El desequilibrio entre crecimiento económico y estancamiento político constituye un obstáculo para mejorar la calidad de nuestra democracia. ¿Es posible construir una «agenda país» que considere debidamente los intereses nacionales, cuando nuestro sistema político tiene una enorme desigualdad de poder entre influyentes grupos de presión empresarial y grandes conglomerados, junto a débiles partidos y baja afiliación sindical? Esta asimetría de poder tiene directas consecuencias en la formación de la agenda pública y, con ello, en las prioridades del gobierno y el Congreso.
La campaña presidencial es la ocasión para que los aspirantes a La Moneda se refieran a los grandes problemas del país y entreguen sus propuestas para alcanzar objetivos que impliquen cambios institucionales. Después, la presión de las tareas del día a día se lo impide al nuevo presidente, con un período de gobierno de cuatro años, sin reelección.
Era evidente que la quinta elección presidencial después del régimen de Pinochet (sexta, porque el plebiscito de 1988 fue una no competitiva) sería la más difícil para la Concertación y para la derecha. A diferencia de las anteriores, no había una nueva figura en la coalición de gobierno que aspirara al sillón de O´Higgins, quedando la opción entre los ex presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, siendo elegido este último. Y por la derecha, se encuentra Sebastián Piñera, senador elegido hace dos décadas y posteriormente, presidente de RN y su abanderado presidencial en los comicios del 2005.
No hubo renovación en el pacto Juntos Podemos: Jorge Arrate fue ministro del gobierno del presidente Allende y de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei. La excepción sería el joven diputado Marco Enríquez-Ominami, aunque su discurso lo desmiente pues carece de planteamientos innovadores, predominando los ataques a la Concertación y a Frei, identificando los problemas (y las soluciones) en la élite política, apoyándose en la larga tradición contra los partidos y los políticos, con el general Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri, el régimen de Pinochet y actualizada en los años 90 por la UDI.
El desafío de la Concertación era muy difícil, además, porque debía hacer una propuesta de futuro que combinara la valoración de los logros alcanzados por la coalición, especialmente los del gobierno Bachelet, con una evaluación crítica de la misma, que planteara nuevas tareas a acometer en el nuevo período. La alta aprobación de la presidenta Bachelet en las encuesta inhibió a la candidatura oficialista de identificar esas importantes tareas pendientes, que sin duda existen, impedida, además, por la intensa labor presidencial durante los meses de campaña. La continuidad no es garantía de triunfo para los candidatos oficialistas.
La dificultad de la oposición se encontraba en la complejidad de tener que sumar a votantes de la Concertación para obtener la mayoría y evitar una nueva derrota, de consecuencias devastadoras para sus partidos y dirigentes. Para ello, la candidatura de Piñera planteó que dará continuidad a las principales políticas de la Concertación, especialmente las de protección social, y fue aún más lejos, con propuestas sobre el matrimonio que están en las antípodas de los valores de los votantes conservadores que representa, causando malestar en éstos. Es muy peligroso sumar intereses antagónicos a partir de focus groups, como lo hizo su comando.
Esta parquedad sobre las alternativas para enfrentar los principales problemas del país perjudica la calidad de la competencia electoral, porque no basta la presencia de varios candidatos, sino también es necesario que los ciudadanos sean informados de sus diferentes propuestas y vean que no da lo mismo quién ocupe el sillón de O’Higgins.
El menor interés en discutir sobre problemas y debilidades del sistema económico, político y social no es nuevo y tiene que ver con el consenso durante la fase de instauración de la democracia, con la prioridad entregada a la política económica que, además, se caracterizó por enfatizar más la estabilidad y la continuidad económica, que la reforma del sistema económico impuesto por el régimen militar. La preeminencia de economistas en la élite de gobierno, incluido el senador Carlos Ominami, dio un sesgo marcadamente económico a las tareas de gobierno, más visible luego que se alcanzaron importantes objetivos en verdad y justicia por los atropellos a los derechos humanos cometidos por el régimen militar.
La prioridad de alcanzar crecimiento y equidad se justificó porque la entrega de bienes materiales es indispensable para mostrar la eficacia del orden político, que ayuda a la legitimación de la democracia. Sin embargo, mantener esa posición dominante en la preocupación del ejecutivo durante dos décadas es una tarea demasiado general, requiriendo una imagen del país que no se encuentra sólo en la economía. Los bienes económicos son necesarios, pero no suficientes para dar legitimidad a la democracia, pues requiere que se den bienes políticos, inmateriales. Después de alcanzar importantes logros en materia de derechos humanos, no hubo nuevos bienes políticos que sirvieran de contrapeso a la obtención de bienes económicos. Se descuidó el desarrollo político, como el debilitamiento de los partidos, y se asumió erróneamente que el crecimiento económico era suficientemente importante para abarcar las necesidades de la consolidación y profundización de una democracia.
El desequilibrio entre crecimiento económico y estancamiento político constituye un obstáculo para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ello se manifiesta en diversas partes del sistema político, ajenos a las preocupaciones de los candidatos. ¿Es posible construir una «agenda país» que considere debidamente los intereses nacionales, cuando nuestro sistema político tiene una enorme desigualdad de poder entre influyentes grupos de presión empresarial y grandes conglomerados, junto a débiles partidos, baja afiliación sindical y una lamentable debilidad asociativa en la población? Esta asimetría de poder tiene directas consecuencias en la formación de la agenda pública y, con ello, en las prioridades del gobierno y el congreso.
Enseguida, la competencia electoral requiere la existencia de múltiples recursos políticos que permitan a los ciudadanos informarse libremente, limitados por la acción de cierta prensa, que resalta los intereses de los empresarios y silencia los de los trabajadores y del público en general, por lo cual la agenda pública tiene un sesgo conservador. Este sesgo se fortalece por decisiones de la élite de gobierno, por ejemplo, al convertir la encuesta del CEP -Centro de Estudios Públicos, creado por el grupo Matte durante el régimen militar y financiado por los principales grupos económicos-, como la única que informa de las prioridades de los chilenos. El poder del CEP fue reforzado por el presidente Lagos, institución en la cual se reunió con los grandes empresarios en siete oportunidades durante los primeros tres años de gobierno.
El foro presidencial de TVN, cuyo formato fue convenido con los representantes de los candidatos, partió con un resultado de la encuesta CEP: el «problema fundamental» de los chilenos sería la delincuencia, dejando en un segundo plano los problemas económicos, percibidos como prioritarios del país y son los que más los afectan, destacando los de empleo y los bajos salarios y pensiones. Estos distintos resultados tienen diferentes consecuencias en la agenda de los candidatos presidenciales. Mientras el énfasis en la delincuencia remite a las políticas de orden público, prevención y combate a la delincuencia, dominantes en la agenda conservadora, los problemas de inestabilidad laboral y bajos ingresos a la reducida participación del trabajo en los beneficios del crecimiento, es decir, a las desigualdades económicas. El problema de las desigualdades apareció marginalmente en el debate de TVN.
La práctica de algunos de nuestros dirigentes políticos, incluso de gobierno, y de los grupos de presión ayuda a fortalecer las desigualdades sociales. El segundo foro de los candidatos presidenciales fue organizado por «Comunidad Mujer«, que reúne a un variopinto grupo de damas de la clase alta y del poder económico, en las antípodas del pluralismo social de Chile, presidida por la pareja de Max Marambio, jefe político y principal financista de MEO.
Es llamativa la ausencia de preocupación por las «escandalosas desigualdades», como las calificaron los obispos de la Iglesia Católica en 2005, porque los chilenos las rechazan abiertamente. En la encuesta CERC de Octubre 2009 casi la mitad de la población, 47%, estima que las desigualdades son hoy «mucho mayores» que las que había hace 20 años , compartida por los adherentes de todos los candidatos, incluso de Piñera, 49%. Un 20% opina que son «algo mayores». Es decir, más de dos tercios consideran que han aumentado durante cuatro gobiernos de centro-izquierda, un resultado que golpea la conciencia progresista de los gobiernos de la Concertación.
Hemos replicado algunas preguntas del National Election Study de los EE.UU. sobre las desigualdades y los resultados muestran que los chilenos somos bastante más críticos que los norteamericanos. Un 86% está de acuerdo con la afirmación «»uno de los mayores problemas en Chile es que no le damos a todos la misma igualdad de oportunidades», 35 puntos por encima de los norteamericanos; un 65% rechaza la afirmación «hemos ido demasiado lejos en presionar por la igualdad de derechos en Chile», el doble de la opinión que existe en el gran país del norte, considerado por buena parte de la élite política y económica como el modelo a seguir; un 65% rechaza la afirmación «el país estaría mucho mejor si se preocupara menos sobre cuanta desigualdad existe entre las personas», casi el doble del rechazo que existe en EE.UU., 39%.
¿Qué opinan los candidatos para disminuir las desigualdades? Jorge Arrate tiene propuestas, pero los otros tres no las tienen o no se conocen. Piñera la confunde con la disminución de la pobreza, que es otro tema. También hay desigualdades en países que han eliminado la pobreza. ¿Es viable a mediano plazo una democracia de calidad con este rechazo a las desigualdades? Hay quienes piensan que los buenos niveles de crecimiento, consumo y beneficios sociales darán estabilidad política. La «paz social» que tenemos, definida como el bajo nivel de conflicto social, confirmaría esa interpretación. Sin embargo, esto es un espejismo, porque es una paz ficticia, producida como consecuencia de la debilidad de los grupos de presión y de las asociaciones voluntarias, que no será indefinida. Además, nada impide que aparezca una figura que convoque a los perjudicados y los movilice para mejorar sus condiciones económicas y políticas. MEO se ha centrado en criticar a la Concertación, limitando la proyección de su operación política. La ausencia de demandas sociales no será indefinida (recordemos los pingüinos). Sostener que la disminución de las desigualdades se encuentra en la educación es desviar la atención sobre la importancia de un problema actual, que puede tener un alto nivel de conflictividad.
Estos (y otros) silencios de la campaña presidencial explican el menor interés que ha tenido entre los ciudadanos y las enormes dificultades que tienen los dirigentes de las cuatro candidaturas para movilizar a sus adherentes y la poca claridad sobre el desenlace de ella, aunque la oposición está más cerca que nunca antes de entrar a La Moneda.
*Carlos Huneeus es director del CERC.
