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Posturas variopintas sobre el tema

Indulto Bicentenario o el otro dolor de cabeza para el Gobierno

por 11 julio 2010

Indulto Bicentenario o el otro dolor de cabeza para el Gobierno
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se reunirá el próximo martes para zanjar el contenido final de la propuesta, la cual no distingue el otorgamiento de beneficios a reclusos civiles o militares vinculados a causas de Derechos Humanos, pero su contenido sólo se conocerá el viernes de la misma semana. Sin embargo, el Ejecutivo ve como lejana la posibilidad de entregar tales gracias a condenados por delitos graves como hechos sangre o de alta connotación social.

El tema del Indulto Bicentenario se ha transformado en un dolor de cabeza para el Gobierno en el último tiempo, debido principalmente a la ola de declaraciones variopintas que ha tenido tanto en la oposición como en el oficialismo.

Además, lo que más complica al Mandatario es la posición que pueda adoptar en el tema, porque la seguridad ciudadana es un pilar de su Gobierno y fue la principal carta de presentación durante su campaña presidencial.

El sábado tuvo la oportunidad de referirse al tema el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien dijo que “siempre lo que contribuye a la clemencia y tiene un carácter de humanidad respecto de personas que pueden estar privadas de libertad con avanzada edad y estando muy enfermas, creo que una propuesta en ese carácter siempre tiene sentido positivo”.

Sin embargo, dejó en claro que como institución castrense no le corresponde tener un pronunciamiento sobre el tema en cuestión. De esta forma, los organismos militares reforzaron la idea de que es una facultad privativa del Presidente de la República.

A pesar de esta posición, La Tercera cita a fuentes del Gobierno que afirman que las ramas militares esperaban un gesto de “clemencia” para los uniformados enfermos y ancianos.

El criterio expuesto por el Ejecutivo, en torno a no beneficiar a personas involucradas en hechos de sangre o alta connotación pública, dejaría afuera a ex uniformados porque en su gran mayoría están sentenciados por homicidios y secuestros.

Ahora bien, si el Gobierno decide extender el indulto general a un ex militar vinculado a hechos de sangre, la misma medida podría extenderse a civiles presos por crímenes de la misma tipificación.

El rechazo de organismos de DD.HH. y de políticos

El Indulto Bicentenario fue analizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y su presidenta, Alicia Lira, dijo estar de acuerdo en entregar el beneficio a condenados por delitos comunes, cuando son enfermos terminales, pero descartó de plano favorecer a violadores de derechos humanos.

Actualmente, en Chile 64 de los 156 condenados por violaciones de los Derechos Humanos están privados de libertad en Punto Peuco o en el penal Cordillera, cuestionando que el resto por la famosa pena remitida sólo están privados de libertad, pero gozan de beneficios, de todas las garantías del mundo(...)la discriminación es abismante comparada con la población penal común.

Similar postura tienen los diputados del PPD, Jorge Tarud y Tucapel Jiménez, quienes están dispuestos a estudiar la propuesta de la Iglesia, pero rechazan de plano cualquier petición para beneficiar a violadores de DD.HH.

Los legisladores opositores estiman que Sebastián Piñera evaluará profundamente esta situación e indicaron que la Alianza criticó fuertemente el indulto otorgado por el ex mandatario Eduardo Frei a Ángel Vargas Parga.

La senadora de RN, Lily Pérez, también se mostró contraria al indulto, explicando que esto no sería una decisión adecuada del Gobierno, porque no es lo que la gente espera del Ejecutivo.

"Creo que en un estado desarrollado y moderno como el de nuestro país donde existe un poder judicial autónomo. Lo que nosotros tenemos que velar realmente es por la seguridad de la gente y aplicar una ley de indultos en estos momentos para el Bicentenario va en la línea absolutamente opuesta a lo que la gente espera del nuevo Gobierno", comentó Pérez hace algunos días atrás.

A su vez, el diputado de RN Cristián Monckeberg llamaba a debatir con alturas de miras el proyecto, agregando que no hay razones para distinguir entre delitos cometidos tanto por militares como civiles.

“No por un motivo de celebración, de Bicentenario vamos a dejar que la gente salga libre, pero si hay razones humanitarias, de enfermedad grave o de incapacidad, claramente se pueden atender y tenemos que llegar a un gran acuerdo en el Congreso", indicó.

"No hay tampoco razones para distinguir entre delitos cometidos por militares o cometidos por civiles. Creo que un indulto en el Congreso tiene que ser analizado con la mayor altura de miras", sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, dijo que el otorgamiento de indultos para celebrar el bicentenario se hará sin los errores cometidos durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien indultó al narcotraficante Ángel Vargas Parga.

Pérez señaló que si el Ejecutivo acoge la propuesta de la Iglesia, este se apegará al principio de misericordia, pero aclaró que ante un indulto se debe considerar el estado de salud de los condenados y el delito que cometieron.

"Quienes hayan cometido delitos graves contra la sociedad no pueden ser premiados, ese es un principio que defendimos en  la campaña y vamos a pedir al Gobierno que mantenga esa  línea", concluyó el gremialista.

El rechazo ciudadano

A pesar de los dimes y diretes, declaraciones a favor y en contra, la ciudadanía está mirando con otros ojos la propuesta de la Iglesia y ya hace sentir su posición, la del rechazo.

De esta forma, una encuesta hecha por La Tercera el domingo pasado da cuenta que el 64% de los chilenos se muestra contraria a un indulto a presos sin distinción de delitos ni condiciones entre civiles y uniformados.

Un 69 por ciento opinó que este beneficio "no representa un gesto de unidad" aunque 63 por ciento consideró que las razones humanitarias son independientes de si una persona es civil o militar.

De aprobarse el indulto, un 51 por ciento estimó que debiera incluir a uniformados de delitos a violaciones a derechos humanos, contra un 49 por ciento que se manifestó contrario.

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