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Juzgado de Garantía acogió querella por traspaso de datos

Las farmacias otra vez al banquillo

por 28 mayo 2009

Las farmacias otra vez al banquillo
El nuevo escándalo protagonizado esta vez por Cruz Verde y el traspaso de datos confidenciales de los usuarios de Banmédica y Vida Tres-uno de cuyos accionistas mayoritarios es el grupo Penta, ligado al “Choclo” Délano- dejan al descubierto una caja de Pandora que para muchos recién se está abriendo. Recursos legales llueven contra los involucrados, mientras los consumidores ven una vez más vulnerados sus derechos.

El anuncio de Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo sobre reestablecer las penas de cárcel-eliminadas durante la administración de Ricardo Lagos- para los “inescrupulosos” que incurran en perjuicio a los consumidores, podría dejar con menos ganas a las grandes cadenas farmacéuticas de echar mano a su privilegiada posición en el mercado.

Por el momento, continúa el caldo de cultivo de una industria altamente concentrada y con débiles facultades regulatorias por parte de la Superintendencia de Salud. Lo que quedó claro luego del nuevo escándalo que enfrenta Cruz Verde, que desde hace unos meses protagoniza junto a Salcobrand y Fasa el bullado caso de la colusión de las farmacias.

Esta vez, la farmacia controlada por la familia Harding, está en el banquillo por recibir información confidencial de los usuarios de las Isapres Banmédica y Vida Tres. Ambas poseen los mismos accionistas, entre los que se cuenta Empresas Penta (28,74 %), uno de cuyos socios es Carlos Alberto “Choclo” Délano, muy cercano al candidato Sebastián Piñera y parte del equipo a cargo de la estrategia publicitaria de su campaña.

Para el director de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Ernesto Benado, este nuevo tropiezo de la industria, ahora de la mano de las Isapres, se debe a “que el mercado chileno de salud y productos farmacéuticos está absolutamente desregulado, y a que los poderes fiscalizadores son muy reducidos, por eso se prestan estas arbitrariedades”.

Tráfico de datos

Aunque desde la Asociación de Isapres le han bajado el perfil a la situación y aseguran que el manejo de los diagnósticos de los pacientes por parte de los dependientes de Cruz Verde se enmarca en el cumplimiento de la legalidad de enviar la información para dar los beneficios Auge, la percepción del diputado Gabriel Silber (DC) es que esto es una nueva arista del caso colusión, además de la “punta del iceberg” de un tráfico de datos.

Junto a Enrique Accorsi, aseguran que “tenemos fundadas sospechas de que el tráfico se da también a la inversa”, ya que adelantan que las farmacias pueden tener como objeto capturar información personal cuando solicitan el rut de los clientes para sumar puntos. “Así perfectamente pueden consolidar bases de datos con Isapres, a las que el día de mañana pueden tener acceso la industria del retail o bancaria”.

Lo que podría traducirse en serios desventajas para las personas con enfermedades complejas, por ejemplo, al momento de solicitar créditos o seguros de vida.

Por eso, el martes solicitaron al superintendente de Salud, Manuel Inostroza, que entregue un listado completo de las personas cuyo diagnóstico clínico fue enviado desde las Isapres a esta farmacia. La idea, es publicar el listado en Internet para que cada afectado pueda tomar acciones legales o desafiliarse.

Aunque el asunto ya fue corregido, Inostroza explica que están evaluando las sanciones que corresponden, ya que “el descuido de Banmédica y Vida 3 es gravísimo”. Recalcando que las demás Isapres cumplieron con enviar la información necesaria para entregar los medicamentos Auge, “pero sin que nadie tuviera acceso a un diagnóstico clínico”.

Lo que no concuerda con las denuncias presentadas por el diputado Fulvio Rossi (PS), que en abril aseguró que la entrega de diagnósticos médicos a las farmacias por parte de las Isapres es pan de cada día. De hecho, ese mes reveló que la cadena Salcobrand también recibe información confidencial por parte de las instituciones privadas de salud, datos que traspasó a al organismo estatal.

En cuanto a Cruz Verde, el superintendente aclara que “lamentablemente tenemos facultad restringida respecto de los prestadores…no tenemos facultades para sancionar a las farmacias”.

En vista de esto, pretenden ampliar su regulación administrativa, ya que actualmente  pueden garantizar la confidencialidad sólo en los hospitales, clínicas, compañías de seguros e Isapres. No así en farmacias, ópticas y centros de prótesis, lo que esperan cambiar a partir de junio.

Lluvia de recursos

Según el abogado de la firma Bitrán y Cía, Alan Krausz, “la herramienta legal para reclamar por datos sensibles es engorroso y caro. Hay que incurrir en juzgados civiles, además el tipo de juicio es sumario y se puede demorar años”. Por eso, el socio de Aboga, asegura que hace falta perfeccionar los sistemas de reclamos judiciales para que los usuarios tengan soluciones más expeditas.

Hasta el momento hay varias acciones legales en marcha. La primera fue el recurso de protección que presentó la abogada que denunció los hechos, Verónica Sánchez, en contra de Banmédica y Cruz Verde. A la que luego sumó una  querella por violación de secreto privado que este jueves fue acogida en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

De esta forma, la Fiscalía Centro Norte deberá designar un fiscal para que instruya esta investigación.  

Varios parlamentarios también han tomado cartas en el asunto. Accorsi y Silber ya habían presentado una querella criminal por el caso colusión de farmacias, pero en vista de esta nueva arista pretenden entregar al fiscal que lleva la causa, Luis Inostroza el listado de los pacientes afectados, así como a la causa de Sánchez. De hecho solicitaron que le diera dedicación exclusiva.

Además presentaron junto al senador Guido Girardi, una querella criminal contra quienes resulten responsables de la entrega de información confidencial.

A esto se suman las acciones legales presentadas contra las farmacias por el caso colusión. La última, impulsada este martes por el diputado Jaime Mulet (PRI), donde pide sanciones de cárcel para los ejecutivos que resulten responsables.

En el Ministerio de Salud tampoco están contentos con este nuevo impasse. Para aclarar la situación,  este jueves el ministro Álvaro Erazo se reunirá con el presidente de la Asociación de Isapres, Eduardo Aninat y el director ejecutivo, Rafael Cavieres.

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