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Contraloría descubre irregularidades en Programa Orígenes

por 3 julio 2010

Contraloría descubre irregularidades en Programa Orígenes
La entidad instruyó la aplicación de varios sumarios administrativos y derivó los datos al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para que determinen si existen delitos en las irregularidades.

El organismo contralor detectó, en la Fase II del Programa Orígenes, varias irregularidades como carencia de procedimiento de control, rendiciones millonarias aún pendientes, inexistencias de auditorías internas y múltiples fallas en los estamentos que ejecutaron los fondos.

Según señala El Mercurio, el programa ha sido objeto de diversas y constantes auditorías por parte de la Contraloría General.

En noviembre pasado la Contraloría ya había emitido un informe sobre el mismo tema, en donde advirtió la existencia de rendiciones de fondos pendientes por más de 8.000 millones, lo que llevó al anterior gobierno a nombrar a un asesor externo y se anunciara la ejecución de auditorías internas.

La entidad de control señaló que falta información sobre la ejecución de 4.339.630.000 en fondos que fueron entregados a comunidades indígenas, entidades y personas naturales beneficiarias del programa.

Además, la auditoría incluyó a otras instancias como Indap, Conaf, el ministerio de Salud y de Educación, los cuales también ejecutaron dineros del programa que fueron financiados en parte por un crédito del BID.

El Mineduc es el estamento que mayor cantidad de dinero debe rendir, por lo que la Contraloría solicitó definir el uso y destino de los fondos disponibles en la cuenta corriente para ese ítem, el cual asciende a los 1.l085.435.000.

Además, se estableció que muchos funcionarios ocuparon minutos de celular en exceso sin reembolsarlo, además de facturas y documentos que se usaron para justificar varias operaciones y que no existen mayores respaldos de los desembolsos hechos en iniciativas para capacitar a los consejeros indígenas.

Por tal motivo, la entidad instruyó la aplicación de varios sumarios administrativos y derivó los datos al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para que determinen si existen delitos en las irregularidades.

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