La abogada y ex diputada Laura Soto presentó la demanda en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la que exige una indemnización de 600 millones de pesos.
La familia de un hombre que murió a consecuencia del tsunami que el 27 de febrero azotó la isla Robinson Crusoe presentó este viernes la primera demanda civil contra el Estado por la decisión de las autoridades de no alertar sobre la posible llegada de una ola gigante tras el terremoto.
La abogada y ex diputada Laura Soto presentó hoy la demanda en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la que exige una indemnización de 600 millones de pesos en representación de la familia de Juan Roberto Palma Azócar.
Esta demanda civil se suma a las numerosas demandas judiciales, la primera de ellas el 17 de marzo, que se han presentado por la decisión de no advertir sobre la posible llegada de un maremoto a las costas.
Palma Azócar falleció junto a su esposa, Isabel del Carmen Araya Pino, en la isla Robinson Crusoe, perteneciente al archipiélago Juan Fernández, situado a unos 700 kilómetros de las costas y que depende de la región de Valparaíso.
En esa isla, la única habitada del archipiélago, no se percibió el terremoto de 8,8 grados Richter que sacudió el centro y sur del país, pero pocos minutos después, una ola barrió las zonas más bajas de la isla y causó varias muertes.
«Está clarísimo que existe un daño que es la muerte de Juan, que existe un hecho causal respecto de su muerte y nosotros estamos acreditando con un certificado que murió por sumersión y, por lo tanto, esto fue fruto del tsunami que nunca fue alertado», afirmó la abogada.
Esa madrugada se produjo una descoordinación entre la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), que emitió una alerta de tsunami que no llegó a ser comunicada a la población y que poco después retiró.
La crisis derivó en la destitución y posterior expulsión de la Marina, del entonces director del SHOA, Mariano Rojas, y en la posterior renuncia de la directora de la Onemi, Carmen Fernández.
La descoordinación entre ambas instituciones es objeto de una investigación tanto por parte de la Fiscalía como por parte de una comisión especial creada en la Cámara de Diputados para dilucidar las responsabilidades en lo ocurrido.
Según las últimas cifras oficiales, un total de 521 personas murieron y 56 están desaparecidas tras el terremoto y posterior maremoto, de las cuales al menos un centenar perdieron la vida a causa del tsunami.
