Un año después de dirigir el órgano censurador del régimen militar, la DINACOS, Venegas pasó a ser abogado del ministerio del Interior. Ahí tuvo a su cargo la acción judicial impulsada por la dictadura ante el Tribunal Constitucional para quitarle los derechos políticos al dirigente socialista, quien fue acusado de hacer «apología a la violencia». En 1990 el mismo tribunal le restituyó sus derechos a Almeyda, luego de derogarse el entonces famoso Artículo 8 de la Constitución.
El pasado persigue al recientemente designado presidente del Tribunal Constitucional, Marcelo Venegas. En 1987, un año antes del plebiscito, Venegas había dejado la jefatura de la División Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el organismo encargado de censurar a los medios durante la dictadura, cuando se integró como abogado al Ministerio del Interior, que entonces encabezaba Ricardo García Rodríguez (hermano de Juan Ignacio García, actual director del Servicio Electoral), y le tocó tramitar ante el Tribunal Constitucional la causa contra Clodomiro Almeyda por «apología al terrorismo».
La decisión de acallar a Almeyda, líder del socialismo que ejerció una decisiva influencia sobre Michelle Bachelet y el actual timonel del PS Camilo Escalona, se llevó a cabo cuando «don Cloro», como se le conocía antes de morir en 1997, decidió volver del exilio ingresando a Chile «a lomo de mula» por la Cordillera de los Andes y se presentó ante las autoridades.
Las críticas y denuncias contra el régimen militar que el dirigente socialista había vertido por diversos medios de prensa, tanto extranjeros -Radio Moscú- como nacionales, significaron su encarcelamiento y la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) de la época, presidido por José María Eyzaguirre Echeverría, otrora titular de la Corte Suprema. La sanción que solicitaba el libelo era que Almeyda fuera declarado una persona fuera de las normativa de la Carta Fundamental, debido a que realizaba una «apología a la violencia» y se le retiraran sus derechos políticos.
El requerimiento contra Almeyda aseguraba que la conducta del histórico dirigente violaba los preceptos contenidos en el tristemente célebre Artículo 8 que estipulaba que «Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República».
En las manos de Venegas
En su oportunidad, el recurrente fue el propio ministro del Interior, quien era la autoridad política. Pero este delegó poder de representación al abogado Ambrosio Rodríguez, quien sería uno de los defensores de Pinochet cuando estuvo detenido en Londres a fines de los 90, por orden del juez español Baltasar Garzón.
Rodríguez a su vez le transfirió también un poder de litigación ante el órgano al entonces abogado del Ministerio del Interior, Marcelo Venegas Palacios, quien preside actualmente el TC, al ser elegido la semana pasada por la unanimidad de los miembros de la instancia, tanto los ligados a la derecha, como por los vinculados al oficialismo.
El curriculum de Venegas no es desconocido en La Moneda. En 1986 se desempeñó como jefe de la División Nacional de Comunicaciones del régimen, la DINACOS, organismo destinado a imponer la censura en los medios. Ese mismo año, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) atentó contra Pinochet, por lo que la CNI decidió vengar a los escoltas que murieron repeliendo el ataque de los fusileros en el Cajón del Maipo, asesinando a cuatro personas, entre ellos el periodista José Carrasco, hecho acreditado por la Justicia. En esta causa, sustanciada por el ministro Hugo Dolmestch, hoy miembro de la Suprema, Venegas fue incluido dentro de los citados a declarar, debido a que integraba el comité asesor de Pinochet en la época en que ocurrieron los hechos.
«Harto que desear»
El domingo de la semana pasada el columnista Carlos Peña en su tradicional espacio en el cuerpo de Reportajes de El Mercurio, publicó una columna, criticando la falta de transparencia en la elección de Venegas.
«Su carrera pública -juzgada desde la altura en que hoy está- deja harto que desear. Toda su vida profesional la hizo como funcionario de la dictadura hasta culminarla como director de la DINACOS, el órgano que manejaba las comunicaciones del régimen y que, cuando era necesario, imponía la censura. Algo que Venegas hizo sin problema. No parece un muy buen antecedente como para ser la cabeza del Tribunal que custodia la Constitución y los derechos de las personas», escribió Peña.
El actual rector de la Universidad Diego Portales comparó su elección por unanimidad con el reciente nombramiento de la nueva ministra de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, quien fue auscultada hasta en los más mínimos detalles de su vida privada, aspectos académicos y criterios jurídicos sobre el aborto, los derechos de las minorías -entre otros aspectos- antes de ocupar un sillón en el máximo tribunal de su país.
Peña inquirió también por qué ningún parlamentario alzó la voz respecto del pasado de una persona que le pareció al menos cuestionable.
En todo caso, al conocerse su nombramiento, y luego de la publicación hecha por este diario, el timonel del PS Camilo Escalona calificó de incompresible que Venegas hubiera alcanzado la testera del TC, siendo conocido su pasado como funcionario del régimen militar. Igual reacción tuvo Esteban Maturana vocero del comando del presidenciable Marcos Enríquez-Ominami.
Suma y sigue, Venegas también votó en contra de la píldora del día después, ya que integra la tendencia conservadora dentro del TC. De hecho fue asesor del RN Sergio Romero en el Parlamento.
Te quito, te doy
En diciembre de 1987, el TC falló en contra de Clodomiro Almeyda con los votos de José María Eyzaguirre, Enrique Ortúzar, Marcos Aburto Ochoa (a la fecha miembro de la Suprema) y Eduardo Urzúa Merino. En contra, lo hicieron Eugenio Valenzuela Somarriva, Julio Philippi y Luis Maldonado. Es decir, Almeyda perdió por 4 votos contra 3.
Uno de los párrafos del voto de mayoría que contiene el fallo es elocuente:
«Que este Tribunal, apreciando en conciencia la prueba rendida en autos, y teniendo presente las reiteradas declaraciones, entrevistas y publicaciones efectuadas por el requerido, llamadas a tener efecto en Chile y hechas por quien se reconoce marxista-leninista y preside y lidera un movimiento político también marxista-leninista, así como las propias confesiones contenidas en sus escritos, estima indudable que el señor Almeyda ha incurrido en actos destinados a propagar la doctrina marxista-leninista y su contenido ideológico: la violencia y la concepción del Estado, de la sociedad y del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases».
Sin embargo, a principios de los 90, sería el mismo TC, el que anuló su propia sentencia ya que tras la modificación constitucional de 1989 se había derogado el artículo 8 por el cual Almeyda fue condenado. En un fallo de sólo tres páginas, a diferencia del anterior que tuvo 84 fojas, se le devolvieron sus derechos.
Íntima complacencia
Venegas no es el único que apoyó a la dictadura militar y que ocupa un cargo en el TC. Un segundo ministro también lo hizo. Se trata del ex presidente de la instancia, Juan Colombo.
De acuerdo a lo contenido en el libro «Íntima Complacencia», del fallecido abogado Mateo Gallardo, Colombo firmó una declaración pública donde varios profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, «adherían» a la Junta de Gobierno y ofrecían toda su colaboración al nuevo régimen.
Además:
Lea el fallo que le quitó los derechos políticos a Clodomiro Almeyda (En formato PDF)
Lea el fallo que le devolvió los derechos políticos a Clodomiro Almeyda (En formato PDF)
Páginas del libro Íntima Complacencia
