El padre de los jóvenes asesinados el 29 de marzo dijo que espera que el máximo tribunal «pueda ratificar la sentencia» que condena a los tres carabineros como autores del crimen.
La segunda sala de la Corte Suprema revisó este jueves las condenas por el asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, ocurrido el 29 de marzo de 1985 en Villa Francia, Estación Central.
Los ministros que revisaron la sentencia fueron Nibaldo segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsmüller, quienes escucharon los alegatos de los abogados querellantes Hiram Villagra y Magdalena Garcés, del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Al respecto el abogado Villagra expresó que en los alegatos «fundamentalmente señalamos que la sentencia dictada por el ministro Gajardo en su momento era adecuada (…) creemos que la pena de 15 años y un día era adecuada. Tenemos la confianza de que el tribunal rechazará el recurso y mantendrá la sentencia».
En junio de 2009 la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo del ministro Carlos Gajardo quien sentenció al carabinero Jorge Marín Jiménez a 15 años y un día de presidio como autor del homicidio calificado de Rafael Vergara y por homicidio simple de Eduardo Vergara, también al uniformado Alex Ambler Hinojosa condenado a 10 años y un día de presidio como autor del homicidio simple de Rafael Vergara, y al carabinero Francisco Toledo Fuentes a 10 años y un día de presión como autor del homicidio simple de Rafael Vergara. En tanto el tribunal decidió absolver al uniformado Marcelo Muñoz Cifuentes.
Todos ellos son representados pro el abogado Mauricio Unda.
Finalmente el padre de los hermanos, Manuel Vergara Mesa, expresó que espera «que la (Corte Suprema) pueda ratificar la sentencia que tienen los tres carabineros que asesinaron a mis hijos, Eduardo y Rafael, uno está condenado a 15 años y otros dos a 10 años; esa es mi esperanza porque pienso que el caso de mis hijos es simbólico en cierto sentido y a la sociedad chilena le haría un favor que la sala penal ratifique la pena establecida por la Corte Suprema».
