Eduardo Santos dice que también está pendiente la reforma de la justicia militar y una actualización del Libro de Defensa. José Higuera alega que »el verdadero problema sigue siendo la evidente falta de un liderazgo civil» y Armen Kouyoumdjian afirma que »Hacienda todavía no entiende que equipos nuevos y modernos necesitan un aumento en el gasto operacional».
La gestión en Defensa del año que termina estuvo marcada por el cambio de conducción en el ministerio del ramo, que en marzo pasó a manos del embajador José Goñi, tras solicitar la renuncia de la economista Vivianne Blanlot.
Si bien esta modificación permitió ordenar el trabajo de la cartera, haciendo posibles avances en el proyecto de ley para su modernización, aún quedan pendientes la derogación y reemplazo de la Ley Reservada del Cobre y un cambio drástico del Código de Justicia Militar.
En el ámbito de las adquisiciones militares, en 2007 se concretó la compra de los helicópteros, donde la FACH optó el Bell 412 y el Ejército por los Eurocopter EC725 Cougar. También se compraron dos Airbus A310 convertidos a cargueros/tanqueros, se completó la recepción de los 28 F-16 -nuevos y de segunda mano- adquiridos en Estados Unidos y Holanda, se recibieron todas las fragatas holandesas y dos de las tres inglesas, y comenzaron a llegar los primeros tanques Leopard 2 del Ejército.
El analista Armen Kouyoumdjian piensa que la salida de Blanlot "es un hecho importante, por el quiebre de continuidad que representa en un ministerio gravitante a apenas un año de iniciada la gestión de la Presidenta Bachelet. Fue al mismo tiempo un episodio agrio, por los comentarios directos y a través de una carta que hizo su hija, quien recientemente acusó en un portal de Internet que los funcionarios del Ministerio de Defensa sabotean cualquier cambio mayor que proponga un ministro de turno».
En cuanto a los cambios, destacó "la decisión de trasladar el ministerio al Edificio de las Fuerzas Armadas, y la determinación de remover Carabineros e Investigaciones de su ámbito".
Lo negativo del sector es que ha pasado otro año, dice, «sin que se voten y en algunos casos sin que ni siquiera se presente un proyecto definido para modificar la ley Reservada del Cobre, la estructura del ministerio, que se está revisando en la comisión respectiva de la Cámara, la ley de la carrera militar y la reforma al sistema previsional de las FFAA».
Kouyoumdjian expresa que «el bienvenido interés del Congreso en una mayor fiscalización del sector defensa que se vislumbró a finales del 2006, parece haberse apagado algo luego de que el diputado Patricio Hales, uno de sus principales promotores, dejara la presidencia de la comisión de Defensa».
Entre lo positivo, indicó que "están llegando sin problema los nuevos equipamientos comprados en las tres ramas", pero advierte que "al analizar el Presupuesto 2008 del sector defensa se ve que Hacienda todavía no entiende que equipos nuevos y modernos, sin hablar del incremento en los precios de los hidrocarburos, necesitan un aumento en el gasto operacional. Quizás las mismas Fuerzas Armadas son también culpables de comprar sistemas caros y avanzados que después les va costar mantener y operar por falta de recursos".
A juicio del analista, "hubo algún progreso en asuntos de transparencia, menos la parte que corresponde al uso de los fondos del cobre, como por ejemplo el informe sobre el procedimiento de toma de decisión en la compra de helicópteros de la FACH, y el de responsabilidad social recientemente publicado por el Ejercito".
Falta conducción
Para el experto Eduardo Santos, lo que se debe valorar son «las sustantivas modificaciones del proyecto de ley del Ministerio de Defensa y su discusión en la comisión respectiva en la Cámara, que ya tiene una serie de observaciones. En Chile, la modernización de las instituciones avanza razonablemente bien, pero no así de la conducción superior de la defensa que está atrasadísima, el hecho más sustantivo es que estamos trabajando en una modernización institucional, pero con pies de barro, que es la conducción superior de defensa. Eso es algo que estamos persiguiendo hace más de 17 años, cuando partió el gobierno de Patricio Aylwin».
También resalta que «se están concretando el sistema de renovación de armas institucionales: fragatas, tanques, pero también hay proyectos, de doctrinas y de procedimientos. Por ejemplo, otro punto real es el término del Servicio Militar Obligatorio (SMO), que ya no existe. Se va a presentar un proyecto en los próximos meses para eliminar el sorteo para hacer el servicio militar, el fin real del servicio militar y un ejército absolutamente voluntario y en unos años profesional».
Pese a ello, el analista comenta que «siguen habiendo temas pendientes desde 1990: la ley del cobre, la justicia militar, la actualización del libro de la Defensa. Además, aquí no ha habido una adecuada conducción de la política estratégica del Ministerio de Defensa, lo que se ha reflejado en algunos altibajos, y eso es por eso que falta ratificar la conducción y afirmarla».
Para Juan Pablo Rosso, "este fue un año de muchos hitos en la modernización de las FFAA, pero no de la defensa nacional. Por un lado, seguimos ampliando nuestras capacidades militares con nuevos barcos, aviones y tanques, pero por el otro seguimos demasiado enfocados en la defensa territorial, con un sistema de toma de decisiones poco transparente y sin instancias de planificación integral a nivel político o militar y con un criterio muy rígido para asignar los recursos".
Agrega que "la reforma al Ministerio de Defensa no contempla una instancia de fiscalización ni soluciona la falta de planificación más centralizada porque no le asigna esa responsabilidad en forma inequívoca a ningún organismo, se presta para muchas interpretaciones".
A su vez, hace hincapié en que "es poco probable que la eventual eliminación de la Ley Reservada del Cobre solucione la rigidez en la asignación de recursos porque esta es consecuencia de una forma de pensar y no de una ley. Sí se avanzó en el estudio y discusión pública de la reforma a la carrera militar y el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, pero lamentablemente no se concretó nada este año".
Inexistente liderazgo civil
José Higuera, experto de la comisión de Defensa del PPD, piensa que "no ha habido ninguna evolución de fondo en el sector Defensa", en donde "el verdadero problema sigue siendo la evidente falta de un liderazgo civil".
Explica que "en Chile existe un alto grado de autoridad civil sobre los militares, que incluso ha sido ampliada recientemente, con la restitución de la potestad del Presidente de la República para remover a los comandantes en Jefe».
Precisa que «lo que sigue faltando es aplicación de conocimiento, voluntad y valentía, características básicas para el liderazgo con que la autoridad civil debería asumir su rol de conducción político-estratégica de la Defensa. Para poner las cosas en perspectiva, conviene saber que esta es una situación que se repite en las relaciones cívico-militares a lo largo de América Latina».
Añade que «con matices, en la mayoría de los países de la región hay una falta de liderazgo en el sector Defensa, que se traduce en vacíos de autoridad mal o no ejercida que son llenados por la iniciativa de las fuerzas armadas. Pero la iniciativa de los militares no puede cubrir todo este vacío de autoridad civil, o no lo hace siempre de la mejor forma".
Higuera acusa que, "en el caso específico de Chile, una de las áreas que mejor refleja está falta de liderazgo civil es el poco o escaso avance en el desarrollo e instalación de una doctrina de operaciones militares conjuntas. Estamos hablando de conjuntez al nivel operacional, que consiste en la combinación de elementos y capacidades de al menos dos ramas de las Fuerzas Armadas, con el fin de lograr una sinergia, una capacidad militar resultante superior».
Comenta que «a partir de los años noventas las autoridades civiles del sector Defensa han pretendido que las fuerzas armadas discutan y desarrollen, por si mismas, una doctrina de operaciones conjuntas. Pero eso no es posible, debido a las naturales rivalidades y celos que se dan entre las instituciones armadas. La autoridad civil debe participar activamente, ejerciendo su liderazgo para resolver las contiendas de competencia y autoridad que en el proceso surjan entre las fuerzas. Y los propios militares lo piden».
Incluso, sostiene que «oficiales generales de las tres ramas han señalado en privado que en Chile sólo se ha avanzado 20 o 30%, luego de un proceso de más de 10 años, y que será imposible avanzar más en el desarrollo de una doctrina de operaciones conjuntas si el nivel civil no asume su liderazgo».
«Eso nos dice algo, tanto respecto de este aspecto en particular como de la gestión civil en Defensa en general, que también está en deuda en aspectos como reformar el sistema de financiamiento de las adquisiciones y poner fin a la competencia de la Justicia Militar en materias civiles", sentencia Higuera.
