Aún no se instala en el sillón presidencial, pero Sebastián Piñera ya tiene el difícil desafío de buscar una fórmula que impida la rigidización de las posiciones entre la derecha y la Concertación en materias laborales. Por lo pronto, mientras los empresarios ven con optimismo el desempeño del electo mandatario en este aspecto, los dirigentes sindicales observan con preocupación las propuestas sobre flexibilización y la eliminación de las indemnizaciones por años de servicio.
La euforia de los empresarios con la llegada de uno de sus pares a La Moneda sólo se explica por la necesidad de concretar algunas aspiraciones que, desde hace mucho, preocupan al sector y no han encontrado eco en los gobiernos de la Concertación. La flexibilidad laboral y la eliminación de la indemnización por años de servicio son los más controvertidos, por los efectos que podrían generar en el mundo del trabajo. Desde el empresariado, ambos son vistos como trabas para el aumento del empleo. Una postura radicalmente opuesta han manifestado diversos dirigentes de los trabajadores.
Durante la segunda mitad del actual gobierno, que llega a su fin, ha estado en debate la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de reforma laboral que permita mejores condiciones de negociación. Cuando se comenzó a plantear la idea de la iniciativa, justamente se buscaba contrarrestar la situación que aún enfrentan los trabajadores, de manera tal de darles más estabilidad y mejores trabajos. Paralelamente, los representantes de los empresarios insisten en que la solución para terminar con el desempleo y la inestabilidad laboral está en la flexibilidad y la eliminación de la indemnización por años de servicio.
Las fórmulas para concretar estas iniciativas ya han comenzado a surgir, pero no terminan de convencer a la Concertación, donde ha habido emblemáticos defensores de materias como el perfeccionamiento de la negociación colectiva. El ex ministro del Trabajo y actual diputado electo por Puente Alto, Osvaldo Andrade (PS), es uno de ellos. Aunque guardó las esperanzas de que el gobierno enviara un proyecto de reforma laboral hasta último minuto, a estas alturas admite que las perdió.
[cita]Scapini señala que “si no se quiere que Chile comience a tener conflictos sociales, será necesario generar un gran pacto social que permita un desarrollo más equilibrado” del que se ha producido hasta ahora.[/cita]
Andrade tiene la convicción de que, tal como están las cosas, durante el gobierno de Sebastián Piñera “se va a intentar un gran retroceso en materia laboral. Y este año se iba a hablar de negociación colectiva”, apunta con nostalgia. Explica que tenía la esperanza de que la actual administración optara por “cerrar bien el capítulo”, aludiendo al envío de las reformas laborales, pero aclara que “ya no estoy optimista”. El diputado electo estima que habría sido mucho mejor para la Concertación “defender un proyecto de ley de Bachelet (en materia laboral)”, que enfrentar uno de Piñera.
Desde el Ejecutivo aseguran que el proyecto está elaborado y a la espera que se tome la decisión de despacharlo al Congreso, pero lo cierto es que no ha habido hasta ahora señales concretas de que la normativa se enviará antes del 11 de marzo. En este escenario, las probabilidades de que el Parlamento deba analizar un proyecto de “reformulación” de las indemnizaciones por años de servicio (IAS), como prefiere llamarlo la derecha, y de flexibilización laboral al estilo empresarial, son altas.
Para el economista de la Universidad Central, Juan Carlos Scapini, “estamos en un sistema que es bien complicado, porque unos entienden una cosa por flexibilidad laboral y otros otra distinta”. A su juicio, con medidas como la flexibilización y la eliminación de las IAS, algunos “buscan bajar los costos laborales”, cuando en un país como Chile “se requiere integrar la legislación laboral al modelo económico”. Pensando en la necesidad que existe de hacer más equitativa la distribución del ingreso y la aspiración de llegar a ser una nación desarrollada –base del discurso económico del nuevo gobierno-, Scapini advierte que “no se conoce ningún país desarrollado que tenga una distribución tan regresiva del ingreso”.
Respecto de la eliminación de las IAS, más concretamente, explica que el tema habría que ligarlo necesariamente “a otras variables no sólo como el seguro de desempleo, sino también al tema de la sindicalización”.
El experto de la Universidad Central admite que si el actual gobierno quisiera, podría enviar ahora al Congreso un proyecto de Reforma Laboral como el que se había planteado, que implica el fortalecimiento de la negociación colectiva y la sindicalización entre otras medidas, pero aclara que ello “no tendría una implicancia mayor”. La razón le parece obvia y es que las urgencias las maneja el gobierno de turno. Por lo que si esos temas, que la derecha históricamente se ha negado a debatir, no le interesan a la nueva administración, “pueden dormir en el Congreso durante muchos años”.
Sin embargo, dándole una mirada objetiva a lo que puede ser el gobierno de Piñera durante los próximos cuatro años, Scapini señala que “si no se quiere que Chile comience a tener conflictos sociales, será necesario generar un gran pacto social que permita un desarrollo más equilibrado” del que se ha producido hasta ahora. Porque las diferencias entre la Concertación y la derecha para abordar los temas laborales “pueden rigidizar posiciones”.
Por lo pronto, en el comando piñerista, o “La Moneda chica” como se le ha comenzado a llamar, aseguran que hasta ahora al menos no está resuelto que los temas laborales sean considerados en la carta de navegación de los primeros cien días del gobierno, aunque reconoce que eso podría variar. Sólo la próxima semana quedarán definidas las medidas a las que se les dará urgencia en ese período, aclara una fuente que conoce en profundidad el tema.
En materia legislativa, sostiene la misma fuente, “tenemos que irnos con calma, porque no sólo hay que aprobar una ley, sino también ejecutarla”. Lo que se suma a lo planteado por otro personero piñerista que no duda en hacer hincapié en la falta de experiencia que su sector tiene en materias de gobierno.
