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Gremialismo argumenta su postura en aras de la "transparencia"

UDI bloquea avance de proyecto que permite a sindicalistas postular al Congreso

por 27 febrero 2009

Para la tienda opositora no resulta coherente estar discutiendo una ley que regula el lobby en el Senado y permitir la aprobación de una iniciativa que podría jugar, afirman, en contra de la transparencia. Bajo esta premisa no están dispuestos a darle su voto al controvertido proyecto. Sentencian que si hay dirigentes sindicales que aspiran a convertirse en diputados o senadores deben renunciar a su cargo.

Demás está decir que tal como parece que se va a dar la agenda laboral en el Congreso, el debate gobierno-oposición no sólo es inminente, sino que se busque o no por parte del oficialismo, va a monopolizar las campañas parlamentarias y presidenciales de fines de año. Por lo pronto y en aras de la necesaria transparencia e independencia que se debiera mostrar en la labor legislativa, en la UDI estiman que la iniciativa que busca terminar con la inhabilidad que pesa sobre los dirigentes gremiales para postular al Congreso debiera mantenerse. Si algo está meridianamente claro es que la tienda se la va a jugar porque así sea.

Mientras el gobierno se comprometió con el Partido Socialista a patrocinar el proyecto, que actualmente está en su primer trámite legislativo en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, en la UDI no ven positivamente la idea. En este sentido, el secretario general del partido, Víctor Pérez, estima que una normativa de este tipo no constituye "un avance para la política chilena, puesto que la tendencia es a separar los intereses privados de la labor legislativa".

De hecho, Pérez precisa que "el criterio es que, cada día más, los parlamentarios se dediquen con exclusividad a la función legislativa", por lo mismo que, por ejemplo, con los años se ha ido restringiendo la posibilidad de que los abogados que llegan al Congreso puedan seguir practicando la profesión, dice.

Para el vocero gremialista "es sano que en la vida política existan inhabilidades" como las que pesan sobre los dirigentes gremiales. Esta separación "es muy importante", tanto es así que en el Senado -explica- se esta discutiendo la Ley del Lobby e incluso se ha planteado que los parlamentarios deban llevar un registro de las reuniones que sostengan con representantes o dirigentes de distintos grupos que pudieran ejercer presión indebida sobre los legisladores.

En este contexto, el dirigente sostiene que si un dirigente sindical quiere representar el pensamiento de los trabajadores en el Congreso, como ha ocurrido, tiene que renunciar a su condición gremial para postular a un cargo parlamentario. En el caso específico del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el socialista Arturo Martínez, a quien su partido quiere postular a la Cámara Baja, tendría que renunciar a su cargo para hacerlo si la iniciativa no es aprobada.

Pérez recuerda que ya han pasado por la Cámara parlamentarios que en su minuto fueron dirigentes sindicales como es el caso del fallecido Manuel Bustos y Rodolfo Seguel. Por lo que no considera un hecho dramático que los dirigentes sindicales que aspiren a llegar al Congreso deban renunciar a sus cargos gremiales para cumplir dicho anhelo.

Por su parte, el diputado Edmundo Eluchans, presidente de la Comisión de Constitución sostiene que "soy contrario a que se apruebe (la mencionada iniciativa), porque creo que es bueno que se separen ambas actividades".

Historia del Proyecto

La reforma constitucional que elimina el Nº 7 del Artículo 57 de la Constitución, permitiendo a los dirigentes sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado, ingresó a la Cámara Baja el martes 11 de julio del año 2006, patrocinada por los diputados Tucapel Jiménez, Enrique Accorsi, Sergio Aguiló, Marco Enríquez-Ominami, Marcos Espinosa, Ramón Farías, Alejandro Sule y Raúl Súnico. Y después de casi tres años aún continúa en la Comisión de Constitución, donde ha sufrido como tantas otras iniciativas, de los vaivenes de las urgencias.

En su momento, los autores de la moción justificaron el proyecto, asegurando que el artículo 57 Nº 7 de la Constitución "muy lejos de incentivar la participación ciudadana en el Congreso Nacional, ha tratado de impedir el acceso a los cargos de representación popular de personas ligadas a la actividad gremial y vecinal". Lo que resulta más que evidente dado que el citado numeral establece que quedan excluidas de postular al Congreso "las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal".

Los argumentos que la oposición dio el 2006 para oponerse, son los mismos que entregan ahora. De hecho, durante la discusión general de la iniciativa, en la comisión, el diputado Alberto Cardemil argumentó que se oponía a la misma, porque contradice la Agenda de Transparencia implementada por el gobierno, aludiendo particularmente al financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos y la regulación del lobby.

La diputada Marisol Turres, en la misma línea, en esa época planteó su rechazo al proyecto porque la inhabilidad tendía a "resguardar y proteger a las organizaciones gremiales y a sus miembros", evitando la politización de las mismas.

Por su parte, el actual presidente de la Comisión de Constitución, Edmundo Eluchans, quien manifestó su rechazo a la iniciativa mientras se discutió en dicha instancia, ahora lo mantiene.

Como argumento para ello explica que el artículo 57 contiene 10 inhabilidades que afectan, entre otros, a ministros de Estado, fiscal nacional y regionales, miembros del Tribunal Constitucional, intendentes y gobernadores. Sin embargo, los dirigentes gremiales y vecinales ya cuentan con una "excepción favorable". El punto es que a estos últimos, junto con "las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado", no se les exige haber cesado en su cargo uno o dos años antes de postular al Congreso, como le ocurre a las demás inhabilidades que contempla el artículo.

Tal como están las cosas no parece que la derecha haya cambiado de parecer respeto a este punto en particular y puesto que como reforma constitucional requiere 2/3 para su aprobación en la Sala, es decir, 80 votos a favor, todo indica que la iniciativa no verá la luz, al menos este año.

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