En el procedimiento penal, los niños y niñas víctimas de un delito violento, declaran un mínimo de 4 veces: ante la policía, la Fiscalía, el Servicio Médico Legal y en el Juicio Oral, e incluso pueden ser nuevamente requeridos para tal efecto. Una iniciativa legal de la Comisión Defensora Ciudadana y la Corporación de Asistencia Judicial RM pretende reducir los impactos del procedimiento.
Con el objetivo de evitar la “victimización secundaria” (retraumatización psicológica) en niños y niñas víctimas y testigos de delitos violentos, la Comisión Defensora Ciudadana y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, dieron a conocer hoy un proyecto de reforma al Código Procesal Penal, con el cual buscan limitar y mejorar la declaración de los afectados “y propiciar que las investigaciones sean procesos más adecuados a la reparación de la dignidad de las víctimas, que en este caso son las más susceptibles”.
La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, aseguró que uno de los argumentos para sostener la necesidad de la declaración de los niños y niñas o adolescentes en el juicio oral, es el principio de la “bilateralidad” de la audiencia; es decir, que todas las partes puedan efectuar su interrogatorio.
“Se ha sostenido la necesidad de la inmediación de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal con la prueba rendida. Pero con la exhibición de un registro audiovisual se puede suplir aquello, y así respetar los tratados internacionales, principalmente la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a proteger a los niños, niñas y adolescentes en sus intervenciones judiciales”, fundamentó Mlynarz.
Por su parte, la directora general de la Corporación de Asistencia Judicial RM, Alejandra Krauss Valle, señaló que “esta propuesta se enmarca en la necesidad de introducir modificaciones al Código Procesal Penal, que no hace distinciones en el trato entre niños y adultos, de modo de adecuar la normativa legal vigente, con instrumentos internacionales sobre la materia. A partir de nuestra vasta experiencia en la atención y representación legal de víctimas de delitos violentos, el trato que reciben los niños y niñas en los procesos penales, debe mejorar sustancialmente, evitando volver a victimizarlos, institucionalizando un tratamiento especial que nace de una mayor vulnerabilidad y del especial respeto que el Estado les debe proveer”.
