Miembros del Consejo para la Transparencia no han presentado declaración de intereses - El Mostrador

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Legislación ordena hacerlo ante la Contraloría a 30 días del nombramiento

Miembros del Consejo para la Transparencia no han presentado declaración de intereses

por 13 enero, 2009

El presidente de la entidad, el abogado pro PPD Juan Pablo Olmedo (en la foto), defendió su actuar y el de sus colegas, aduciendo que como organismo tienen un estatus especial dentro de la Ley de Probidad, ya que son "consejeros", por lo que no están obligados a ingresar el documento al organismo fiscalizador. Una opinión distinta tuvo la especialista de la ONG Genera, María Eugenia Díaz, quien indicó a El Mostrador.cl que "éticamente deben hacerlo, porque tienen que predicar con el ejemplo".

Aunque parezca insólito, los cuatro miembros del Consejo para la Transparencia, designados en octubre de 2008, no han presentado su declaración de intereses a la Contraloría.

De acuerdo a la Ley de Probidad, los funcionarios públicos que van desde la Presidenta, pasando por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, hasta los jefes de departamento, deben a más tardar a los 30 días de asumir el cargo presentar el documento.

La información fue obtenida por El Mostrador.cl a través de una solicitud formal ante el organismo fiscalizador y confirmada por el subsecretario general de la entidad Ariel Hurel.

El objetivo de la declaración de intereses, de acuerdo al espíritu la Ley de Probidad como a la de Transparencia es iluminar los actos del Estado y las instituciones que lo componen, para saber quiénes, cómo y cuando pueden tener inhabilidades para tomar decisiones.

Según la especialista de la fundación Genera, María Eugenia Díaz, los miembros de esta entidad que comienza a funcionar en abril próximo, deberían cumplir con la ley.

"Éticamente tendrían que hacerlo, porque es la organización que debe velar por la transparencia en las distintas instituciones. Es bien simple. Ahora bien, independiente de cómo puede operar una institución de este tipo que recién se está formando y que quizás aún no tienen claridad de cómo operar conforme a la ley, deberían presentar este documento a tiempo. Tienen que practicar con el ejemplo", explicó Díaz.

Al respecto el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, confirmó que no han ingresado la declaración de intereses, aduciendo que son un organismo que tiene un estatus especial de acuerdo a la ley. Y esto porque "somos consejeros".

"Nuestro criterio es que no somos funcionarios públicos, sino consejeros y no tenemos obligación de hacerlo, ya que somos un organismo autónomo", dijo Olmedo.

- ¿Y no hubiera sido mejor por transparencia pública que lo hubieran hecho con los tiempos que manda la ley?

- ¿Y para qué? Si a contar de abril estará disponible en nuestra página web disponible para todos. Nosotros en ese sentido tenemos un estándar superior de transparencia porque hacemos una declaración de intereses por voluntad propia, porque la ley no nos obliga. Además recién nos estamos armando. Ni siquiera tenemos los recursos, hemos tenido que contratar un gerente general recién, en fin nos estamos ordenando.

Los otros tres miembros son el ex diputado Raúl Urrutia (RN), el académico Roberto Guerrero (cercano a la UDI) y el ex ministro Alejandro Ferreiro (DC). Ninguno de ellos ha ingresado tampoco el papel con los antecedentes requeridos para saber en qué ámbito podrían tener inhabilidades para ejercer un voto.

Hay que recordar que los miembros de esta instancia reciben un sueldos del erario fiscal, por lo tanto caben dentro de la administración del Estado. Tanto es así, que sus nombramientos van a toma de razón de la Contraloría.

Además son inamovibles; sólo pueden ser destituidos por la Corte Suprema y no se les puede impetrar una acusación constitucional. Son tantas las facultades de las que gozan, que incluso podrían sancionar, entre otros, a la propia Presidenta Bachelet o al titular del Consejo de Defensa del Estado si es que no cumplen con la ley.

Este Consejo ha sido uno de los caballitos de batalla del gobierno actual. Sin embargo, hechos de este tipo pueden llegar a empañar su credibilidad pública, antes de que comiencen a ejercer sus funciones, ya que, al menos hasta ahora, tienen un patrimonio reservado.

 

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