Patricio Herman destacó la labor del abogado Gustavo Cruzat en la defensa de los derechos conculcados de una vecina que tuvo que soportar por mucho tiempo el abuso de una inmobiliaria.
La Fundación Defendamos la Ciudad denunció este sábado que las constructoras introducían de forma clandestina elementos de acero en los subterráneos de las viviendas colindantes, ocasionando a los dueños de los inmuebles una infinidad de daños en las estructuras.
El organismo de defensa ciudadano dijo que la Contraloría General ofició un dictamen, el número 18.880, en el que se pone freno a la “insana y abusiva práctica que han estado utilizando las constructoras”.
Explica que la ejecución de estas faenas de socalzados, entibaciones y tensores subterráneos se han posibilitado porque los directores de Obras Municipales, “para no incomodar a la industria constructora, las han tolerado inicialmente con la anuencia del ministerio de Vivienda y Urbanismo”.
Patricio Herman manifestó que «desde hace años, con la Red Ciudadana por Ñuñoa, estamos denunciando esta violación al derecho de propiedad de aquellos que tienen la mala suerte de residir al lado de sitios en donde se levantan edificios en altura, cuyos titulares, sin contar con la anuencia de los vecinos colindantes, les introducen bajo el nivel del suelo estos elementos que ocasionan perjuicios en los muros y pisos de sus casas, como también en las bases del asentamiento de las mismas”.
Herman sostiene que el municipio de Ñuñoa es el que más se ha caracterizado por amparar estas prácticas ilegales, destacando la labor del abogado Gustavo Cruzat, quien ha defendido los derechos conculcados de una vecina que tuvo que soportar por mucho tiempo el abuso de una inmobiliaria.
Explicó que se hicieron las gestiones necesarias para que el ministerio de Vivienda emitiera una circular aclaratoria, la cual fue recientemente convalidada por la Contraloría.
Herman dijo que el ente fiscalizador ha declarado que estas obras de socalzado y demases, bajo los terrenos de los vecinos, no están contempladas en la legislación respectiva y que, de producirse la introducción de tales elementos en los predios colindantes al del proyecto de edificación, se configura una situación de naturaleza litigiosa, de acuerdo al mandato del Código Civil.
De tal forma, desde ahora se deberá respetar el derecho de propiedad de tales vecinos, tal como lo ordena la Constitución Política del Estado y “si una constructora desea utilizar el subterráneo colindante al suyo, tendrá que suscribir un convenio con su vecino en donde se establezcan las condiciones de compensación monetaria, si es que éste accede a firmarlo. En caso contrario, no se podrá introducir en el sitio ajeno, lo cual es coherente con el Estado de Derecho”.
