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Accionistas privados de La Nación se ponen pintura de guerra

Felipe Saleh
Por : Felipe Saleh Periodista El Mostrador
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Los términos dejaron de ser amigables. Dos de los tres directores privados de La Nación S.A., propietarios del 30% de la compañía, rechazaron públicamente la idea de La Moneda de reestructurar el Diario Oficial y bajar el costo de publicar en el periódico. La medida reduciría ostensiblemente las millonarias utilidades que reciben hace 15 años. Según ellos, la ley los ampara y harán pagar caro cualquier intento del gobierno de sacarlos de escena. En la cita de hoy, el directorio estudiaría, entre otros temas, disminuir a la mitad la planilla de profesionales del “diario estatal”.


Hoy puede ser un día decisivo para el futuro de la Empresa Periodística La Nación, que está compuesta por el diario del mismo nombre, la imprenta Gráfica Puerto Madero, la distribuidora Vía Directa y el Diario Oficial.

A las 14 horas está fijada una reunión del Directorio conformado por siete miembros, cuatro de los cuales (el presidente Daniel Platovsky, Hernán Larraín Matte, Cristina Bitar y Gonzalo Müller) representan al Estado, y los tres restantes  (Enrique Alcalde, Luis Thayer y Raimundo Valenzuela) a la sociedad Colliguay, los accionistas privados dueños de acciones preferentes y, a la vez, el principal escollo para que La Moneda ejecute los planes que tendría para la empresa.

Y no es un error hablar en condicional. Porque hasta ahora, lo que se sabe está en el plano de los trascendidos. Según Nancy Arancibia, presidenta del Sindicato No 3 que agrupa a 114 trabajadores del diario, vinculados al área periodística, afirma que “hasta ahora, después de cuatro meses no hemos tenido una reunión formal  con la nueva administración. Salvo el eslogan de que el diario sea ciudadano y pluralista no han dicho lo que quieren hacer”.

Las armas de la ley

Tanto el sindicato como los accionistas privados conocen el  escenario posible que podría tomar cuerpo a partir de la reunión fijada para hoy. Desde comienzos de junio se sabe que el gobierno quiere a toda costa separar el Diario Oficial de la empresa. El negocio a partir del mandato legal, que obliga publicar la constitución de toda sociedad, y las leyes promulgadas, es la principal fuente de ingresos de la Empresa Periodística La Nación cuyas utilidades en 2009 alcanzaron los 2.400 millones de pesos, pese a los 3.000 millones de pérdidas que produjo el diario La Nación.

[cita]“Ninguna decisión importante la pueden tomar sin la aprobación de nosotros”, advierte Raimundo Valenzuela, uno de socios privados de La Nación.[/cita]

En La Moneda existiría acuerdo de transformar el Diario Oficial en una plataforma digital, que permita reducir ostensiblemente los costos de publicación y así favorecer la creación rápida de nuevas empresas. Según publicó CIPER el 4 de junio, este diseño ya estaría encargado por el Ejecutivo. La estrategia se habría adoptado después de recibir un informe en Derecho escrito por Carlos Zepeda, del estudio Espina, Zepeda & Acosta (uno de los socios es el senador de RN Alberto Espina).

En esta eventualidad los principales afectados son los accionistas privados, agrupados en Colliguay S.A., que desde ahora están con pintura de guerra, ante la posibilidad de perder la “mina de oro” que representa para ellos la empresa periodística.

Desde que en 1992 Colliguay compró en menos de 20 millones de pesos el 29 por ciento de las poderosas «acciones preferentes» de La Nación S.A., en un sistema parecido al del Caso Chispas, sus socios han recibido anualmente millonarios dividendos, gracias a su posición dominante.

Negocio redondo

Para que se haga una idea, de acuerdo a registros públicos sólo en 2004, La Nación S.A. generó alrededor de 2.000 millones de pesos en utilidades. Cuatro veces lo que produjo, en el mismo período, TVN. De aquella cantidad, los accionistas retiraron el 50 por ciento. Es decir, mil millones que se repartieron, en proporción de 70 a 30, entre el Fisco y Colliguay. En 2007 y 2009, La Nación S.A. obtuvo ganancias por sobre los 2.000 millones de pesos anuales. De los cuales los socios de Colliguay también retiraron su parte. Además, como forman parte del directorio de la empresa reciben una dieta mensual de casi un millón de pesos, por asistir a por lo menos dos sesiones del directorio. Un negocio redondo que los socios de Colliguay no quieren perder.

[cita]Desde que en 1992 los privados compraron en menos de 20 millones de pesos el 29% de las «acciones preferentes», han recibido millonarios dividendos.[/cita]

“Ninguna decisión importante la pueden tomar sin la aprobación de nosotros”, advierte Raimundo Valenzuela (PS), miembro del directorio de La Nación y uno de los tres socios de Colliguay junto a Luis Eduardo Thayer (DC) y Enrique Alcalde (UDI).

Valenzuela sabe que tiene “la sartén por el mango” pues Colliguay tiene las acciones “preferentes” que le otorgan el control de la empresa. Esto implica que el Estado no puede tomar ninguna decisión sobre La Nación S.A. sin consultar con los socios privados. Ni siquiera el nombramiento del director del diario. Antes de vender sus acciones, el Fisco tendría que ofrecérselas a Colliguay.

Eso sería hasta ahora. Porque el informe en Derecho de Carlos Zepeda, en manos del gobierno, demostraría que el estatus de “accionistas preferentes” se acabó en 1985, mucho antes de que se formara Colliguay. Según el documento después debió establecerse un reglamento bajo el cual operara esta curiosa figura, lo cual no se hizo. “Nunca he visto ese informe, y que yo sepa nadie lo ha visto, así que no puedo hablar sobre supuestos” responde Valenzuela a horas de la reunión de directorio fijada para hoy.

Socios niegan quiebre

El lunes 5 de julio, La Segunda publicó una carta firmada por Raimundo Valenzuela y Luis Eduardo Thayer, donde defienden el diseño actual del Diario Oficial, la vigencia de sus acciones preferentes hasta 2042, y exponen el perjuicio que significaría separar ambas unidades de negocio.

Lo curioso es que entre los firmantes falta Enrique Alcalde (UDI) quién según aseguran los que han seguido esta trama, ya no apoyaría a los otros dos socios, vinculados a partidos de la Concertación. Valenzuela y Thayer lo desmienten. “Enrique no firmó porque estaba almorzando en otro lado y no alcanzó a estar cuando la mandamos, si no somos Hugo, Paco y Luis. Pero está absolutamente de acuerdo”, dice Thayer.

El abogado cercano a la DC asegura que nadie le ha ofrecido una cantidad por su parte pero reconoce que está abierto a desligarse de la empresa por “una suma justa”. “Yo ya dije cuando me preguntaron que estaría dispuesto a vender pero no es llegar y hacerlo, primero hay que tasar la sociedad”, agrega.

Thayer se encuentra en Concepción y no asistirá a la reunión del Directorio hoy. “No creo que se tome ninguna decisión importante. Pero si algo así ocurriera, podemos hablar a través de una conferencia telefónica”.

Los proyectos de ambas partes

Una de esas decisiones importantes, según ha trascendido, puede ser la reducción de la planilla de personal en un 50% y ofrecer retiros programados. Ante esta posibilidad, Nancy Arancibia, presidenta del Sindicato 3, es tajante: “No vamos a aceptar que haya despidos. Si la empresa lo hace invocando la reestructuración tiene que demostrarlo como exige la ley, porque hasta el momento siguen teniendo los mismos ingresos e incluso más”.

Pese a que históricamente los privados manifestaron en varias oportunidades su interés por cerrar el diario y quedarse sólo con los millonarios ingresos del Diario Oficial, hoy Thayer y Valenzuela están en la misma línea del Sindicato en torno a propiciar un proyecto para convertir La Nación en un diario público, con un estatuto similar al de TVN. “No vamos a permitir que el gobierno cierre el diario de manera subrepticia separándolo del Diario Oficial. Mientras no haya un proyecto, no sabemos si hay que despedir gente o tal vez contratar. Se puede hacer un directorio plural con un representante del Colegio de Periodistas, otro de la Federación de Medios, etc.”, dice Valenzuela.

Hasta el momento, los periodistas siguen trabajando como lo han hecho hasta ahora, en un periódico que arroja pérdidas, pese a los mil millones de ingresos anuales de su plataforma de avisos estatales y legales, que quedarían en manos de la competencia si se concreta el cierre.

A juicio de Nancy Arancibia hay algo que no ha cambiado: “En este diario jamás ha habido un proyecto editorial de largo plazo, solamente apuestas de corto plazo abortadas por presiones políticas. Esta puede ser la oportunidad de hacerlo por primera vez”.

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