El anuncio del ministro de Energía, Marcelo Tokman, sobre el proyecto que busca apaciguar las aguas en las comunidades que rechazan las propuestas eléctricas a cambio de recursos monetarios, es la guinda de la torta al respaldo que el Ejecutivo ha dado al proyecto de la sociedad Endesa Colbún. Siguiendo este patrón, diversas acciones estructurales y políticas han ido entretejiéndose con un solo objetivo: lograr que la propuesta sorteé los obstáculos y termine aportando 2.750 megawatts al sistema energético nacional.
«Nos interesa que se haga este proyecto», le confesó el entonces titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Eduardo Bitran, al presidente de Colbún y miembro de la sociedad HidroAysén, Bernardo Matte, durante la cena anual de la Sofofa en 2007.
El secretario de Estado le confidenció además que había preocupación en el Gobierno por la ofensiva de los ambientalistas, que se preveía compleja en un escenario más que difícil para el abastecimiento energético del país. Y aunque efectivamente el rechazo ha sido fuerte a nivel internacional, el Gobierno no ha cambiado su postura favorable a la iniciativa de la sociedad Endesa Colbún.
Aunque tienen claro que en este minuto es impopular y podría restarle votos en un año de elecciones. Por eso, la apuesta gubernamental va por aplazar la aprobación hasta el próximo período presidencial. Pero dejando cimentado el camino para que se concrete.
El rescate
En la cena anual de la Energía, celebrada el martes pasado, el ministro del área, Marcelo Tokman, anunció un proyecto de ley de compensaciones municipales para impulsar la instalación de iniciativas eléctricas a través del pago de patentes y de un paliativo económico por cada megawatt (MW) que se genere en las comunas donde este tipo de apuestas se instale, a través de un crédito con cargo fiscal.
En palabras simples un subsidio al sector, que además le abrirá las puertas de los municipios que tendrán una excelente oportunidad de aumentar sus arcas. Mientras más MW mejor. Y la iniciativa que busca construir 5 megarepresas en la Undécima Región será más que suculenta: 2.750 MW serían su moneda de cambio.
«Si miras el cuadro completo, puedes ver cómo el sistema permite que empresas eléctricas hagan lo que quieran y compren a las comunidades. Porque puede que el proyecto dañe en el largo plazo, pero hoy con la crisis y la cesantía a los municipios, a la gente le importará más tener plata en el bolsillo», asegura Juan Pablo Orrego, coordinador nacional de Ecosistemas.
Durante la misma cena, el titular de Energía entregó a la Presidenta Michelle Bachelet el documento «Política Energética, Nuevos Lineamientos», donde entre otros puntos se advierte sobre el riesgo de multiplicar las emisiones anuales de CO2 por el auge de las termoeléctricas basadas en carbón, que según algunas estimaciones podría crecer desde las actuales 70 millones de toneladas hasta cerca de 300 millones al 2030.
Esto sería muy negativo para Chile, ya que se arriesga a restricciones o costos asociados a las medidas que se tomen internacionalmente en torno al calentamiento global, luego que se acuerde el protocolo que seguirá al de Kyoto. Una excelente noticia para el sector hidroeléctrico, que sale a la luz justamente cuando se anuncia un proyecto energético que impulsaría a todas las propuestas eléctricas, pero que bajo el prisma de este informe deja en un pie distinto a las centrales a carbón.
Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, otro tema estructural que le facilita la vida a HidroAysén es la prórroga del pago de patentes que las regiones Undécima, de Magallanes y la Provincia de Palena obtuvieron en la modificación del Código de Aguas de 2005.
En ese tiempo, a nivel gubernamental ya había una visión estratégica de que sería necesario incluir los MW de HidroAysén al sistema, así como de otros proyectos hidroeléctricos. Por lo que se acordó que los derechos de aguas no consuntivos -que se devuelven a su cauce- estuvieran exentos del pago de la patente por no uso hasta 2012.
Siete minutos
La pavimentación del camino de HidroAysén también ha tenido otras fórmulas. El viernes 7 de noviembre se realizó una sesión extraordinaria de la Corema de Aysén. El jueves los servicios sectoriales habían sido convocados a una reunión con el intendente Selim Carrasco, el director regional de la Conama, José Pablo Sáez, donde se les explicó que al día siguiente se discutiría el destino del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa. Y que por ningún motivo debía aplicarse el artículo 24 del SEIA, que rechaza un estudio por carecer de información esencial para su evaluación.
De los 32 servicios que realizaron observaciones, dos pidieron expresamente aplicar el artículo en cuestión: la Municipalidad de Tortel y la dirección regional de Conaf. Y otros 9 aludieron a él en sus informes.
Pero en el encuentro del viernes, el director regional de Conama, José Pablo Sáez, informó en sólo 7 minutos sobre el proceso de evaluación del proyecto y no mencionó estos datos, sino que se remitió a detallar que se habían realizado 3.150 observaciones (de las cuales se rescataban 2.500 considerando las repetidas).
Carrasco hizo un par de consultas y concluyó que «tenemos un gran número de observaciones, de preguntas también, por lo tanto lo que corresponde ahí es consolidarlas y elaborar el Icsara -Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones- correspondiente». «Sí», respondió Sáez.
Así, sin votación de por medio, se tomó la decisión de que se optaría por la vía de la adenda. Y se evitó el bochorno y la negativa imagen que la propuesta energética habría debido enfrentar si se hubiera optado por el camino del artículo 24.
Man in Black
Las señales políticas a favor de la apuesta energética también han estado presentes: los explícitos espaldarazos del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y del titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José Antonio Viera Gallo, antes de que el proyecto ingresara el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) abrieron la duda sobre la objetividad de su aprobación.
Sobre todo porque Pérez Yoma es el jefe de los seremis del país. Y su independencia a la hora de evaluar queda en entredicho si su «jefe» ya tiene una postura pública al respecto.
Las presiones a los servicios sectoriales no han sido pocas. Tal como lo publicó El Mostrador.cl en el artículo «El desconocido lobby político de los asesores de Tokman«, los operadores conocidos en el sector como «los hombres de negro», Juan José Rivas y Jaime Bravo, hicieron su trabajo en torno a la apuesta de los Matte, impulsando su rápida tramitación.
A otros encuentros, se sumó su actuación en la Conama Metropolitana del 15 de octubre pasado, donde se dieron cita los servicios sectoriales para exponer sus conclusiones técnicas con respecto al EIA de HidroAysén.
El ninguneo a las conclusiones de los órganos públicos y la absoluta fe en el estudio de la empresa sorprendió a muchos. Sobre todo porque su objetivo quedó más que claro: convencerlos de que la apuesta cumplía los requisitos. Y que su aprobación debía ser cursada a toda costa.
El efecto Mariposa
Otra «ayudita» para la iniciativa energética, fue la aprobación por parte de la Conama de la X Región del proyecto de mini centrales de pasada Palmar Correntoso, que se instalará en el Parque Nacional Puyehue.
Para muchos, incluidos parlamentarios, la luz verde a dicha iniciativa, abría la puerta a la instalación de proyectos en parques nacionales, protegidos por la Convención de Washington que Chile suscribió en 1967. Y venía como anillo al dedo a HidroAysén, que contempla intervenir varios parques nacionales, entre ellos el Parque Nacional Laguna San Rafael.
Tal como este medio lo publicó en «Todas las Dudas sobre el proyecto hidroeléctrico en el Parque Puyehue», la situación causó gran escozor en el mundo político y ambiental, por lo que se tomaron acciones legales para revertir la decisión de la Corema. Pero el pasado jueves la Corte Suprema falló en contra de los demandantes y estimó que la decisión de la Conama regional era legal.
De esta forma, se despeja uno de los dolores de cabeza de la sociedad Endesa Colbún, ya que cuentan con el antecedente legal de que sí es posible intervenir este tipo de reservas naturales con fines comerciales.
