El fallo, dictaminado por la II Sala Penal de la Corte Suprema, condenó a cinco años de prisión al general retirado de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunguer, uno de los jefes del llamado «Comando Conjunto».
La Corte Suprema condenó este martes, en un fallo definitivo, a seis agentes de un grupo represivo que operó durante la dictadura de Augusto Pinochet por la desaparición de un regidor comunista, informaron fuentes judiciales.
El fallo, dictaminado por la II Sala Penal de la Corte Suprema, condenó a cinco años de prisión al general retirado de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunguer, uno de los jefes del llamado «Comando Conjunto», un grupo represor que aglutinaba a efectivos de diversas instituciones armadas y también a agentes civiles.
La misma pena recibieron César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola, Eduardo Cartagena Maldonado y Manuel Muñoz Gamboa, este último ex oficial de Carabineros.
Otto Trujillo Miranda, en tanto, fue sentenciado a 541 días de prisión, mientras un séptimo procesado, el ex oficial de la Marina Daniel Guimpert Corvalán, fue absuelto por falta de participación.
Palma Ramírez, Trujillo, Ruiz Bunguer y Muñoz Gamboa, los dos primeros civiles, han cumplido otras sentencias en otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En su fallo, la Corte Suprema otorgó a todos los detenidos, con excepción de Palma Ramírez, el beneficio de la libertad vigilada.
La sentencia de hoy se refiere al secuestro calificado (desaparición) de Humberto Fuentes Rodríguez, obrero y militante del Partido Comunista y ex regidor del municipio santiaguino de Renca, que fue detenido por agentes del Comando Conjunto el 4 de noviembre de 1975 en Santiago.
De 59 años y padre de seis hijos, Fuentes Rodríguez fue secuestrado desde su lugar de trabajo, un taller de cerrajería, en presencia de varios testigos, que vieron que los autores se movilizaban en vehículos con el logotipo de la Fuerza Aérea.
Según se pudo establecer en el proceso, el obrero fue llevado a una base aérea de la localidad de Colina, a 35 kilómetros al noreste de Santiago, donde según el testimonio de Andrés Valenzuela Morales, un agente que posteriormente desertó, fue torturado durante varias semanas.
En los últimos días de 1975, Fuentes Rodríguez y otros detenidos fueron drogados e introducidos en un helicóptero que se dirigió hacia el mar, a la altura del puerto de San Antonio.
Durante el vuelo el ex regidor recuperó la conciencia, por lo que un soldado le pegó con un trozo de hierro en la cabeza, le abrió el vientre con un ‘corvo’ (cuchillo de combate del Ejército) y lo lanzó al mar. El mismo destino tuvieron los otros detenidos.
En la parte civil del proceso, la Corte Suprema condenó al Estado a pagar una indemnización de 80 millones de pesos a Humberto Fuentes Godoy, hijo de la víctima.
