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Ministro Carlos Maldonado denunciado ante el Consejo para la Transparencia

Justicia niega información sobre cárceles para adolescentes por atentar contra seguridad nacional

por 14 septiembre 2009

Justicia niega información sobre cárceles para adolescentes por atentar contra seguridad nacional
Una profesional solicitó acceder a las actas de las comisiones interinstitucionales que vigila las condiciones de los centros de reclusión de los jóvenes infractores de ley, administrados por el Servicio Nacional de Menores a nivel nacional. Pero la cartera estimó que esos datos pueden poner en peligro a la ciudadanía, toda vez que son usados para la construcción de diez nuevos recintos.

El ministro de Justicia Carlos Maldonado (PRSD) fue llevado ante el Consejo para la Transparencia (CLPT), luego que su cartera se negara a entregar información sobre los informes que presentan las comisiones interinstitucionales (CISC), respecto a los centros de privación de libertad para adolescentes, los que son administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Básicamente, las actas de estos grupos consultores derivan de visitas a los centros al menos dos veces al año, donde se revisan las condiciones en que viven y el respeto a los derechos de los jóvenes allí recluidos. De ellas emanan recomendaciones a instituciones públicas y privadas, toda vez que pueden solicitar informes a las autoridades que correspondan. De este modo, dichos documentos son claves para conocer el actual estado de la implementación de la Reforma Penal Adolescente, uno de los caballitos de batalla del gobierno de Bachelet para luchar contra la delincuencia juvenil e intentar la reinserción social.

La negativa de la secretaría de Estado -que publica íntegramente El Mostrador- se basó en que la entrega de antecedentes relativos a dichos centros, atenta contra la seguridad nacional y pública, debido a que los informes están siendo utilizados para la construcción de 10 nuevos recintos a lo largo del país, tal como lo anunció la Presidenta en su discurso de mayo de 2008. Además, porque en ellos aparecen datos que revelan las falencias actuales de los centros, lo que podría significar vulneraciones a la seguridad de los mismos, "por lo que no resulta pertinente ni conveniente el que se maneje públicamente la información señalada".

Los recintos fueron el principal problema que tuvo la puesta en marcha de la Reforma Penal Adolescente (RPA). En 2007, funcionarios del Sename protestaron contra las nuevas medidas -incluso hubo paralizaciones y quema de neumáticos- aduciendo que la infraestructura a nivel nacional era paupérrima para hacer frente a los requerimientos de la nueva legislación. De allí la importancia de conocer su contenido.

Es común escuchar, entre fiscales y jueces de garantía, de los problemas que enfrentan con estos centros, como también de la falta de recursos para una verdadera reinserción social, pese a que el gobierno ha defendido su gestión en este sentido, señalando que existe un cambio sustantivo en el trato hacia los "jóvenes infractores de ley".

No es la primera vez que una autoridad es pasada al CPLT por negar información. En junio pasado sucedió lo mismo con la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, quien declinó otorgar acceso a las solicitudes de reclamo contra uniformados, en el marco de la llamada hecha por el senador del PPD Guido Girardi, quien logró la sanción a un funcionario policial, que le cursó un parte por alta velocidad.

Revisión al poder

La solicitud de acceso a la información fue hecha por la periodista Ximena Marré. Y ante la negativa, la profesional designó como abogados a Pedro Anguita y Domingo Lovera para que la representen en el recurso de amparo ante el CPLT.

En la presentación -que también se publica íntegramente-  los juristas aseguran que la respuesta de Justicia es amplia y vaga, ya que no justifica el por qué la entrega de la información evitaría el normal desempeño de la cartera.

En este sentido, Anguita y Lovera sostienen que el argumento usado por Justicia puede volverse un comodín para negar la información de carácter público y  "puede llegar a hacerse de ella un uso inadecuado que solo entorpecerá la publicidad de las actuaciones estatales, limitando el derecho de las personas a controlar el ejercicio del poder público".

Este diario intentó obtener una versión de parte del ministerio aludido, pero no hubo respuesta.

Lea la repuesta del Ministerio de Justicia

Lea el amparo ante el Consejo para la Transparencia

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