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Cámara aprobó lapidario informe contra Central Los Robles

AES Gener en la mira del Parlamento

por 14 enero 2010

AES Gener en la mira del Parlamento
La aprobación de tres de sus centrales eléctricas ha sido fuertemente cuestionada. Tanto, que la compañía a la que están ligados hombres claves de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y el Gobierno, tuvo que paralizar la Construcción de Campiche tras un fallo de la Corte Suprema. Paralelamente, la Comisión de Recursos Naturales investigó la luz verde a la termoeléctrica Los Robles y la hidroeléctrica Alto Maipo. Y las conclusiones no son alentadoras.

Hace siete meses la Corte Suprema falló unánimemente contra la autorización ambiental entregada por la Corema de Valparaíso a la central termoeléctrica Campiche, de AES Gener, por lo que debieron paralizar  el proyecto.

La decisión de tribunales gatilló el movimiento de varios ministros para revertir la situación, la que hasta el minuto no ha tenido éxito. Por ello, desde la compañía estadounidense están analizando interponer una demanda contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Otra mala noticia para Gener, a la que están ligados hombres claves de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y el Gobierno, se catapultó este martes, cuando la Cámara Baja aprobó, también por unanimidad -73 votos- un informe de la Comisión de Recursos Naturales que critica duramente la luz verde dada por el organismo ambiental de la región del Maule a otra termoeléctrica de la compañía: Los Robles, ubicada en la comuna de Constitución, en el sector de Punta Pacoco.

Otro proyecto energético cuestionado de la compañía, en cuyo directorio está el ex ministro de Energía, Economía y Minería de Lagos, Jorge Rodríguez Grossi, es la Central hidroeléctrica Alto Maipo, que también está en la mira de la Comisión presidida por Sepúlveda.

Según el documento, “la información entregada por el titular no garantiza que el proyecto no afectará el medio ambiente ni los medios de subsistencia tanto de agricultores como de pescadores”.

Cita como ejemplo que los problemas como los generados por la lluvia ácida y por la lixiviación de metales pesados y compuestos orgánicos hacia las aguas subterráneas no son abordados con la profundidad necesaria. Además, critica la falta de medidas mitigadoras para diversos sectores e industrias que se verán afectadas por las emisiones de la planta.

El texto también  censura el actuar de los servicios que participaron en la evaluación del Estudio de Impacto ambiental (EIA) del proyecto, señalando que no analizan “en profundidad y con espíritu crítico” las respuestas recibidas por parte de la compañía, y “tienden a aceptarlas sin mayor análisis”.

Entre otros puntos, el informe detalla que se identificaron prácticas de dilución de responsabilidades y falta de prolijidad, así como la constatación de que algunas instituciones aprobaron el EIA pesar de que había observaciones sin responder o incompletas, delegándolas a “condiciones que el titular debe satisfacer a futuro, sin aclarar quienes, cuando y cómo fiscalizarán el cumplimiento de esos compromisos”.

Para el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Roberto Sepúlveda, “los servicios no pueden limitarse a ver si el proyecto cumple o no con la norma: deben preguntarse si la tecnología que se va a usar va a permitir cumplir con normas cada vez más rigurosas. Y en este caso no fue así”.

En vista de esto, la Cámara acordó enviar el informe a la Contraloría General de la República y a la Corte Suprema, donde hay tres recursos contra el proyecto liderados por la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA).

“El objetivo es que la Corte lo tenga como antecedente, porque es muy categórico. La Corte de Apelaciones no tuvo estos documentos y creemos que judicialmente la empresa quedará muy encajonada”, asegura Sepúlveda.

Según el diputado Roberto León, consideraron fundamental que la Contraloría “analice administrativamente el comportamiento de los funcionarios que intervinieron en la elaboración de los informes y los responsables de los mismos en los distintos servicios. Nos llamó mucho la atención la desprolijidad y desidia en la aprobación de este proyecto”.

Alto Maipo en la mira

Otro proyecto energético cuestionado de la compañía, en cuyo directorio está el ex ministro de Energía, Economía y Minería de Lagos, Jorge Rodríguez Grossi, es la Central hidroeléctrica Alto Maipo, que también está en la mira de la Comisión presidida por Sepúlveda.

Hace un año iniciaron una investigación para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y determinar las eventuales responsabilidades involucradas en la evaluación del proyecto ubicado en la cuenca alta del río Maipo, aprobado por la Corema RM en marzo de 2009.

En diciembre, finalizó la investigación y las conclusiones no son alentadoras para la central hidroeléctrica. Una de las principales críticas, apunta a que su operación podría afectar la seguridad y calidad del abastecimiento de agua potable y de riego de la Región Metropolitana, impactando además la sedimentología de los recursos naturales de la zona.

En este sentido, el documento indica que los efectos más importantes están relacionados con la degradación irreversible de la cuenca del río Maipo, debido a la utilización de caudales que significarían la destrucción de las subcuencas Volcán, Yeso y Colorado, alimentadora del río Maipo.

Por ende, existiría un potencial riesgo sobre la disponibilidad de agua potable de la región y desabastecimiento de riego en algunas comunas. También podría verse afectado el monumento nacional El Morado, al igual que la actividad turística de la zona.

Según Sepúlveda, pudieron observar “situaciones ilegales, derechamente presiones indebidas, como la de de la directora de Conaf -Catalina Bau-e interpretaciones torcidas donde no se aclaran conceptos fundamentales”.

Lo más probable es que este informe sea votado por la Sala en marzo. Y dados los antecedentes, todo apunta a la decisión de la Cámara “será tan unánime como lo fue con los Robles”, asegura el parlamentario.

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