Ellas fueron “fríamente calculadas” para presentar antes del 21 de mayo una situación caótica desde el punto de vista financiero y de personal, dicen los dirigentes.
Como una manipulación informativa destinada a crear una atmósfera favorable al desmantelamiento de FONASA y una mayor privatización en el ámbito de la salud calificó la Asociación Metropolitana de Funcionarios de este servicio las cifras entregadas al Parlamento por el ministro Jaime Mañalich y el Director del Fondo Nacional de Salud Mikel Uriarte en días pasados.
Ellas fueron “fríamente calculadas” para presentar antes del 21 de mayo una situación caótica desde el punto de vista financiero y de personal, dicen los dirigentes. Obviamente con la finalidad posterior de justificar despidos masivos de funcionarios que van a debilitar, entre otras cosas, el escaso poder fiscalizador de FONASA frente a los prestadores de salud. Ello “a los únicos que favorece es a los prestadores privados”, a cuyos intereses, como es de público conocimiento, están ligados estrechamente ambos altos funcionarios.
En una Declaración emitida en la tarde de ayer, los trabajadores sostienen que la contratación de última hora a la cual hace referencia el ministro Mañalich “data de finales del año 2008 y fue producto de una discusión parlamentaria consensuada y expresada en la Ley 20.314” que permitió, vía presupuesto, contratar a 397 funcionarios para reforzar a FONASA frente a las nuevas demandas del sector, en especial el Plan Auge. Y saldar además una deuda histórica arrastrada desde los años 80 en que se privatizó la salud y se aplicó el modelo de subcontratación en sus servicios, según explica Lidia Paredes, Presidenta Nacional de la Asociación de Funcionarios, en una circular entregada a sus miembros la tarde del martes 18 de mayo.
A su vez, sostienen los dirigentes metropolitanos, llama enormemente la atención que se desee proyectar la imagen de un caos financiero, con una deuda abultada de manera artificial, lo que genera la impresión de que buscara transformar a FONASA en un seguro operado por manos privadas. Llaman la atención además que parlamentarios que votaron la ley el año 2008 y conocen perfectamente la situación, u otros que incluso provienen del sector salud, carezcan del mínimo de rigurosidad para examinar las cifras y datos que se les entrega, y menos aún inviten a los funcionarios a la Comisión respectiva de la Cámara para escuchar sus opiniones.
