Un dictamen de la Contraloría revela la pugna que enfrenta al organismo perseguidor con el Instituto de Salud Pública. El tema no es menor, ya que los envoltorios donde se trasladan los alcaloides contienen una «gran cantidad de restos que quedan impregnados» y que se desprenden por el largo tiempo que están almacenados. El organismo fiscalizador zanjó la disputa sobre los alcances de la Ley de Tráfico y el fiscal nacional Sabas Chahuán deberá deshacerse de los contenedores con dinero de su propio presupuesto.
En una disputa de interpretación jurídica están trenzados el Ministerio Público y el Instituto de Salud Pública (ISP), en torno a quién debe destruir los envases en los que se transporta la droga.
Y aunque pueda parecer una diferencia pedestre, lo cierto es que el tema tiene complicada a la institución dirigida por Sabas Chahuán, ya que los contendores donde se transportan los alcaloides, quedan impregnados con droga. Estos se apilan en las bodegas del organismo, sin que nadie se deshaga de ellos y al poco tiempo de estar almacenados los restos se desprenden, «con el consecuente problema que se produce», señala la presentación de Chahuán.
A tanto llega el problema de la Fiscalía, que el propio Chahuán envió una solicitud a la Contraloría, para que la entidad emitiera un pronunciamiento sobre los alcances de la Ley de Tráfico (20.000), en torno a la decisión del ISP.
El organismo fiscalizador le pidió una opinión tanto a este último, como a la subsecretaría de Salud Pública. Ambas estimaron que su responsabilidad era sólo quemar la droga y guardar una dosis para las materias de investigación, más no los recipientes. De esta manera, el pasado de 10 de septiembre la institución dirigida por Ramiro Mendoza emitió un dictamen -el Nº 50.171-, donde le dio la razón al servicio sanitario.
Aunque la lógica legal quedó zanjada, lo cierto es que el Ministerio Público deberá encontrar la forma de destruir los envases con cargo a su presupuesto.
Un fiscal que conoce del asunto, manifestó que el problema se produce porque no se puede asegurar que alguien no haya sacado «el raspado» a lo recipientes, para consumirlo o incluso comercializarlo, «aunque tomamos todos los resguardos para que ello no suceda».
Esta no es la primera vez que la fiscalía y el ISP protagonizan un encontrón. En 2006 funcionarios del organismo fiscalizador hicieron un peritaje erróneo sobre la pureza de un embarque de cocaína, en la que el fiscal a cargo de la indagatoria no creyó que ésta tenía sólo un 3,0 % de calidad.
El ISP tampoco ha estado fuera del ojo de la Contraloría sobre la destrucción y acopio de la droga. En septiembre del año pasado, el organismo de control cuestionó que los alcaloides y la marihuana fueran quemados en un horno privado.
Lea el dictamen de la Contraloría (En formato PDF)
Lea el informe de la Contraloría contra el ISP (En formato PDF)
