Aprovechar la energía de la campaña de la nacionalización del agua promovida por varios parlamentarios es el objetivo de la cartera de Sergio Bitar. Lo que busca es lograr cambios significativos al actual Código de Aguas, idea que cae como balde de agua fría a quienes se han «hecho la América» a costa de derechos entregados gratuitamente por el Estado, y que luego son tranzados a altos precios en el mercado.
Un papel vital en la arena política ha captado un actor que hasta hace pocos años no sumaba ni restaba en los discursos de los candidatos: el agua. Pero hoy otro gallo canta y los recursos hídricos serán una carta de peso en los discursos y propuestas para las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Por eso 2009 se presenta como el escenario ideal para retomar la discusión que se inició durante el gobierno de Patricio Aylwin y que buscaba modificar el Código de Aguas de 1981, estableciendo la caducidad de los derechos de agua que no son utilizados, para así evitar los propósitos especulativos de quienes los obtienen.
En esta línea el ministerio de Obras Públicas prepara un proyecto de ley que modifica la legislación actual, la que sólo permite cobrar patentes por los derechos que no están en uso, y que tuvo que estar 13 años en el Congreso para ser aprobada.
El director de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner, explica que «lo que propone Bitar es retomar la discusión que hoy cuenta con mayor consenso en el mundo político y que también ha ganado fuerza en el mundo privado».
El objetivo es aprovechar la energía generada por la campaña promovida por parlamentarios y ambientalistas que busca nacionalizar el agua y que ha ido ganando fuerza y adeptos. Porque aunque el abogado no comulga con este concepto, porque según él no se puede nacionalizar algo que es un bien nacional de uso público, lo ve como una estupenda plataforma para lograr cambios.
«Lógicamente va a haber resistencia. Pero es bueno que se transparente y que el agua tenga un rol importante en la discusión política. Lo malo sería que los candidatos no manifiesten su opinión, porque ya es un tema de campaña. Y eso es bueno», asegura.
El perro del hortelano
La idea viene rondando desde inicios del gobierno de Michelle Bachelet. Un año antes se había logrado la modificación al Código de Aguas, por lo que recién en 2007 se iniciaron los cobros por patentes. Y aunque la evaluación de esta herramienta ha sido positiva, «creemos que es hora de instalar la discusión más a fondo: elevar la categoría de bien de uso público del agua e impulsar un cambio constitucional que abriría la puerta a optar por la caducidad por no uso», señala Weisner.
Según el abogado, hay mucha demanda por la vía de la caducación desde el mundo agrícola, porque «muchos se han visto impedidos de desarrollar proyectos por el acaparamiento que otros han hecho de los derechos de agua». Como el caso del Valle de Copiapó, donde los lugareños diagnostican que además de la escasez del vital elemento, el pago de las patentes que se inició hace dos años y que ha recaudado más de 16 mil millones de pesos, puede promover la sobreexplotación porque se terminan utilizando las aguas más de lo necesario.
El directivo explica que aunque el modelo de mercado por definición es especulativo, lo que se pretende evitar es el abuso de posiciones dominantes de ciertos actores. Como el caso de algunas inmobiliarias que en el sector de Quinteros y Con Con son dueñas de derechos de aguas y aunque no construyen, igual impiden que otros proyectos se desarrollen en la región. Lo mismo pasa con el sector agrícola. Una suerte de perro del hortelano, que en estos casos más bien no bebe ni deja beber.
Pero el sector que más preocupa, sobre todo porque afecta directamente el bolsillo de todos los chilenos, es el hidroeléctrico.
Para graficarlo, Weisner se refiere a un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que concluyó que en el país el mercado de derechos no consuntivos -que usa el líquido y luego lo restituye a su fuente– está altamente concentrado. «Endesa, Colbun y Gener poseen el 80 por ciento de estos derechos. Por eso en su fallo estableció que la DGA y la Fiscalía Nacional Económica debían velar porque este monopolio no se traduzca en actuaciones abusivas que implique que otros no puedan desarrollar actividades hidroeléctricas. Y eso lo hacemos permanentemente».
Danza de millones
Hasta antes de 2005, el traspaso de los derechos de agua de un particular a otro era un absoluto misterio. Recién tras la modificación de ese año la información llega a la DGA a través de los propios particulares o en caso contrario de los conservadores de bienes raíces, que deben enviar el detalle de dichas transacciones.
Por eso, es imposible dar cifras de cuánto dinero se ha movido tras este negocio. Aunque si se toma como referencia que hace unos años Aguas Antofagasta publicó en la prensa un poder comprador ofreciendo un litro por segundo por la friolera 50 millones de pesos, queda claro que las sumas son importantes. O que la Minera Zaldívar le vendió a Escondida 600 litros por segundo en 300 millones de dólares.
Otro ejemplo bastante clarificador, es lo que sucedió con el remate de derechos de agua en el río Manso, donde se esperaba recaudar como máximo US$ 13 millones y finalmente se llegó a los US$ 45 millones.
«Si bien no podemos decir cuánto se ha tranzado anualmente hablamos de cifras grandes. El hecho de que existan varias transacciones es ideal, pero el acaparamiento especulativo ha significado que el mercado no ha sido profundo. Y la tendencia monopólica de derechos de agua ha impedido que otros actores ingresen», sentencia el director de la DGA.
Las artimañas especuladoras
Si bien el cobro de patentes, que ya lleva dos años funcionando, ha sido bastante eficaz para propiciar la renuncia de sus derechos de actores que no tenían intenciones de utilizarlos, no ha sido suficiente a la hora de impedir la especulación con este beneficio que el Estado entrega gratuitamente a los privados.
Porque para no perder ni pan ni pedazo, muchos han buscado fórmulas que les permitan continuar con sus derechos sin pagar patentes o venderlos endilgando la deuda de esas patentes al nuevo propietario. Así lo explica el jefe de la Unidad de Fiscalización de la DGA, Francisco Riestra.
El profesional señala que esto ocurre principalmente en empresas agrícolas y mineras, que venden divididamente los derechos de agua que poseen. «Entonces en vez de tener un titular tenemos varios. Pero estos igual deben pagar proporcionalmente la parte que les vendieron».
Otra fórmula es vender los derechos incluyendo la deuda que arrastraban, lo que implica que estos pueden ser rematados. «Es un tema que ha sido complejo de resolver. Es como que te vendan un auto con multas», asegura Riestra.
