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Gobierno presentará 24 querellas por casos de ejecutados políticos

por 7 enero 2010

Gobierno presentará 24 querellas por casos de ejecutados políticos
Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.

El Gobierno presentará en los próximos días 24 querellas por otros tantos ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de los que diez no habían llegado nunca ante los tribunales de Justicia.

Así lo adelanta hoy el diario "La Nación", que precisa que las querellas serán presentadas por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en nombre "de la sociedad chilena" contra quienes resulten responsables de esos delitos, catalogados "de lesa humanidad".

Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.

Serán además las primeras acciones legales que emprende el Gobierno en el marco de las facultades que le otorgó la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Según el periódico, en estos casos podrían ser procesados agentes represores de la dictadura que hasta ahora han logrado permanecer al margen de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Hasta el momento, 779 antiguos agentes han sido enjuiciados y 279 han sido condenados en un total de 297 juicios por violaciones de los derechos humanos, que están a cargo de 22 jueces especiales.

Durante la dictadura unas 2.279 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 tienen la condición de detenidos desaparecidos, según estableció el informe Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

La Comisión Rettig y la Comisión Valech, que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos también durante la dictadura de Pinochet, serán reabiertas en las próximas semanas y durante seis meses, por iniciativa del Gobierno, para recoger nuevos datos, desconocidos hasta ahora.

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