En el documento al que tuvo acceso El Mostrador, la Corporación sostiene que tiene autonomía financiera por lo que el Ministerio Público no puede cuestionar ni investigar la forma que en se gastan los dineros que salen del erario nacional. Ayer, en tanto, la senadora Evelyn Matthei declaró ante el perseguidor penal porteño donde confirmó sus dichos en torno a que «todos» los parlamentarios usaban las asignaciones a su libre disposición.
Aunque el sueldo que perciben los diputados sale del erario nacional, estos aseguran que -de acuerdo a la ley que los rige- no son funcionarios públicos, aunque realicen una función de este tipo.
Esta es sólo una de las conclusiones a las que arriba el documento «confidencial» que envió la Corporación al fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott, en el marco de las preguntas que formuló para la investigación que lleva contra la diputada UDI Claudia Nogueira y el diputado (ex RN), Maximiano Errázuriz, y que se extendió al PRSD Alejandro Sule, al gremialista Julio Dittborn y la independiente Marta Isasi.
A todos se les imputa haber usado los dineros de las asignaciones parlamentarias para otros fines. En el caso de Noguera, por ejemplo, contrató asesores que giraban boletas de honorarios devolviéndole el dinero a la parlamentaria.
El documento de 12 páginas –que publica íntegramente El Mostrador– está firmado por el presidente de la Cámara, Rodrigo Alvarez, los vicepresidentes Alfonso Vargas y Raúl Súnico, y los jefes de las bancadas de la UDI, Claudio Alvarado, del PS, Marcelo Díaz, del PR, Marco Espinosa y de RN, Joaquín Godoy. En el texto, los parlamentarios hacen un recorrido por la legislación que rige las actuaciones del Congreso Nacional. También ponen de relieve la autonomía financiera que posee la Corporación y enfatizan que la forma en que los parlamentarios usan el dinero de las asignaciones son de su exclusiva responsabilidad, siendo cada Cámara responsable de revisarlas y darles visto bueno.
Asimismo, en el oficio sostienen que lo anterior «se refleja en prácticas más que centenarias, que dan cuenta de la especificidad y particular naturaleza de las finanzas parlamentarias» y que no existe otra institución que pueda fiscalizar a la Cámara de Diputados, aludiendo con ello a la supuesta falta de competencia que tendría el Ministerio Público para revisar sus actuaciones.
Mal de muchos…
El documento cobra sentido luego que Evelyn Matthei prestara testimonio ayer en calidad de testigo ante Abbott y mantuviera el mismo argumento que se plasmó en el oficio.
La senadora fue interrogada a raíz de una serie de declaraciones sobre el caso -que hizo a través de los medios- respecto a cómo se utilizaban los recursos para la contratación de asesores, arriendo de sedes parlamentarias, entre otros. Sus dichos buscaban defender a Nogueira, su correligionaria, y al mismo tiempo, evidenciar una práctica interna que ninguno de los parlamentarios consideraba delito, hasta que apareció Abbott.
Matthei dijo que «todos hacen lo mismo», argumento de fondo similar al usado en el documento. Entre los abogados esta tesis es conocida como la «teoría de la adecuación social», que implica un comportamiento en el tiempo que nadie reconoce como delito, por lo tanto no puede ser considerado «antijurídico». En otras palabras, a quienes ejecutan esa conducta no se les puede hacer el llamado «juicio de reproche» porque no hubo un «ánimo delictual».
En su testimonio, publicó este miércoles La Segunda, Matthei habría relatado las prácticas de sus colegas congresistas pero no habría entregado nombres. De todas formas, Abbott resolvió, según el vespertino, dejar su declaración en una carpeta secreta.
¿Tres más?
Fuentes del Ministerio Público dijeron a este diario que la estrategia legal que están ocupando los parlamentarios -corporativamente hablando- es tratar de presionar a Abbott. Es decir, evidenciarle que está investigando a un poder del Estado con ley y autonomía financiera propia y no a personas, toda vez que «todos» -como declaró Matthei- tenían la misma conducta. De esta forma, buscan poner al fiscal en la disyuntiva de tener que descabezar al Poder Legislativo.
Sin embargo, en la Fiscalía indicaron que Abbott tiene presupuestado seguir hasta las últimas consecuencias.
Un diputado de la Alianza indicó a El Mostrador que si Abbott busca desaforar para formalizar a los parlamentarios investigados, evalúan la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de hacer valer la Ley Orgánica que rige sus actuaciones.
Hay que recordar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de Errázuriz y Nogueira por el delito de fraude al fisco y en las próximas semanas, el pleno del organismo debiera resolver si lo hace con Sule, Dittborn e Isasi. Esta resolución, sin duda, marcará el derrotero de lo que puede llegar a convertirse en la gran causa criminal de un organismo autónomo, como es la fiscalía, en contra del Congreso.
Este diario intentó obtener una versión de parte de Juan Carlos Manríquez, abogado de Maximiano Errázuriz, sobre los alcances que tiene el oficio para el destino procesal de su cliente, pero el profesional se excusó de opinar, atendido a que hay una investigación en curso que tiene el carácter de secreta.
