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Religioso pagó a menores por servicios sexuales

Sename: “La Iglesia Católica podría ser cómplice si sabía lo del párroco de Melipilla”

por 8 enero 2010

Sename: “La Iglesia Católica podría ser cómplice si sabía lo del párroco de Melipilla”
"El que ha tenido conocimiento de la comisión de un delito o que ha colaborado en su ejecución puede ser considerado cómplice en la investigación judicial, es decir, puede haber una sanción en ese sentido”, sostuvo el director del organismo.

La Iglesia Católica podría tener una responsabilidad penal en calidad de “cómplice” si es que se llega a comprobar que conocía los antecedentes por abuso sexual de menores por parte del párroco de Melipilla, Ricardo Muñoz Quinteros.

Así lo aseguró este viernes el director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Eugenio San Martín.

“El que ha tenido conocimiento de la comisión de un delito o que ha colaborado en su ejecución puede ser considerado cómplice en la investigación judicial, es decir, puede haber una sanción en ese sentido”, sostuvo Martínez en radio ADN.

En ese sentido, dijo que “la responsabilidad de las instituciones, cualquiera que sea es que estos antecedentes no pueden ser guardados sólo en una investigación interna. Cuando hay un delito tenemos todos la obligación de poner esos delitos en conocimientos de las autoridades competentes”.

En esa línea, indicó que “si en este caso hubo información por parte de la Iglesia de este sacerdote (Muñoz Quinteros) y no hizo las denuncias correspondientes creo que eso es un hecho grave y es un hecho de cual tendrá que hacerse cargo, porque cuando uno tiene la posibilidad de detener un abuso o un maltrato es precisamente cuando hay que tomar las medidas que corresponden”.

Usaba automóvil del Obispado

El miércoles pasado, el Tribunal de Garantía de Curacaví determinó la prisión para el sacerdote, acusado también del abuso de una hija de cinco años.

La misma medida se dispuso para su pareja Pamela Ampuero Escobar, quien enfrenta cargos por facilitar la prostitución infantil, ya que presuntamente contactaba a las adolescentes a cambio de dinero.

Las fuentes detallaron que el sacerdote pagaba entre 20.000 y 30.000 pesos a las menores, a las que llevaba a moteles de localidades cercanas y de Santiago para cometer los abusos, para lo cual utilizaba un automóvil perteneciente al Obispado de Melipilla.

Cristián Cáceres, el fiscal que investiga el caso, señaló que el religioso y su pareja tienen al menos tres hijos.

La justicia solicitó al Tribunal de Familia que adopte las medidas de protección necesarias en el caso de los hijos de los imputados "toda vez que, conforme el peritaje relativo al abuso sexual", la madre no es figura protectora.

Además, se estableció un plazo de 90 días para la investigación, donde se realizarán pruebas médicas para determinar si una de las menores abusadas resultó embarazada.

Asimismo se revisara si se configura el delito de almacenamiento de pornografía infantil, ya que la mujer sacaba fotografías de las adolescentes para entregárselas al religioso.

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