

Aunque puede resultar casi un mal chiste, lo cierto es que esta frase grafica las razones por las que un candidato está dispuesto a pagar altas cifras por un voto para llegar al Consejo Regional. De hecho, las atribuciones, desconocidas por un mortal cualquiera, tienen que ver con todo el proceso de toma de decisiones de una región. Incluso tienen la facultad de fiscalizar al Intendente que cumple el rol de presidente del Consejo Regional.

Sólo a modo de ejemplo, estas son algunas de las muchas atribuciones de estas desconocidas autoridades para la ciudadanía, pero de la que dependen importantes actividades regionales. Entre otras cosas deben aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, sobre la base de la propuesta del Intendente; resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga; aprobar los convenios de programación que el gobierno regional celebre; dar su acuerdo al Intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales, incluido el otorgamiento de concesiones; y emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división política y administrativa de la región que formule el gobierno nacional, y otras que le sean solicitadas por los Poderes del Estado.

La necesidad de aprobar un proyecto que regule de mejor manera la elección de los consejeros regionales es compartida por el jefe del estamento municipal de la UDI, Mario Olavarría, quien sostiene que «la ley y el procedimiento que existe hoy en día para presentar candidaturas y la votación misma se presta para muchas cosas no claras. Lamentablemente se habla (de la compra y venta de votos), pero no me consta. Pero, efectivamente pasan situaciones complicadas que sería bueno analizar el domingo, después de la elección, porque los CORE se eligen por provincia y en vez de patrocinarlos -como los candidatos a concejales, alcaldes o parlamentarios- por los partidos políticos o en sus efectos por un determinado número de ciudadanos independientes, son patrocinados por dos concejales cualquiera».

A juicio de Olavarría con este sistema «se producen votaciones que no guardan relación con la votación de los representantes de los partidos. Recordemos que los concejales son representantes de los partidos políticos, en su mayoría. Y eso está produciendo bastantes trastornos, el tema no es manejable» y estima que la iniciativa rechazada en el Senado buscaba una solución a estos problemas. Así, dice, «estamos ad portas de ver, una vez más, situaciones incómodas, anómalas y, por decir lo menos, bastante curiosas».

 

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