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Mundo eclesiástico, político y social exige cambios

Chile, el país más liberal en el mercado mundial del agua

por 23 marzo 2009

Chile, el país más liberal en el mercado mundial del agua
Estudiado como un caso único en universidades alrededor del mundo, el sistema nacional ha privatizado y dejado en muy pocas manos gran porcentaje de sus recursos hídricos. Todo gracias a la legislación respectiva, que rige desde 1981 y que fue diseñada bajo la premisa de que el vital elemento debe ser tratado como una mercancía. Algo para recordar ya que ayer se conmemoró el Día Mundial del Agua.

Los conflictos en torno al agua a nivel mundial están lejos de haberse terminado. Así lo reflejó el V Foro Mundial del Agua de Estambul que finalizó este domingo y que no dejó para nada conforme a varios países, que pretendían que el acceso al agua potable fuera elevado a derecho humano.

Como la declaración oficial no lo determinó así, una veintena de estados, entre ellos Chile, firmaron un documento disidente, que reconoce "el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y se compromete a tomar las acciones necesarias para la progresiva puesta en práctica de este derecho".

Si bien este acuerdo no es vinculante, sí marca una línea y un compromiso a seguir. Lo que habrá que ver cómo será abordado por el país. Porque si bien los problemas de tipo sanitario con el agua no son serios -existen altos niveles de cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en las zonas urbanas-, la discusión respecto a los derechos de agua y a la enorme privatización del vital elemento son un tema complejo.

Y bastante único: Chile es el país más liberal en este sentido a nivel mundial. Tanto así, que el sistema nacional es materia  de estudio en muchas universidades. E incluso se han escritos libros sobre su particular funcionamiento.

La mercantilización del agua

Todo comenzó con el Código de Aguas de 1981, diseñado e implementado bajo la premisa de que este recurso natural debe ser tratado como una mercancía.

Por ello, se entrega gratuitamente y a perpetuidad. Dejando libertad a los dueños para vender o traspasar estos derechos a quien lo deseen, al precio que marque el mercado.

Esta fórmula ha tenido variadas consecuencias. Por una parte ha propiciado que el 80 por ciento de los derechos de agua no consuntivos -que se devuelven a su fuente una vez utilizados-, esté en manos de la transnacional Endesa. Empresa que junto a Colbún impulsa el megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén en la Undécima Región y que posee el 90 por ciento de los derechos de agua de la zona.

En tanto, en el norte del país los grandes dueños del agua son las mineras, que necesitan grandes cantidades de ésta para poder funcionar, lo que ha generado enormes conflictos con las comunidades, especialmente indígenas. Conflictos que en todos los casos, salvo contadas excepciones, han sido favorables al mundo empresarial. Lo que ha generado un progresivo despoblamiento de algunos pueblos y asentamientos, como Quillagua.

Por otro lado, el sistema ha abierto el camino a los especuladores, que obtienen enormes dividendos vendiendo al mejor postor. Esta práctica se intentó frenar con la modificación del Código de Aguas de 2005, que permite cobrar patentes por los derechos que no están en uso. Pero para muchos es más fácil pagarla y luego vender a altos precios.

Por eso, hace unos meses desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), decidieron retomar la discusión iniciada a principios de los 90', que buscaba establecer la caducidad de los derechos no utilizados.

La "nacionalización" del agua

En este escenario, muchas voces han levantado la voz y exigido cambios sustanciales al sistema. Entre ellos el obispo de Aisén, Luis Infanti, que con su carta "Danos hoy el Agua de Cada Día", lanzada en Agosto pasado, situó la discusión en la agenda política y social. Para Infanti, la Constitución de 1980 abrió las puertas a la "venta" del país, así como el silencioso y progresivo traspaso de los recursos nacionales a holdings extranjeros, sobre todo los hídricos.

Las repercusiones de su misiva calaron hondo en la Iglesia, que decidió que la próxima Conferencia Episcopal, que se celebrará en abril, centrará el diálogo en torno a los recursos naturales y el agua. 

Tampoco quedó indiferente el mundo político. Varios parlamentarios que ya habían planteado la necesidad de generar cambios se reunieron un mes después de la publicación de la misiva junto a diversas personalidades a lanzar el "Frente Amplio por la Nacionalización del Agua en Chile", iniciativa que busca restituir la propiedad de los recursos hídricos.

Pero el tema es complejo. Sobre todo porque la gran mayoría de los derechos de agua ya tienen dueño y sería una tarea titánica lograr que estos sean devueltos de buenas a primeras y sin compensaciones económicas. Sobre todo aquellos donde ya hay inversiones involucradas.

Además, el concepto de "nacionalizar" el agua no es completamente certero: la Constitución establece que es un bien nacional de uso público. Aunque en la realidad los holding extranjeros mineros e hidroeléctricos sean sus mayores dueños.

Y a diferencia de otros países, que lograron cambios importantes en torno al recurso hídrico, como Uruguay -que a través de la recolección de 300 mil firmas enmendó la Constitución para declarar el agua un derecho humano fundamental-, o Bolivia -que expulsó a dos transnacionales que distribuían el agua en Cochabamaba y luego en El Alto, en La Paz- la Constitución  nacional no permite cambios a través de firmas ni plebiscitos.

Por eso, el asunto está en manos del mundo político. Lo que un año de elecciones puede marcar la diferencia en los discursos para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Carta que los movimientos ciudadanos y sociales deberán saber jugar.

 

 

 

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