Según los parlamentarios, la actual normativa de telecomunicaciones es antigua y obsoleta por “responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones que, por largos años, han hecho lobby para que no se modernice la ley y, por lo tanto, poder ampararse en estos verdaderos vacíos legales” para no indemnizar a los usuarios afectados por la suspensión del servicio producido por efecto de la catástrofe del 27 de febrero y días posteriores.
Como “insuficientes” calificaron este jueves los diputados de la UDI Gonzalo Arenas y Gustavo Hasbún las explicaciones que han dado las empresas de telefonía móvil sobre posibles compensaciones e indemnizaciones a los usuarios afectados por los cortes de servicio producidos durante y post terremoto del 27 de febrero pasado, señalando además que las compañías se están “amparando” en los vacíos que existen en la actual ley de telecomunicaciones, mismos que se mantienen debido al lobby realizado por estas compañías para no modernizar la normativa. Por lo que junto con instar a la pronta creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, anunciaron la presentación de un proyecto de acuerdo para modificar la actual ley.
En este sentido, Arenas explicó que la actual normativa “es antigua, es obsoleta, no comprende a todos los usuarios”, por lo que según la respuesta que han dado las empresas de telefonía quedarían fuera de eventuales indemnizaciones todos los usuarios de telefonía prepago “que son cerca del 80 por ciento” de los clientes de celulares. Lo mismo ocurriría con las prestaciones de internet, pues la actual ley no contempla este sistema. Y, por último, los usuarios quedarán –dijo- “al arbitrio de lo que es el concepto de fuerza mayor, porque la ley tampoco especifica qué se entiende por fuerza mayor para efecto de indemnizaciones”.
Arenas apuntó, además, a que si la actual ley de telecomunicaciones es “antigua y obsoleta es principalmente responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones que, por largos años, han hecho lobby para que no se modernice la ley y, por lo tanto, poder ampararse en estos verdaderos vacíos legales”.
De allí que ambos parlamentarios hicieran un llamado a acelerar el trámite de la propuesta que se analiza en el Ministerio de Transportes relativa a la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones que sea capaz de fiscalizar y sancionar “como corresponde a las empresas de telefonía y, especialmente, de telefonía móvil ante este tipo de indefensión en que se encuentran los usuarios”.
Por su parte, Hasbún señaló que en el actual escenario la opinión pública se ha visto sometida a un verdadero “engaño”, porque las empresas se escudan en el resquicio de la “fuerza mayor” para no indemnizar a los usuarios. Por lo que “exigimos (a las empresas) que así como tratan de vender una imagen habiendo apoyado la reconstrucción en la Teletón que se hizo para apoyar a la gente, debemos decir que esos mil millones de pesos que aportaron algunas empresas de telecomunicaciones no son ni siquiera el cinco por ciento de lo que deben devolverle a todos los usuarios de la telefonía móvil”.
En este contexto, Hasbún recalcó que lo que estas compañías están haciendo “no es sólo un engaño, un abuso”, sino que “ellos están lucrando ante la necesidad de la gente, tratando de vender una imagen de responsabilidad social que no tienen”. Por lo mismo que anunció la presentación de un proyecto de acuerdo a través del cual solicitarán formalmente al gobierno la modificación sustancial a la ley de telecomunicaciones, donde se incorporen los derechos de los usuarios y donde se pueda resguardar los intereses de las personas que se sientan afectadas”.
Paralelamente, esperan reunirse la próxima semana con el director del Sernac, Sergio Corvalán, para pedirle que el organismo haga cumplir la ley del consumidor “y le exija a las empresas, ya sea por la vía administrativa o judicial, cumplir con su obligación, que en esta caso es indemnizar a la gente afectada”.
Ello, porque según aclaró Hasbún, aunque “Movistar que ha sido (una de las empresas) que ha dicho o ha estado más proclive a cumplir, entre comillas, lo que dice la ley, también es una de las empresas que se ampara dentro de lo que es la “fuerza mayor”. Ellos están dispuestos entregar algunas garantías o entregar algunas soluciones a la gente por los días que fue afectada, que son ciertos descuentos, pero en la práctica nadie está dispuesto -ninguna de las tres empresas de telefonía móvil- a indemnizar”.
Para concluir, Hasbún fue categórico en advertir que “sin duda, cuánta gente se hubiera salvado si, efectivamente, la telefonía móvil hubiera podido operar el día 27 de febrero en las zonas afectadas por el terremoto y por el posterior maremoto”. Mientras que Arenas subrayó que “el daño patrimonial de las empresas de telefonía móvil se calcula en 190 millones de dólares, 190 millones de dólares que en un cien por ciento están cubiertos por seguros, por lo tanto, impacto en los costos y en la estructura financiera de las empresas de telefonía móvil, en el corto y mediano plazo, prácticamente no van a existir”, por lo que a su juicio ésta “es una industria que ha salido bastante bien parada del terremoto en cuanto a costos financieros”.
