El caso está caratulado como el primer caso de detenido desaparecido en democracia y tiene a tres funcionarios de Carabineros procesados.
Tras la negativa del Juzgado de Garantía de Puerto Montt de acoger la petición del Ministerio Público de traspasar el proceso de investigación a la Justicia Militar, el abogado de la familia del menor José Huenante, Luis Correa Bluas, pidió la designación de un fiscal que se dedique exclusivamente a investigar el caso.
«Nosotros hemos solicitado formalmente al Fiscal Nacional, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la designación de un fiscal exclusivo para un caso que nos parece extremadamente grave», dijo el jurista a Radio Cooperativa.
Agrego que «mantenemos el planteamiento de que debe haber un fiscal y un Ministerio Público que no hayan vacilado tantas veces entre la formalización, que luego acusan y después desisten en la acusación».
El caso, caratulado como el primer detenido desaparecido en Democracia, tiene a tres funcionarios de Carabineros procesados por la desaparición del menor aunque sólo por el cargo de detención ilegal.
José Huenante Huenante tenía 16 años cuando desapareció de la faz de la Tierra. La madrugada del 3 de septiembre de 2005, según testigos, junto a otros jóvenes tomaban alcohol en una de las calles de la población Mirasol de Puerto Montt, cuando apedrearon a un vehículo de Carabineros, quienes se devolvieron para apresarlos.
Los mismos testigos señalan que el radiopatrullas 1375 de la Quinta Comisaría, un Nissan V16 con los colores institucionales de Carabineros, detuvo al menor. Uno de los adolescentes que estaba con Huenante era Pablo, quien en sus declaraciones afirma que la policía realizó una redada, huyendo todos del lugar a diferentes partes.
Dos testigos señalaron haber visto que el auto policial se había llevado detenido al adolescente, quien desde esa fecha no aparece.
En tanto, el gobierno, a través del ministro del Interior y del ministro Secretario General de la Presidencia, Edmundo Pérez Yoma y José Antonio Viera Gallo, respectivamente, rechazó un informe de Derechos Humanos que cataloga el caso como el primer detenido desaparecido en democracia.
«Me parece insólito que hablen de un detenido desaparecido en democracia. Esta es una persona que lo más probable que se trate de un homicidio. Si empezamos a analizar cada uno de los homicidios como cosas de detenidos desaparecidos, estamos poniendo en igualdad de condiciones a los detenidos en dictadura con problemas policiales y delictuales que se han producido», precisó Pérez Yoma en una oportunidad.
Por su parte, Viera Gallo afirmó que «nos parece completamente inexacto e inapropiado hablar de que en Chile haya un caso de detenido desaparecido (en democracia) y mucho menos parangonar esta situación con los crímenes que ocurrieron en el periodo de la dictadura».
Añadió que «en el concepto de detención y desaparición forzosa de personas hay detrás una idea de persecución y llamar así al caso que se alude no puede sino confundir a la opinión pública y es algo que esa universidad debiera aclarar de forma tajante».
