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Análisis político

Caso Mirage, incompetencia y corrupción

por 8 mayo 2009

Caso Mirage, incompetencia y corrupción
La actual coyuntura demuestra que la política de Defensa es uno de los grandes déficits de la Concertación. La acumulación y persistencia de errores de gobierno a gobierno, al sustraerla en sus partes públicas de un debate informado, al justificar cada hecho irregular como algo sin importancia o peculiar, al someterla a conducciones políticas erráticas; y al crear una iconografía de la normalidad basada en las buenas maneras y los protocolos militares antes que en los contenidos, habla mal de la seriedad y respeto con la que la política debe enfrentar el tema.

El caso Mirage desnuda de manera dramática la incompetencia técnica y política del mando civil en el sector Defensa durante los veinte años de democracia. El endoso de responsabilidades entre los ex ministros de Defensa Patricio Rojas y Edmundo Pérez Yoma, relativas a las irregularidades que rodean  la adquisición de los aviones, sería inaceptable en cualquier país donde la Defensa es una política pública normal, sujeta a los mismos controles y procedimientos que cualquier otra, con las salvedades técnicas y las reservas del caso.

En Chile en cambio, el juego del yo no fui frente a la opinión pública es posible debido a una situación que ambos ex ministros no quieren admitir, en parte por ser responsables directos de ella: la Defensa es una política pública corporativizada, que técnicamente se maneja de manera no integrada y con base al interés de cada una de las  ramas de las Fuerzas Armadas, y en la que el control civil y la información de gobierno siempre tambalea y solo hace de validador administrativo.

En el caso Mirage se han estado mezclando dos temas que deben analizarse por separado, aunque estén estrechamente relacionados. Uno es el relativo a los procedimientos para la adquisición de los pertrechos militares, en especial de los grandes sistemas de armamento como los aviones, submarinos o tanques. El otro, es el procedimiento administrativo que valida el pago y la legalidad de los compromisos que tales decisiones implican.

Ambos ex ministros saben que respecto del primer punto hasta el día de hoy el Ministerio de Defensa carece de las capacidades técnicas para hacer un control técnico estricto de los programas de adquisiciones que elaboran las FF.AA. Las decisiones en esta materia dependen en un cien por ciento de lo que les plantean cada una de las ramas. Si la Fuerza Aérea dice que es el Mirage y alcanza la plata, entonces se compra el Mirage. 

El Ministerio carece de una estructura o gerencia de proyectos que haga la contraparte técnica frente a las ramas, las oriente a una planificación conjunta y más armónica con el resto de las políticas del país. Peor aún, parte sustancial de la apreciación político estratégica que da origen y fundamento a las soluciones tecnológicas militares que adopta el país, es marcadamente militar. Por ello los civiles siempre "suponen" que las adquisiciones son las más acertadas, aunque las enormes pérdidas de recursos en el sector, desde siempre mantenidas en reserva, indiquen todo lo contrario.

Lo que efectivamente tienen los civiles, aunque restringida en materia económica por las normas que regulan el sector, es la competencia administrativa para validar legalmente los compromisos y determinar los pagos, y que es el segundo aspecto a considerar. Al fin y al cabo, se trata de una política pública en la que se compromete al Estado de Chile y sus finanzas, y no a tal o cual rama.

Por eso mismo, la Defensa es calificada como una política de Estado, que trasciende la temporalidad de los gobiernos pues las decisiones son para muchos años. Por lo tanto, la discusión entre Rojas y Pérez Yoma acerca de cuando se tomó el compromiso o si podía deshacerse debiera ser irrelevante. A menos que además de la eventual corrupción, el procedimiento de validación de pago implique también la concreción de un daño técnico que permanece oculto. Esta última eventualidad sería mucho más grave que la anterior pues en materia de pertrechos militares la prueba de la eficiencia de los equipos se produce en la hipótesis de guerra, por lo que de ser cierta, cuando se produce o se comprueba, lo que existe es un daño estratégico a la seguridad del país.

Las aristas del tema pueden ser casi infinitas, por lo que convendría mantener los hechos en su mérito, y ellos se refieren al pago de comisiones y que ha determinado el vínculo del general ® Ramón Vega y del ex Ministro Patricio Rojas en el caso.

Además del eventual hecho punible, en el caso de este último lo que resulta intolerable es la apropiación corporativa que hace junto a un grupo de ex altos funcionarios civiles de recursos y temas a los que accede en función de su cargo. Pues ellos fueron nombrados por los gobiernos democráticos para normalizar el funcionamiento del sector Defensa, cosa que no hacen, y por el contrario, montan una ONG que lucra de las insuficiencias administrativas y técnicas del Ministerio que ellos debían corregir.

La red encabezada por Patricio Rojas y varios ex subsecretarios y altos funcionarios del Ministerio de Defensa, gente incluso de la época de Pérez Yoma, opera sobre la base de no existir una carrera civil en ese Ministerio que permita contratar profesionales expertos; en no transformar a la ANEPE, dependiente del  Ministerio, en un instituto de mayor profundidad académica; y en no transparentar una cooperación académica amplia y pluralista con los institutos y las universidades del país.

 La actual coyuntura demuestra que la política de Defensa es uno de los grandes déficits de la Concertación. La acumulación y persistencia de errores de gobierno a gobierno, al sustraerla  en sus partes públicas de un debate informado, al justificar cada hecho irregular como algo sin importancia o peculiar, al someterla a conducciones políticas erráticas;  y al crear una iconografía de la normalidad basada en las buenas maneras y los protocolos militares antes que en los contenidos, habla mal de la seriedad y respeto con la que la política debe enfrentar el tema.

La derecha no lo ha hecho mejor. Con su oposición ciega, sorda y muda a la necesidad de imbuirse de lo que es un liderazgo civil en esta materia, carece de propuesta técnica seria sobre dimensión de fuerza, gasto militar, sistema de adquisiciones, planificación conjunta, conectividad estratégica, doctrina o gestión del sector.  Y  a cuenta gotas ha ido facilitando, paso a paso, algunas de las reformas ante situaciones prácticamente injustificables en una democracia.

En esta extrema opacidad, incapacidad y discrecionalidad de la gestión, y  en el veto corporativo de las fuerzas armadas, si no total al menos muy potente, que rige el funcionamiento de la política de Defensa, es casi imposible que no se produzcan daños como el del caso MIirage, o que la voracidad de grupos privados como el de Rojas, no capturen  los procedimientos administrativos o generen influencias que lesionan la probidad y transparencias en áreas estratégicas para el Estado.

 

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