Martes, 6 de diciembre de 2016Actualizado a las 19:00

Subsecretario de Telecomunicaciones desmenuza el proyecto de ley de antenas:

“En muchos casos las empresas de telefonía móvil han sido poco responsables al instalar torres"

por 4 agosto 2009

“En muchos casos las empresas de telefonía móvil han sido poco responsables al instalar torres
La iniciativa, que está próxima a aprobarse en la Cámara, intenta equilibrar desarrollo tecnológico y calidad de vida. Obviamente a los operadores no les gusta el cambio de las reglas, sobre todo si eso significa tener a vecinos convertidos en fiscalizadores y se ven en la obligación de compartir sus espacios con la competencia. En una discusión que no ha estado exenta de fricciones, el gobierno espera aprobar un proyecto “que no es perfecto pero representa un gran paso”, según el subsecretario Pablo Bello.

Pablo Bello sabe que no está defendiendo la venta de antioxidantes y que la tecnología tiene sus perjuicios para la salud y la vida urbana, pero que su trabajo es tratar de minimizarlos

"Las antenas son una realidad del mundo desarrollado, los países más avanzados del mundo tienen más antenas que Chile y las antenas son la vía por la que vamos a democratizar el acceso de las chilenas y chilenos a las tecnologías de la información, particularmente a Internet. Las antenas son las que han permitido tener una tasa sobre el 90% de penetración de telefonía móvil y son las que nos van a permitir tener Internet a mejores precios en todo el territorio nacional", dice con la convicción de un funcionario altamente entrenado en difundir el discurso del Ejecutivo.

-¿Específicamente qué quiere lograr el gobierno con  el proyecto de ley de antenas que se tramita en el Congreso?

-El proyecto que ha enviado el gobierno, que está con urgencia en la Cámara de Diputados y que esperamos sea Ley de la República en el corto plazo, apunta a generar un equilibrio entre las telecomunicaciones, que son tan importantes para nuestro país, con la protección del urbanismo y el derecho que tenemos todos a vivir en un ambiente libre de contaminación. A eso es lo que apunta el proyecto de ley y para conseguirlo introduce modificaciones muy profundas respecto de la situación actual. Estamos concientes y compartimos la preocupación en términos de los vacíos regulatorios que actualmente existen. Creemos que ha habido abuso en algunos casos y que se han instalado torres entre gallos y medianoche sin las autorizaciones respectivas de los vecinos, sin que estos estuviesen al tanto de aquello.

-En ese sentido ¿cuáles son las modificaciones más profundas a las que se refiere?

-Lo primero que hace este proyecto de ley es establecer una obligación a las direcciones de Obras Municipales, que deberán autorizar la instalación de la torre. Eso ya cambia radicalmente el escenario que tenemos hoy día. El proyecto busca el equilibrio entre el desarrollo de las telecomunicaciones y la calidad de vida de los ciudadanos, algo que es en beneficio de todos. Debemos decir también que en muchos casos  las empresas de telefonía  móvil  han sido poco responsables en la forma de instalar las torres. También han hecho un tratamiento preferente con los sectores de mayores ingresos. Hay más palmeras en el sector Oriente que en otros de la capital. Este proyecto quiere imponer condiciones de igualdad.  

-¿Legalmente qué es lo que se necesita hoy para instalar una antena y qué es lo que propone el proyecto?

 -Ahora, simplemente se va al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se solicita una modificación de concesión, en la cual se incluye una nueva dirección, y ese es todo el permiso administrativo que requieren para instalar una nueva torre. Simplemente avisan a la dirección de obras, pero esta no tiene ninguna facultad para fiscalizar ni para hacer que se cumpla la normativa. El proyecto propone que las direcciones de obras estén  informadas y tengan un plazo de 30 días para autorizar en virtud de un conjunto de requisitos que siguen las  recomendaciones internacionales.

En segundo, lugar el proyecto establece una separación que procura un régimen de incentivos para utilizar la infraestructura preexistente. Edificios, torres de agua, campanarios de iglesia, o sea incentivos para no instalar nuevas torres y en cambio usar la infraestructura preexistente. Si no hay, la segunda opción son los espacios públicos: plazas, parques grandes, terrenos fiscales... y con un sistema de mitigación para que la torre que se instala en un parque, previa autorización de las municipalidades, tenga la iluminación adecuada de tal manera que los vecinos también ganan con la instalación pues esta redunda en mayor seguridad y en un espacio público mejor mantenido. En fin, una contra prestación que beneficie a la comunidad.

-En estos casos no hay mayores complicaciones, el problema es cuando se quiere instalar una torre en espacios privados ¿Cómo busca resolverlo el proyecto?

-Primero autorización de los vecinos. Se establece un radio de distanciamiento en torno a la torre que los vecinos deberán consentir para que esta pueda ser instalada. Se establecen normas más estrictas en términos de altura, de distanciamiento, dejando a los  vecinos en una mejor posición para que el impacto negativo que supone la instalación de la torre sea el menor posible. Además, el proyecto propone expresamente la colocalización. Hay una obligación de colocalizacón a todo evento: si una empresa quiere instalar una nueva antena tiene que preguntarle primero a los que están allí en la infraestructura preexistente, y si el dueño de la torre se niega, el interesado puede recurrir a la Subtel para que resuelva un eventual conflicto. Todas las torres que se instalen de ahora en adelante tienen la obligación de colocalizarse y hacia atrás, todas las que están en espacios públicos, serán colocalizadas.

-Pero si quieren instalarse en un espacio privado hay contratos de arriendo que impiden o limitan la colocalización, y ahí surge el problema que a primera vista parece el más complejo.

-Creemos que la relación contractual entre un privado dueño del terreno y una empresa de telecomunicaciones no se puede vulnerar tan fácilmente.

-Por eso se incluye la posibilidad de que el Tribunal de la Libre Competencia solucione un diferendo en estos casos.

-Exacto, es evidente que la colocalización favorece la competencia y nos parece natural que si una empresa quiere invertir y aumentar la competencia y tiene un problema real que le impide completar la construcción de la red como consecuencia que las dueñas de las torres, por razones de competencia y no por otras, se niegan a colocalizar, el TDLC es el que tiene que resolver. No le corresponde hacerlo previamente al regulador. El planteamiento del gobierno es muy nítido a favor de la protección de los espacios urbanos, de la colocalización y también de la competencia.

Empresas descontentas

En otros países la colocalización no es obligatoria, los operadores la practican voluntariamente ¿por qué en Chile hay tantas dificultades para lograr eso?

-Yo diría que en Chile las empresas han sido muy reacias a compartir infraestructura en general, más allá de las telecomunicaciones tenemos una mala cultura para compartir, donde es posible generar soluciones win winnining o "ganador-ganador", en la cual hay ciertos activos que se comparten y al mismo tiempo se compite sobre otras prestaciones.

-Entonces, al contrario de lo mucho que hemos avanzado en implementación y masificación de tecnología, en este otro aspecto estamos retrasados.

-Hay empresas que tienen una mentalidad muy restrictiva a la hora de evaluar la posibilidad de compartir activos, pero también es importante señalar que la colocalización, siendo un elemento que favorece la competencia, puede perjudicar el desarrollo urbanístico de la ciudad. No es una panacea, no es algo que a todo evento sea la mejor opción. Una torre para permitir la colocalización tiene que ser de gran envergadura para poder tener distintos niveles y ofrecer esta posibilidad. Entonces hago la pregunta ¿qué es mejor, una torre de 30 metros que tiene la posibilidad de dar servicio a dos empresas de telefonía móvil o dos palmeras o antenas de menor altura que están camufladas y con condiciones de mitigación que minimizan su impacto visual? Depende mucho del caso a caso. La colocalización es bienvenida, el proyecto la favorece pero no es la panacea y es una materia donde hay intereses económicos tan significativos que debemos cautelar que haya pagos justos, razonables y equitativos de acuerdo a las  inversiones realizadas

-En la tramitación  de la ley ¿ha habido mucha resistencia de las empresas que ya están en el mercado?, por no decir lobby, que es una palabra que espanta a todo el mundo.

 -Yo diría que este es un proyecto que claramente no le gusta a las empresas de telefonía móvil y aquellas que requieren instalación de antenas, porque hace más cara la  instalación. Evidentemente limita los espacios donde se pueden emplazar las antenas. Desde ese punto de vista las empresas no están contentas, pero la posición del gobierno ha sido muy clara: después de diez años necesitamos un proyecto más equilibrado. Las empresas estuvieron presentes en la discusión legislativa, hicieron una presentación en la Cámara de Diputados y a través de diversas vías han expresado su parecer. Me imagino que han defendido sus intereses en diversos ámbitos. Nosotros hemos conversado con ellas sobre las materias que afectan la regulación sectorial. Sabemos que hay discrepancias pero el gobierno tiene la misión de escuchar a los actores y  tomar definiciones que vayan en beneficio de todos los chilenos.

 Impacto sobre la salud

 -Sobre eso el proyecto contiene algunas propuestas interesantes como la creación de un portal web con el catastro de las antenas, su localización,  la cantidad de radiación y la posibilidad de reclamar de las personas que se sientan afectadas. Además de un pronunciamiento del ISP sobre los posibles daños a la salud en determinados casos.   

-Todos tenemos sobre este tema dos preocupaciones. La primera el impacto urbanístico de las antenas y su perjuicio en la calidad de vida, y ese problema queda bien resuelto en el proyecto. La otra preocupación son los efectos de las antenas en la salud y hemos planteado varias cosas algunas que ya están implementadas. Chile tiene una de las normas de control de emisiones más estrictas del mundo. En los países desarrollados como Japón Corea y Estados Unidos, tienen una norma mucha más permisiva que la chilena. A nivel  internacional la regulación está ente 400 y 1.000 microwatts por centímetro cuadrado y Chile tiene 100 microwatts por centímetro cuadrado. Estamos entre los cinco países más exigentes del mundo. Además, establecimos que en el entorno de hospitales, colegios o jardines infantiles la emisión no puede superar los 10 microwatts por centímetro cuadrado.

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