Vive en Chile desde 1991 y es uno de los civiles que más sabe de Defensa en el país. Miembro del think tank sueco Stockholm International Peace Research Institute, que hace unos días dio a conocer su ranking de gasto militar a nivel mundial, indicando que nuestro país aumentó un 22 por ciento con respecto a 2007, Kouyoumdjian detalla en esta entrevista cómo opera el mundo de los intermediarios en la venta de armas y la necesidad de mayor transparencia, una de las tareas pendientes que deja el caso Mirage.
En el cerrado mundo de la Defensa, no hay entendido en la materia que no conozca el nombre de Armen Kouyoumdjian. Ex corresponsal del International Institute for Strategic Studies de Londres (IISS) y actual miembro del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Kouyoumdjian es de origen armenio y reside en Chile desde 1991. Desde entonces ha trabajado como asesor financiero y de análisis de riesgo para empresas y misiones diplomáticas, a la vez que escribe para publicaciones especializadas en negocios, de defensa y edita un newsletter semanal con apreciaciones, muchas de ellas divertidas, sobre el país.
Como parte de SIPRI una de sus labores es levantar un registro del gasto militar chileno para el reporte del think tank sueco que se da a conocer anualmente. En el referido a 2008, Chile figura destinando el 2,91 por ciento de su producto interno bruto (PIB) -que se eleva al 3,73 por ciento si se suman los fondos provenientes de la Ley del Cobre- a gastos militares. Sin embargo, el detalle de la cifra, dada a conocer a comienzos de enero por SIPRI, sigue siendo secreto.
Qué se compra, en cuánto, cuándo, a quién, a través de qué intermediario y por qué, sigue siendo parte de la nebulosa del mundo militar en Chile. Por más que el pago de US$ 15 millones en comisiones ilegales por la adquisición de 25 aviones Mirage belgas, investigada por el juez Omar Astudillo, demostró la necesidad de transparentar el proceso de compra de armamentos.
Uno de los temas clave, asegura Kouyoumdjian, es modificar la Ley del Cobre, que otorga un 10 por ciento de las ventas de la explotación del cobre a gasto en Defensa. Durante la dictadura la ley fue modificada por Pinochet dividiéndose el presupuesto en tercios iguales para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. «A fines de 2003, cuando era ministra de Defensa, Michelle Bachelet pidió a Contraloría reinterpretar la Ley. El contralor de esa época Gustavo Sciola aceptó». Desde entonces, se creó un cuarto fondo, conocido como la cuenta cuatro para la adquisición de equipos y armamento, «cuyo manejo ya no estaba en manos exclusivamente militares», explica Kouyoumdjian, ya que en el proceso comienza a tomar parte el ministerio de Defensa y la cartera de Hacienda, que da el visto bueno a las adquisiciones. «A las Fuerzas Armadas esto les cayó pésimo porque coincidía con el aumento del precio del cobre. Al reinterpretarse la ley, el dinero sobrante (cuenta cuatro) llegó a más de mil millones de dólares».
Según Kouyoumdjian, el giro dado durante la era de Bachelet en Defensa, «confundió a los proveedores que se dieron cuenta que con los que tenían que hablar ya no eran los mismos. Al principio los intermediarios de proveedores iban y conversaban directamente con los comandantes en jefe, los jefes de logística, el ministro de Defensa o el subsecretario de Guerra». En esta entrevista ahonda en cómo funciona el proceso de compraventa de armas en nuestro país.
-¿Cuál es el perfil del intermediario en los negocios de armas?
-Militares retirados y civiles. Los primeros se ofrecen por su antiguo rol y contactos. Eso vale algo, pero que puedan influir no es tan así. Y los civiles son gente de muy bajo perfil, no les gusta la publicidad, muchos son extranjeros y se les conoce como «facilitators» (facilitadores). Algunos representan oficialmente a empresas de armamento y otros funcionan en las sombras. Los israelíes, por ejemplo, buscan cinco tipos distintos para que ofrezcan sus productos sin ser representantes oficiales. La lógica es que teniendo más caballos en carrera, la posibilidad de ganar se incrementa.
-¿Cómo es el sistema de ventas?
-El sistema de venta es diferente si los equipos son nuevos o usados. Lo usado incrementa la aparición de intermediarios y comisiones y gastos. Porque entonces ocurre que una Fuerza Armada vende el equipo a una empresa privada de su país u otro. Este a su vez vende el equipo a otro país, armándose una cadena susceptible de comisiones ilegales.
-Lo que sucedió en el caso de los aviones Mirage…
-Como el asunto no está regulado, el vendedor y el comprador de equipos son libres de ver el precio. La cosa se pone fea cuando se paga a militares y autoridades. Sin embargo, hay que decir que respecto a Chile, el caso del general Ramón Vega sino único es poco frecuente. Los sobornos a oficiales de alto rango son poco frecuentes. Los rumores siempre han mencionado a políticos.
-¿No podemos saberlo?
-Cada país tiene su legislación, pero como en Chile el dinero no viene del presupuesto ordinario sino de la Ley Reservada del Cobre no está sujeto a escrutinio del Congreso, por lo tanto hay menos transparencia. En Chile se necesitan varias reformas. Una primera reforma pasaría por mayor control de parte de los congresistas, que tampoco son monjes franciscanos, y va a haber lobby interesado. Una segunda, es incluir a la Policía de Investigaciones y Carabineros en el presupuesto de renovación de equipos para que no tengan que andar mendigando. Por último, una cuenta anual diciendo esta cantidad de dinero se recibió y esto se gastó y en qué. No es necesario que sea una exposición detalladísima pero sí que se sepa en qué se gasta el dinero de los chilenos.
-Pero ahí se argumenta la seguridad nacional para mantener las compras militares en secreto.
-Es absurdo. El anuario de revista Janes o el de SIPRI o el mismo proveedor en su página web avisa de su contrato, por lo tanto el argumento de la seguridad nacional no tiene valor. En cualquier publicación especializada sale todo lo que un país compra para sus Fuerzas Armadas. Es absurdo.
