El abogado de la familia, Alberto Morgado, presentó hoy ante el séptimo Juzgado de Garantías de Santiago una querella criminal por casi delito de homicidio «contra quien resulte responsable» por esos hechos, determinación que quedará a manos de la fiscal que deberá investigar el caso.
Un ciudadano que perdió a su mujer y a su cuñada en el tsunami que arrasó parte de la costa el pasado 27 de febrero presentó este miércoles la primera demanda judicial por la decisión de las autoridades de no alertar sobre la posible llegada de una ola gigante después del terremoto.
El demandante, Hugo Fuentealba, perdió a sus familiares en el tsunami que afectó a Dichato, en la región del Biobío.
El abogado de la familia, Alberto Morgado, presentó hoy ante el séptimo Juzgado de Garantías de Santiago una querella criminal por casi delito de homicidio «contra quien resulte responsable» por esos hechos, determinación que quedará a manos de la fiscal que deberá investigar el caso.
Según explicó Morgado a la salida de ese juzgado, la familia de Hugo Fuentealba se encontraba en Dichato la noche del sismo de 8,8 grados Richter, después del cual se apresuraron a subir a los cerros más cercanos para resguardarse del mar.
Mientras esperaban el amanecer, la familia sintonizó una radio argentina, a través de la cual oyeron el mensaje de la entonces la Presidenta, Michelle Bachelet, que tranquilizaba a la población asegurando que no había riesgo de tsunami.
Tras oír el mensaje, la familia decidió retornar a su alojamiento, donde pasadas dos horas del devastador terremoto, llegó el mar y los arrastró a todos, causando la muerte de Eliana Lema y Nancy Lema.
«Éste es un caso claro de negligencias, imprudencias, de omisiones e incluso acciones irresponsables en un contexto de tener el monopolio absoluto de la información», afirmó Morgado, quien ha recibido peticiones para representar a numerosos familiares de víctimas del tsunami.
Según el abogado, «se dijo categóricamente a la gente que podía regresar a sus casas, que no había riesgo de tsunami, y la gente que estaba en los cerros, creyó en las autoridades, decidió bajar, y ello les causó la muerte».
«Yo no acuso a nadie en particular, menos a la (ex) presidenta. Ella dijo lo que le dijeron», señaló Fuentealba, para quien las responsabilidades están en aquellos profesionales que debieron haber informado adecuadamente.
Después del fuerte terremoto, un tsunami afectó a algunas zonas costeras del sur del país, especialmente en las regiones del Maule y del Biobío, y arrasó con las localidades cercanas al mar causando decenas de muertos y desaparecidos.
La situación generó una fuerte polémica entre la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) sobre la deficiente respuesta de ambos organismos ante el desastre natural.
La crisis derivó en la destitución del entonces director del SHOA, Mariano Rojas, y en la posterior renuncia de la directora de la Onemi, Carmen Fernández, sólo un día antes de que Michelle Bachelet dejara la Presidencia en manos de Sebastián Piñera, el pasado día 11.
«Todas las autoridades tendrán que presentar declaración», afirmó hoy Morgado, para quien «es imprescindible llegar a la verdad».
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, también anunció este martes una investigación para determinar las responsabilidades tanto de la Marina como de la Onemi, dependiente del Ministerio del Interior, por no alertar del tsunami.
La catástrofe causó cerca de medio millar de muertos identificados, decenas de desaparecidos, dos millones de damnificados y daños estimados en cerca de 30.000 millones de dólares. Además, hasta ahora se han producido más de 300 réplicas.
