Los parlamentarios Osvaldo Andrade, Marcelo Díaz, Ricardo Lagos Weber y Ximena Rincón criticaron duramente al gobierno a raíz de la arremetida fiscalizadora del período presidencial de Michelle Bachelet dada a conocer por El Mostrador este lunes. En el artículo se detallaba una reunión entre asesores del Presidente Piñera y el diputado UDI Gustavo Hasbún, en la cual el parlamentario habría recibido una carpeta con información sobre los posibles flancos de la administración bacheletista. Desde La Moneda ayer negaron que exista una campaña para desacreditar la figura de la ex Mandataria.
Entre los más altos personeros de la Concertación existe la convicción de que el gobierno está enfocado en “destruir la imagen” de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Por eso no sorprendió a la oposición saber que días antes de profundizar su ofensiva en el caso de las asignaciones a las ONG, el diputado de la UDI Gustavo Hasbún se había reunido con importantes figuras del Segundo Piso de Sebastián Piñera.
Aún cuando en el gobierno ayer negaron de plano que la cita con Hasbún haya sido para promover la fiscalización de la ex Mandataria y su administración, o que en la reunión estuviera presente la jefa de asesores presidenciales María Luisa Brahm, en la oposición no le ven otro sentido a la investigación de las asignaciones a las ONG, pues éstas –según subrayan- las entregan los Presidentes.
El diputado PS Marcelo Díaz precisa que el propio Hasbún dejó claro en la Cámara de Diputados que el objetivo de la comisión investigadora de las ONG, aprobada el pasado 6 de julio pasado por la cámara baja, es político. “Con esa declaración, Hasbún admite que no existen pruebas de delito”, precisa Díaz.
[cita]Todo indica que el gobierno está en la postura de “utilizar todos los medios para desacreditar al adversario”, dice el diputado y ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade.[/cita]
El parlamentario socialista alude a una entrevista en la que participó, junto a Gustavo Hasbún, el mismo martes 6. Invitados ambos al programa “Mano a Mano” de Alejandro Guillier, en el canal 24H, el diputado gremialista afirmó que la investigación a las asignaciones de las ONG “tiene más que ver con un tema ético (…). No es que sea constitutivo de delito todo lo que sucedió, no. Aquí estamos descartando el tema de que existió delito, no, estamos claros que no…”. A juicio del legislador socialista, dicha declaración no hace más que confirmar el trasfondo político tras la fiscalización al período presidencial de Bachelet.
Según Díaz, lo sucedido demuestra “la escasa densidad de cultura republicana de la derecha”, porque sería la primera vez que “el staff de gobierno orienta hacia la intención de perseguir”. En la misma línea, la lectura de Díaz es que “esta persistente postura de la derecha tiene que ver con el 2014, destruir a Bachelet porque pretenden seguir en el gobierno”. Mencionando la misma entrevista, recuerda que Hasbún manifestó también que dado que no existiría delito, para su sector “es importante poder determinar cuál fue el criterio” utilizado para otorgar la asignaciones. “Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el criterio, pero si no hay delito no hay irregularidad”, agrega Díaz.
Similar postura expresa su compañero de bancada Osvaldo Andrade. Según él, todo indica que el gobierno está en la postura de “utilizar todos los medios para desacreditar al adversario”.
[cita]En el gobierno negaron que la cita con Hasbún haya sido para promover la fiscalización de la ex Mandataria o que en la reunión estuviera presente la jefa de asesores presidenciales María Luisa Brahm.[/cita]
“Inevitablemente las encuestas muestran que Michelle Bachelet es un referente de respaldo ciudadano más fuerte que el propio Presidente Piñera. Por lo que esto es parte de una maquinación orquestada para horadar el prestigio de la (ex) Presidenta”, dice Andrade. Además, agrega, que el jefe de Estado y su gobierno “siempre van a encontrar gente dispuesta a hacer el trabajo sucio”.
En La Moneda insisten en que el diputado Hasbún, que se ha convertido en el rostro de la fiscalización en su sector, nunca fue mandatado para ello. Y que, por el contrario, si el gobierno contara con antecedentes que fueran objeto de investigación, tendría que entregarlos a los organismos correspondientes, como establece la ley, en vez de hacerlos llegar a un parlamentario. Por lo mismo, especulan que el legislador en cuestión sólo busca “notoriedad” pública.
Por su parte, el ex vocero de Bachelet y uno de sus principales escuderos, Ricardo Lagos Weber, señala que “a partir de lo leído en El Mostrador y la semana antepasada en El Mercurio y La Tercera queda claro que hay una decisión del gobierno de ir a por la Presidenta”. El senador PPD dice que si las cosas no fueran como se han expuesto, la vocera Ena Von Baer o el propio Presidente Piñera lo hubieran desmentido, por lo que deduce que “está el beneplácito del gobierno para que ello ocurra” y lamenta que el Ejecutivo se preste para perseguir a una ex Mandataria “en vez de preocuparse de las 3 mil mediaguas que se entregaron a gente que no las necesitaba. Pareciera que el Presidente Piñera no logra entender que para brillar, en el presente o en el futuro, no hay que opacar estrellas que siguen brillando”. Mientras que la senadora DC Ximena Rincón lamentó lo sucedido, señalando que “más temprano que tarde, la gente se va a dar cuenta del mal proceder del gobierno”.
