El reciente derrame de 13 mil litros de concentrado de cobre en el río Choapa puso nuevamente en jaque la deteriorada confianza de los pobladores del valle con la minera de los Luksic. Pero ha habido cambios: la nueva gerencia de asuntos externos impulsó a la compañía a dejar de hacer oídos sordos frente a los requerimientos de los lugareños ha empezado a incluirlos en sus decisiones. Un nuevo esquema que aún tiene un largo camino que sortear antes de pasar la prueba de la blancura.
Era el mediodía del viernes 14 de agosto de 2007 y el actual presidente de la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (Ocas), Julio Molina, se dirigía a revisar un huerto al que prestaba asesoría en la localidad de Caimanes. Como siempre, llevaba prendida la radio de su camioneta. De repente, escuchó una noticia que lo dejó helado: el diputado de la Región de Coquimbo, Renán Fuentealba(DC), denunciaba que durante el 3 y 4 de agosto Minera Los Pelambres (MLP) había protagonizado un derrame accidental de las piscinas de aguas de recirculación del Tranque Quillayes en el río Cuncumén.
Las autoridades lo sabían, pero nadie había informado del hecho a las comunidades. En pocas horas Molina logró comunicar de la situación a otros dirigentes de la Provincia del Choapa y el fin de semana la mayoría de la población ya estaba enterada de lo sucedido. La indignación era grande. Sobre todo porque sucedía a menos de un año de la creación de una mesa de diálogo con la minera, en la que se había acordado comunicar este tipo de eventos. Por ello fue suspendida y se iniciaron movilizaciones
Desde la entrada en operaciones de MLP en 2000 las relaciones habían sido accidentadas, por lo que la desconfianza por parte de las comunidades era muy fuerte. En ese escenario el derrame, que no era el primero, fue la gota que rebalsó el vaso. Tampoco había jugado a favor la enorme polémica que se armó frente a la construcción del tranque El Mauro.
Además, la realidad del valle había cambiado mucho: se habían formado organizaciones ambientales en la zona y el tema era parte de las preocupaciones de la gente. Incluso meses después y mientras el proceso de sanción por parte de la Corema aún estaba en trámite, unas 60 personas, entre dirigentes y autoridades ambientales y políticas, ingresaron a las dependencias de la mina ligada al Grupo Luksic, lo que generó una trifulca interna de dimensiones, que gatilló la salida del entonces gerente de Asuntos Externos, Flavio Angelini.
A partir de allí, según explica su reemplazante, Miguel Sánchez, se inició una nueva fórmula de relacionarse con las comunidades y se instauró la «idea fuerza de cambiar la mirada del entorno, de la forma que hacemos las cosas. Y empezamos a ponernos en los zapatos del otro».
Postura que para los dirigentes del valle era muy distinta, ya que «a los anteriores gerentes de asuntos externos no les interesaba quien estaba al lado. Si teníamos que pagar el costo de los problemas ambientales generados por la minera les daba lo mismo».
El día que a MLP le cayó la teja
Sánchez detalla que hubo una serie de hitos que fueron contribuyendo a una nueva mirada. Entre otros, tenían una fuerte oposición por parte de los líderes en Cuncumén, a pesar de lo cual plantearon algunos proyectos y «empezamos a escuchar a la gente. Ellos tenían 3 temas que no habíamos sido capaces de escuchar ni abordar en relación a la comunidad, porque sí se había hecho internamente». Estos eran la generación de polvo, los problemas que acarreaba al agua los procesos de la mina y el cierre del Tranque Quillayes.
Se sentaron a conversar. El ejecutivo asegura que «yo creía, y aun lo creo, que era necesario armar un paquete de apoyo al desarrollo. Pero me encontré con que muy derechamente dijeron conversemos lo del polvo, el agua y el tranque y luego del desarrollo. Me pegó el campanazo fuerte de que esto tiene toda lógica: no vengamos con ofertitas cuando en realidad el tema central es entrar a conversar de esto».
Así que «lo planteé con fuerza en el directorio de gerentes. Y cambiamos el esquema».
Por una parte se incorporó en las conversaciones el gerente de operaciones, Francisco Carvajal, así como otros técnicos. Lo más decisivo fue que se acordó buscar un experto de confianza por parte de las comunidades para que propusiera una fórmula ecológica del cierre del tranque, que sería pagado por la compañía.
Hace unos meses firmaron un acuerdo y hoy sólo falta que la minera apruebe la propuesta de las comunidades, liderada por la empresa Ambiente Seguro, que implica un desembolso de unos 10,5 millones de dólares. El próximo miércoles se reunirán a definirlo, lo que para los dirigentes comunales, será la primera prueba de fuego que MLP tendrá que pasar para empezar a recuperar las confianzas perdidas.
«Queremos consolidar este modelo de relacionarnos. Es como nuestro plan piloto.
Lo que hacemos es tomar conceptos de la comunidad respecto a temas duros y ver de qué manera integrar la opinión de ellos en los diseños técnicos», explica Sánchez, quien reconoce que «es una tremenda gestión que hay que preparar y generar una cultura dentro de la organización para esto. No va a ser fácil».
Según fuentes ligadas a la institucionalidad ambiental esta es una buena apuesta, pero «Pelambres desperdició bastantes años para construir una estructura de confianza, de capacidad de monitoreo, de pro actividad y transparencia. Se empezaron a poner las pilas recién con la salida de Angelini».
El condoro en Panguesillo
Los dirigentes y ambientalistas de la zona reconocen que ha habido un cambio. Para Julio Molina «es efectivo y ha sido notable. De alguna manera se proponen tener una mirada desde la comunidad hacia la minera, lo hemos notado quienes hemos participado en el proceso, pero no es sentido por toda la comunidad».
El presidente de la Junta de Vigilancia del río Choapa, Alfonso Montenegro, señala que esto apunta a buscar solución a los problemas. «La ley del medioambiente no da, por eso el hecho que la minera se siente junto con la comunidad y busque soluciones en conjunto es el camino más correcto«.
La dirigente de Ocas, Cristina Farías, es más crítica y asegura que «hay que ver si la empresa está con el propósito de seguir trabajando con las comunidades pero que hagan una buena relación no en base a movilizaciones».
En lo que todos coinciden es en que será un largo proceso restablecer las confianzas. Más aún luego del último incidente frente a Panguesillo, donde el 1 de agosto pasado el fallo de una válvula del sistema de tubería auxiliar de MLP gatilló el derrame de 13 mil litros de concentrado de cobre en el río Choapa.
Aunque esta vez se informó a Montenegro media hora después del accidente, la reacción de la población fue fuerte: cierres de caminos y movilizaciones marcaron una semana de negociaciones con la minera, con la que finalmente se acordó un pago de mitigación a las tres comunidades afectadas -Panguesillo, La Higuerilla y Jonquera– de 1.055 millones de pesos, que se invertirá principalmente en vivienda y emprendimiento.
Además, hubo otras dos propuestas que se evaluarán junto a la municipalidad en octubre y que apuntan a un «seguro» que protegería las inversiones que tengan los productores que dependan del recurso agua ante nuevos incidentes y a la creación de un observatorio ambiental, donde participen las comunidades, las autoridades y la minera.
Montenegro considera fundamental la creación de este organismo, ya que recuerda que cuando Pelambres presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), «no participó la mayoría de las organizaciones ciudadanas, ya que sólo algunas tuvieron la capacidad de hacer observaciones técnicas. El gran problema es que ¿en qué medida la comunidad puede hacer observaciones de carácter técnico si no tiene fundamentos ni plata para hacerlo?
Por eso «la gente con razón es crítica porque sólo ve los efectos. Presume que hay problema graves pero no tenemos un organismo técnico con el que podamos decir con pruebas lo que realmente sucede a nivel ambiental».
El dirigente Héctor Villalobos, señala que la inclusión de ambos puntos será «decidor a la hora de ver la real posición de la minera». Porque a pesar de que considera que MLP «genera gran aporte laboral y mejora la calidad de vida, debe haber una mirada común a la hora de cuidar el valle. Para lo cual además tienen que poner en práctica lo que ponen en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) acerca de que habrá cero descarga al río, lo que hasta ahora no se ha cumplido».
Las cuatro princesas
Dentro de este nuevo esquema de relaciones, MLP había priorizado las conversaciones con las «cuatro princesas», como denominan internamente a las localidades más cercanas a la operación minera: Cuncumén, Tranquilla, Chillepín y Coirón.
Pero la carta Gantt de la compañía cambió luego del incidente en Panguesillo, que está siendo evaluado por la Corema para ver si se suma a los otros cuatro procesos de sanción que la minera suma desde agosto de 2008 y que aún no han terminado -aunque desde esa fecha suman 12 incidentes no todos son derrames, ya que también se cuentan algunos incendios y problemas con cañerías internas-. Así que van a «meterle caña» al proceso los próximos 4 o 5 meses, para crear las condiciones y poder conversar bajo esta nueva óptica con las más de 40 comunidades de la zona.
El gerente de Asuntos Externos asegura que tienen un apoyo sustantivo del gerente general, Ignacio Cruz, y que el nuevo incidente «lejos de retrotraernos nos da un impulso mayor, porque vamos a tener que ir a mirar otras experiencias similares. Pero creo que no vamos a encontrar».
Principalmente porque, asegura, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el país, en todos los rubros, «luego de 25 años aún está en un nivel conceptual. Se ha avanzado harto en tomar consciencia, pero operativamente no». Su principal crítica es que el asunto se toma desde la perspectiva de «andar regalando computadores», pero «hay que situarla en el concepto de la sustentabilidad, para lo que tenemos que agregar valor en lo económico, en lo ambiental y en lo social».
